Persiste en los hogares pobres el déficit de acceso a servicios

De cada 100 viviendas ubicadas en villas o asentamientos precarios de los grandes centros urbanos del país, 73 no tienen gas natural, 28 no acceden al agua corriente de red, 75 carecen de conexión a la red cloacal y 66 están en calles sin pavimentar. Además, en 25 de cada 100, sus habitantes viven hacinados, es decir, con tres o más personas por habitación. La precaria calidad de vida en esos lugares, sin embargo, no impidió que en los últimos años las familias que allí habitan fueran las más afectadas por la suba del costo de los alquileres: mientras que el valor promedio de los contratos se elevó un 62%, el acceso al uso de una casa en una villa urbana se encareció entre 2007 y 2009 mucho más: un 97,4 por ciento.

Los datos surgen de un relevamiento realizado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina y corresponden a 2009. El estudio concluye que en los seis años previos, pese al fuerte crecimiento económico, las mejoras en cuanto al déficit habitacional fueron leves en líneas generales, aunque diferenciales según el tipo de servicio.

El agua potable, por ejemplo, pudo llegar a más hogares, pero la falta de políticas para la inversión en redes de gas hizo que en ese rubro casi no se registraran avances, con una agravante para la inequidad: el Gobierno sigue con la decisión de subsidiar a las clases medias y altas en el consumo de ese fluido por red, mientras que el precio de las garrafas es mucho más elevado.

En cuanto a los costos de alquiler, los datos muestran que el costo promedio mensual de ocupar una vivienda en una villa pasó de $ 191 a $ 378 entre los años mencionados, lo que representa un alza del 97,4 por ciento. En las zonas con trazado urbano donde habitan familias de clase baja, el precio subió de $ 395 a $ 705 (un 78,5%), y en los barrios de clase media la suba fue del 51,5 por ciento. Así, el efecto inflacionario duplicó su incidencia en las familias con más carencias.

Demanda creciente

Según explicó el economista Dan Adaszko, uno de los autores del informe, ese encarecimiento está vinculado con el hecho de una oferta que sigue siendo escasa frente a la creciente demanda de viviendas para familias de bajos ingresos. Ese desequilibrio, según explicó, se mantiene aun cuando en los últimos años, al menos en el conurbano, se haya incrementado la cantidad de viviendas sociales respecto de épocas anteriores. "Durante tres décadas, el tema de la vivienda social quedó relegado y hubo planes que no llegaron a la población que más lo necesitaba", explicó.

El fuerte déficit de vivienda se conjugó con un escenario de incremento de la población que habita villas y asentamientos, un hecho explicado por el crecimiento vegetativo y por la migración tanto interna como proveniente de países limítrofres. Según estimó, para salvar el déficit habitacional de las familias totalmente imposibilitadas de acceder a un crédito se necesitaría construir 120.000 unidades por año, cifra muy lejana a la de los planes actuales.

La Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) abarca una muestra de 2520 hogares de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el Gran Córdoba, el Gran Salta, el Gran Mendoza, el Gran Rosario, el Gran Resistencia, y las ciudades de Paraná, Neuquén-Plottier y Bahía Blanca.

Según comentó Ernesto Kritz, director de SEL Consultores, a partir de los años 90 se vio un fenómeno de relocalización de inmigrantes hacia la Capital y el conurbano, en gran medida hacia asentamientos. Un estudio realizado por la consultora sobre la base de datos de la encuesta oficial de hogares, permitió determinar también que entre 2003 y 2009 la llegada de inmigrantes de países limítrofes y Perú creció un 24%, aunque al mismo tiempo se observó que la incidencia de esos grupos en la población total es baja: en el caso del área metropolitana, del 1 por ciento.

Lógicamente, el estudio de la UCA detectó un mayor déficit de acceso a servicios básicos entre quienes habitan villas o barrios precarios. Los datos indican que, si bien pudo haberse dado una reducción sensible de la pobreza medida según los ingresos que llegan a los hogares, los factores estructurales que hacen a la calidad de vida se muestran más inelásticos.

Gas y agua

En el caso de la red de gas natural, la cantidad de hogares sin acceso entre los ubicados en villas se redujo del 78,6 al 72,8% entre 2004 y 2009 (el primer año corresponde al inicio de la serie de la EDSA). Pese a esa leve reducción, la brecha sigue siendo amplia: en el promedio de la muestra, son 19 de cada 100 viviendas las que no acceden al servicio, y en las de clase media el indicador se ubica en el 4 por ciento. Según los economistas, el hecho está vinculado fundamentalmente con la falta de planificación e inversiones y deriva en un impacto económico regresivo.

Consultado por LA NACION, el ex secretario de Energía Jorge Lapeña analizó que ese efecto regresivo puede observarse de dos maneras: por un lado, puede considerarse que la política de tarifa deprimida del gas en red favorece a las clases sociales más pudientes, al mismo tiempo que el precio de gas envasado, al que deben recurrir quienes no tienen acceso a la red, es mucho más caro; la otra lectura es que, al no haber prioridad para una política tarifaria, se afecta la inversión y, por lo tanto, la posibilidad de una extensión de la red.

En la posibilidad de contar con agua corriente de red, la mejora fue más significativa. En las villas, la proporción de hogares que no acceden al servicio disminuyó en seis años del 42 al 28 por ciento, y en las viviendas de nivel medio, del 7 al 3 por ciento. No se registró una baja tan significativa en hogares de clase baja ubicados dentro del trazado urbano: el índice pasó del 19 al 16 por ciento.

Un factor subjetivo que experimentó una mejora significativa es el nivel de temor a perder la vivienda. En las villas, la proporción de personas con esa sensación se redujo del 49 al 27% entre 2004 y 2009, aun cuando muchas veces se admite una tenencia irregular del inmueble.