Piden detener por un crimen al director de una cárcel
Se trata del titular de la Unidad Penitenciaria N° 45 de Melchor Romero, Mario Alberto Vargas, a quien el fiscal imputó por el delito de "abandono de persona seguido de muerte".
El fiscal del crimen de La Plata Alvaro Garganta solicitó la detención del director de la Unidad Penitenciaria N° 45 de Melchor Romero por su presunta responsabilidad en el homicidio de un preso, asesinado a puñaladas por otros internos apenas diez minutos después de ser alojado en ese penal.
Según informaron fuentes judiciales, el pedido de detención recayó sobre el funcionario Mario Alberto Vargas, a quien el fiscal imputó por el delito de "abandono de persona seguido de muerte".
En el mismo escrito, Garganta solicitó la detención por "homicidio" de los presidiarios Carlucci Bravo Brian, Torres Pedroso Ramón, y Caroni Piedrabuena Leonardo, sindicados como coautores del hecho, según informó hoy el diario El Día de La Plata.
La defensa del director penitenciario presentó un pedido de eximición de prisión ante el juez de Garantías Juan Pablo Massi, quien ahora deberá resolver.
El 31 de marzo pasado, la víctima, identificada como José Burela Sombra, había sido trasladada junto a otros dos internos desde la Unidad Nº 48 de San Martín hasta la cárcel de Romero, después de haber estado involucrados en la muerte de otro preso identificado como Juan Romano Verón.
Pero pocos minutos después de ingresar al penal de Romero, Burela fue asesinado a puñaladas en un pabellón.
En sus fundamentos, el fiscal enumeró una serie de irregularidades en las que habría incurrido el director de la cárcel, como haber autorizado el ingreso de Burela "a pesar de no contar con una parte de su legajo (situación no permitida por la reglamentación) y sin realizar un estudio de admisibilidad del detenido".
Esos estudios son fundamentales para decidir en qué pabellón alojar a los internos, previniendo de ese modo posibles confrontaciones con otros reclusos.
Sin embargo, continúa el escrito, en tales circunstancias "lo puso en una celda cerrada del pabellón N° 5, munido de un arma blanca, con internos de alta peligrosidad, quiénes también se encontraban armados, y uno de ellos con problemas previos" con Burela.
Además, se habría elaborado, de forma irregular, un acta en la cual Burela manifestaba no tener inconvenientes en ser destinado al pabellón 5, y, a su vez, los presidiarios mostraban conformidad en recibirlo.
Lejos de esa aprobación, todo parecería indicar que Burela ya había sido compañero de celda de uno de esos internos y Garganta citó el testimonio de un recluso que aseguró que "se la tenían 'jurada' uno al otro".
Se investiga además si también fue adulterado el Libro de Control de Vigilancia y Tratamiento de la Unidad, "adelantando la hora de ingreso del interno Burela a los pabellones, para atribuir la muerte a una circunstancia sobreviniente".
Garganta sostuvo que Vargas conocía que "Burela iba a ir al pabellón 5, sin pasar por admisibilidad. (...) Además, dicha acta importa una renuncia tácita a las obligaciones propias, a través de un supuesto consenso entre internos".
El fiscal consideró además que, estando el director en conocimiento de que los presos habían sido trasladados por estar involucrados en la muerte un recluso, "las propias reglas de su profesión indicaban, que la única manera de evitar los riesgos que ello generaba (...), era preservarlo de la población conflictiva".
Y agregó que ese día el área de Sanidad del complejo, no contaba con personal médico propio.
Según informaron fuentes judiciales, el pedido de detención recayó sobre el funcionario Mario Alberto Vargas, a quien el fiscal imputó por el delito de "abandono de persona seguido de muerte".
En el mismo escrito, Garganta solicitó la detención por "homicidio" de los presidiarios Carlucci Bravo Brian, Torres Pedroso Ramón, y Caroni Piedrabuena Leonardo, sindicados como coautores del hecho, según informó hoy el diario El Día de La Plata.
La defensa del director penitenciario presentó un pedido de eximición de prisión ante el juez de Garantías Juan Pablo Massi, quien ahora deberá resolver.
El 31 de marzo pasado, la víctima, identificada como José Burela Sombra, había sido trasladada junto a otros dos internos desde la Unidad Nº 48 de San Martín hasta la cárcel de Romero, después de haber estado involucrados en la muerte de otro preso identificado como Juan Romano Verón.
Pero pocos minutos después de ingresar al penal de Romero, Burela fue asesinado a puñaladas en un pabellón.
En sus fundamentos, el fiscal enumeró una serie de irregularidades en las que habría incurrido el director de la cárcel, como haber autorizado el ingreso de Burela "a pesar de no contar con una parte de su legajo (situación no permitida por la reglamentación) y sin realizar un estudio de admisibilidad del detenido".
Esos estudios son fundamentales para decidir en qué pabellón alojar a los internos, previniendo de ese modo posibles confrontaciones con otros reclusos.
Sin embargo, continúa el escrito, en tales circunstancias "lo puso en una celda cerrada del pabellón N° 5, munido de un arma blanca, con internos de alta peligrosidad, quiénes también se encontraban armados, y uno de ellos con problemas previos" con Burela.
Además, se habría elaborado, de forma irregular, un acta en la cual Burela manifestaba no tener inconvenientes en ser destinado al pabellón 5, y, a su vez, los presidiarios mostraban conformidad en recibirlo.
Lejos de esa aprobación, todo parecería indicar que Burela ya había sido compañero de celda de uno de esos internos y Garganta citó el testimonio de un recluso que aseguró que "se la tenían 'jurada' uno al otro".
Se investiga además si también fue adulterado el Libro de Control de Vigilancia y Tratamiento de la Unidad, "adelantando la hora de ingreso del interno Burela a los pabellones, para atribuir la muerte a una circunstancia sobreviniente".
Garganta sostuvo que Vargas conocía que "Burela iba a ir al pabellón 5, sin pasar por admisibilidad. (...) Además, dicha acta importa una renuncia tácita a las obligaciones propias, a través de un supuesto consenso entre internos".
El fiscal consideró además que, estando el director en conocimiento de que los presos habían sido trasladados por estar involucrados en la muerte un recluso, "las propias reglas de su profesión indicaban, que la única manera de evitar los riesgos que ello generaba (...), era preservarlo de la población conflictiva".
Y agregó que ese día el área de Sanidad del complejo, no contaba con personal médico propio.