Personal contratado en la administración pública

Al título de esta nota, podríamos agregarle como subtítulo: "Algunos casos de corrupción visible". Concebimos esos actos como las prácticas políticas generalizadas que atentan contra las leyes del orden democrático.

Una irregularidad ostensible que señalamos es la vinculada con las cajas de jubilaciones de los distintos organismos y profesiones. Éstas deberían estar administradas por los aportantes, sus beneficiarios y un veedor del Estado.

El primero que echó mano a los fondos acumulados por esas cajas fue el Gobierno peronista de 1952 y, con escasas excepciones, a partir de esa fecha todos los gobiernos de facto o de derecho recurrieron a ellas para cubrir el déficit fiscal. Se generó así una paradoja: los legítimos dueños de los fondos se encuentran con las cajas agotadas; entonces, aparece el Estado como salvador, proporcionándoles los fondos para sostenerlas. Como consecuencia, se intervienen las cajas y los gestores de turno designan al directorio como parte del botín político de los ganadores, y así sucesivamente hasta nuestros días, con las cajas saqueadas.

No menos significativa y dolosa es la distribución de fondos para la publicidad de los actos de gobierno, que alcanza a todas las gestiones sin excepción. Confunden publicidad de los actos con propaganda y, con absoluta impunidad, controlan parte de los medios de comunicación. Con el dinero del pueblo, mienten y anestesian al electorado para perpetuarse en el poder.

Personal contratado. Nos parece adecuado examinar la cuestión del personal contratado desde dos planos: el jurídico y el político. En un párrafo de la Constitución Nacional, en su artículo 16 leemos: "Todos los habitantes son iguales ante la ley, y admitidos en sus empleos sin otra condición que la idoneidad". Ello implica que las leyes que reglamenten su ejercicio no pueden extender lo establecido en la Carta Magna ni tampoco distinguir en lo que la ley no distingue. En consecuencia, todos los estatutos deben ajustarse al marco preceptivo citado.

En el plano político, no conocemos la historia de esta violación a la prescripción constitucional; creemos que comienza hace un poco más de 50 años y todos aquellos, sin excepción, que condujeron (y conducen) el Poder Ejecutivo en las tres esferas (nacional, provincial o municipal) practicaron (y practican) esta forma de corrupción visible: contratar personal como la forma natural de ingresar a la administración pública.

Modus operandi. Los dos partidos tradicionales, que cuentan con una estructura interna jerárquica y con la correspondiente asignación de funciones, dividen cuidadosamente la ciudad en secciones o por barrios, para conseguir la mayor cantidad posible de adherentes electorales. El paso siguiente consiste en facultar a los más obsecuentes trabajadores o líderes del sector para que asuman los roles de "caciquismo", más conocidos como los de "puntero político".

No operan en forma gratuita; hay reglas implícitas y algunas dádivas inmediatas para que capten votantes para las próximas elecciones. Los "punteros" necesariamente se apoyan en un grupo de colaboradores que visitan, prometen y seducen a los ciudadanos para que voten a sus candidatos.

Después de esta laboriosa campaña, el partido que triunfa reclama de sus dirigentes que cumplan sus promesas con los militantes que consiguieron más votos en sus seccionales o barrios. Todos los que ganan las elecciones, como botín de guerra y a modo de retribución partidaria, contratan a sus colaboradores en la administración pública. También usan ese recurso para cumplir con los favorecedores que apoyaron la campaña del ganador. Emplean al personal por seis meses o un año y lo van renovando hasta las próximas elecciones.

Allí aparecen los sindicalistas, para exigir que designen a los contratados en planta permanente, con estabilidad y todas las prerrogativas estatuarias. En estos casos, los políticos se burlan de la Constitución y de los estatutos del empleado público y humillan al pueblo que dicen gobernar. Si no los designan en forma efectiva, es porque quieren asegurarse el voto cautivo para el candidato del oficialismo.

Para superar estos recursos corruptos que se utilizan para designar a los empleados públicos y eliminar un grave problema presupuestario y despótico, se sugiere lo siguiente: a) eliminar y prohibir totalmente toda contratación de personal definitivo o transitorio; b) los interesados en ocupar cargos en planta permanente se inscribirán en un padrón, en el que agregarán todos sus antecedentes y capacidades laborales; c) cuando se produzca una vacante, se cubrirá por sorteo entre los que reúnan las condiciones para el cargo; d) la necesidad de creación de nuevos puestos de trabajo deberá ser justificada por técnicos de organización y métodos o de planificación, en su caso.

Nunca escuchamos a los candidatos hacer propuestas concretas relacionadas con las cajas de jubilaciones, ni asegurar que no utilizarán el dinero del pueblo para su propaganda de gestión, que hoy llega a límites escandalosos y, menos aún, prometer que no contratarán un solo empleado durante su gestión.

En resumen, no vivimos en democracia. Estamos atrapados por el acaparamiento de la cosa pública en una sólida alianza entre la oligarquía sindical, la oligarquía política y la oligarquía económica.