Piden interrogar a personal de TBA
El fiscal presentó un escrito de cuatro carillas ante el juez federal Claudio Bonadío, en el que a su vez le pidió que se escoja "al azar" a maquinistas, mecánicos y otros empleados para explicar cómo funciona el servicio.
El fiscal federal Federico Delgado pidió que se interrogue a personal de Trenes de Buenos Aires (TBA), empresa que explota el ramal Sarmiento, para que explique "las condiciones en que se despliega el servicio", luego del trágico accidente ocurrido en la estación de Once, y sugirió también conocer el destino de los subsidios que recibe la empresa.
Así lo hizo el fiscal al presentar un escrito de cuatro carillas ante el juez federal Claudio Bonadío, en el que a su vez le pidió que se escoja "al azar a maquinistas, mecánicos y otros empleados que van a explicar de propia mano" cómo funciona el servicio.
"Dado que algunos trabajadores podrían verse apremiados moralmente por el temor que generalmente suscita la condición de empleados frente al empleador, el juzgado podría interrogar a los dirigentes gremiales que cuentan con inmunidad al respecto", sostuvo Delgado.
El fiscal remarcó que "es público y notorio el estado del servicio de ferrocarril", y dijo que "las condiciones en que se despliega el servicio" es "la fuente potencial de este tipo de hechos", en referencia a la tragedia que se cobró la vida de 50 personas.
Una de las medidas principales que sugirió el fiscal al juez, fue ver el monto y el destino de los subsidios que recibe TBA por parte del Estado Nacional.
"La fiscalía sugiere al tribunal que obtenga la documentación pertinente a efectos de determinar con la ayuda de peritos contadores, el dinero ingresado a la concesionaria del servicio en concepto de subsidios para el servicio y la aplicación real de ese dinero", sostuvo en el escrito al que accedió Noticias Argentinas.
En ese sentido, Delgado recordó que informes de "la Auditoría General de la Nación resaltan la existencia de significativas irregularidades que deberían haber sido subsanadas por el concesionario con las sumas de dinero percibidas de parte del Estado, entre los años 2007/11, y la pasividad de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte".
"Para complementar esos estudios, el señor juez instructor podría requerir los servicios de la Asociación de Personal de Organismos de Control para obtener otra opinión sobre la materia", añadió.
Si bien Delgado estimó que "no es momento de hablar de calificaciones legales porque lo impide el estado incipiente de la causa", sí adelantó que "es imprescindible tener presente la figura del estrago".
En ese sentido, comparó lo investigado por la tragedia del 30 de diciembre de 2004 en "República de Cromañón", el boliche ubicado a sólo unos metros de la estación de Once, "sobre todo, porque allí lo que nosotros hemos llamados ´condiciones´ jugaron un rol decisivo a la hora de atribuir comportamientos delictivos a los imputados".
Por último, Delgado basó su pedido en averiguar las condiciones del funcionamiento en una causa que él pidió la elevación a juicio y que tenía como imputados a los responsables de la empresa "Trenes Metropolitanos General Roca SA" Juan Carlos Loustau Bidaut y Sergio Taselli, por el funcionamiento y mala administración de los intereses del Estado.
"Si bien es verdad que, desde nuestra perspectiva, es de dudosa eficacia trasladar criterios generales a hechos diferentes, ya que cada uno tiene sus matices propios, en este caso en particular es evidente que hay, en principio, algunos puntos de contacto entre aquellos eventos y los ocurridos el 22 de febrero en la estación Once del Ferrocarril Sarmiento", concluyó el fiscal.
Así lo hizo el fiscal al presentar un escrito de cuatro carillas ante el juez federal Claudio Bonadío, en el que a su vez le pidió que se escoja "al azar a maquinistas, mecánicos y otros empleados que van a explicar de propia mano" cómo funciona el servicio.
"Dado que algunos trabajadores podrían verse apremiados moralmente por el temor que generalmente suscita la condición de empleados frente al empleador, el juzgado podría interrogar a los dirigentes gremiales que cuentan con inmunidad al respecto", sostuvo Delgado.
El fiscal remarcó que "es público y notorio el estado del servicio de ferrocarril", y dijo que "las condiciones en que se despliega el servicio" es "la fuente potencial de este tipo de hechos", en referencia a la tragedia que se cobró la vida de 50 personas.
Una de las medidas principales que sugirió el fiscal al juez, fue ver el monto y el destino de los subsidios que recibe TBA por parte del Estado Nacional.
"La fiscalía sugiere al tribunal que obtenga la documentación pertinente a efectos de determinar con la ayuda de peritos contadores, el dinero ingresado a la concesionaria del servicio en concepto de subsidios para el servicio y la aplicación real de ese dinero", sostuvo en el escrito al que accedió Noticias Argentinas.
En ese sentido, Delgado recordó que informes de "la Auditoría General de la Nación resaltan la existencia de significativas irregularidades que deberían haber sido subsanadas por el concesionario con las sumas de dinero percibidas de parte del Estado, entre los años 2007/11, y la pasividad de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte".
"Para complementar esos estudios, el señor juez instructor podría requerir los servicios de la Asociación de Personal de Organismos de Control para obtener otra opinión sobre la materia", añadió.
Si bien Delgado estimó que "no es momento de hablar de calificaciones legales porque lo impide el estado incipiente de la causa", sí adelantó que "es imprescindible tener presente la figura del estrago".
En ese sentido, comparó lo investigado por la tragedia del 30 de diciembre de 2004 en "República de Cromañón", el boliche ubicado a sólo unos metros de la estación de Once, "sobre todo, porque allí lo que nosotros hemos llamados ´condiciones´ jugaron un rol decisivo a la hora de atribuir comportamientos delictivos a los imputados".
Por último, Delgado basó su pedido en averiguar las condiciones del funcionamiento en una causa que él pidió la elevación a juicio y que tenía como imputados a los responsables de la empresa "Trenes Metropolitanos General Roca SA" Juan Carlos Loustau Bidaut y Sergio Taselli, por el funcionamiento y mala administración de los intereses del Estado.
"Si bien es verdad que, desde nuestra perspectiva, es de dudosa eficacia trasladar criterios generales a hechos diferentes, ya que cada uno tiene sus matices propios, en este caso en particular es evidente que hay, en principio, algunos puntos de contacto entre aquellos eventos y los ocurridos el 22 de febrero en la estación Once del Ferrocarril Sarmiento", concluyó el fiscal.