Piden que coimas bonaerenses pase a fiscalía especial
El fiscal platense Marcelo Romero solicitó que la investigación por presuntos sobornos en la Legislatura pase a la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas debido a que el hecho involucra a funcionarios públicos.
El fiscal platense Marcelo Romero, quien interviene en la causa por los presuntos sobornos a diputados bonaerenses durante la sesión en la que se trató la reforma fiscal, solicitó que la investigación pase a la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas (UFIC) debido de que los hechos que se analizan involucran a funcionarios públicos.
Fuentes judiciales informaron que Romero firmó un escrito que dirigirá hoy al fiscal general Héctor Vogliolo, en el que solicita que, por el tenor del hecho investigado y la posible participación de miembros de un poder del Estado ,en este caso legisladores, se dé intervención a la UFIC que integran los fiscales Esteban Lombardo y Jorge Paolini.
La UFIC es la que participa en todas aquellas causas que involucran a poderes del Estado y funcionarios. Romero interviene de oficio a partir de la difusión deversiones sobre el posible pago de coimas a legisladores para quevotaran la reforma fiscal impulsada por el gobierno de la Provincia que, entre otros aspectos, incluye un aumento al Inmobiliario Rural que paga el sector agropecuario.
La decisión que tomó el fiscal se fundamentó además en que existe otropedido de investigación presentado por el diputado nacional de la UCR Miguel Bazze, que ya está en la UFIC.
El viernes pasado, al otro día de que se aprobara la reformaimpositiva, un matutino porteño publicó una foto de la pantalladel teléfono celular del diputado de La Cámpora y vicepresidentede la Cámara baja, José Ottavis, en el que se leía "150 mil(pesos) por cabeza ofresen (sic) a los diputados de la ´opo´ según palabras de Valeria Arata. Se está corriendo eso".
"Bueno chicos, no contemos más cosas y cuidado", fue la respuesta de Ottavis a Giaccone. Arata es un diputada del radicalismo (su bloque votó en contra de la reforma), quien por su parte negó tajantemente haber hechocomentarios de esa naturaleza.
La difusión de ese cruce de mensajes telefónicos dio lugar a la intervención de Romero. En su presentación a Vogliolo, el fiscal Romero pidió que los legisladores colaboren en la investigación.
"Como representante de la comunidad en los procesos penales, es mi deber exhortar a quienes detentan investiduras erigidas por elección de la ciudadanía, a que presten la más absoluta colaboración ante la complejidad del ilícito en tratamiento", indicó.
Además, Romero sostuvo que "es el Estado quien tiene el deber primordial de velar y asegurar la vigencia del Estado de derecho formal y material, ello, sin que nadie tenga la potestad de sentirse ofendido o herido en su susceptibilidad ni, mucho menos,considerar tal situación como una afrenta".
"La realización de la Justicia es atribución de los integrantes de la administración de justicia y de los miembros de la Procuración, más resulta responsabilidad de todos y todas, especialmente de los integrantes de los poderes públicos, coadyuvar a que tal valor supremo se concrete día a día", sentenció.
Fuentes judiciales informaron que Romero firmó un escrito que dirigirá hoy al fiscal general Héctor Vogliolo, en el que solicita que, por el tenor del hecho investigado y la posible participación de miembros de un poder del Estado ,en este caso legisladores, se dé intervención a la UFIC que integran los fiscales Esteban Lombardo y Jorge Paolini.
La UFIC es la que participa en todas aquellas causas que involucran a poderes del Estado y funcionarios. Romero interviene de oficio a partir de la difusión deversiones sobre el posible pago de coimas a legisladores para quevotaran la reforma fiscal impulsada por el gobierno de la Provincia que, entre otros aspectos, incluye un aumento al Inmobiliario Rural que paga el sector agropecuario.
La decisión que tomó el fiscal se fundamentó además en que existe otropedido de investigación presentado por el diputado nacional de la UCR Miguel Bazze, que ya está en la UFIC.
El viernes pasado, al otro día de que se aprobara la reformaimpositiva, un matutino porteño publicó una foto de la pantalladel teléfono celular del diputado de La Cámpora y vicepresidentede la Cámara baja, José Ottavis, en el que se leía "150 mil(pesos) por cabeza ofresen (sic) a los diputados de la ´opo´ según palabras de Valeria Arata. Se está corriendo eso".
"Bueno chicos, no contemos más cosas y cuidado", fue la respuesta de Ottavis a Giaccone. Arata es un diputada del radicalismo (su bloque votó en contra de la reforma), quien por su parte negó tajantemente haber hechocomentarios de esa naturaleza.
La difusión de ese cruce de mensajes telefónicos dio lugar a la intervención de Romero. En su presentación a Vogliolo, el fiscal Romero pidió que los legisladores colaboren en la investigación.
"Como representante de la comunidad en los procesos penales, es mi deber exhortar a quienes detentan investiduras erigidas por elección de la ciudadanía, a que presten la más absoluta colaboración ante la complejidad del ilícito en tratamiento", indicó.
Además, Romero sostuvo que "es el Estado quien tiene el deber primordial de velar y asegurar la vigencia del Estado de derecho formal y material, ello, sin que nadie tenga la potestad de sentirse ofendido o herido en su susceptibilidad ni, mucho menos,considerar tal situación como una afrenta".
"La realización de la Justicia es atribución de los integrantes de la administración de justicia y de los miembros de la Procuración, más resulta responsabilidad de todos y todas, especialmente de los integrantes de los poderes públicos, coadyuvar a que tal valor supremo se concrete día a día", sentenció.