¿Peligra el Carnaval de Entre Ríos? La crisis policial que se avecina

La información que nos proporcionó entonces es que la Justicia (al menos de Entre Ríos, Tucumán, Salta, Córdoba y alguna otra provincia) dispone de pruebas recogidas por organismos de inteligencia que dan cuenta de efectivos policiales que iban dando cuenta a grupos delictivos de zonas liberadas que fue donde se promovieron los saqueos más feroces de diciembre.

Y las pruebas son contundentes. Desde sus propios teléfonos celulares, salían mensajes de jefes policiales dando una hoja de rota de los sitios desprotegidos para que los delincuentes dispusieran a su gusto de las zonas liberadas.

Para mostrar a la población pero también a las propias fuerzas de seguridad que el encarcelamiento por el delito de sedición e instigación a los saqueos no es parte de una venganza, la idea del gobierno (al menos hace una semana atrás), era que todos los mensajes captados de los policías sediciosos tomaran estado público.

Los jueces federales tienen orden de actuar no contra la totalidad de los policías que se acuartelaron pidiendo aumentos de salarios, sino solamente contra aquellos que promovieron los disturbios y vandalismos.

Lo llamativo del asunto es que jefes policiales tuvieran en sus agendas los números de teléfonos de quienes desencadenaron aquella horrenda crisis. O sea, una connivencia manifiesta de policías y jefes saqueadores. Eso demuestra un vínculo estrecho con la delincuencia que generará purgas de efectivos asociados a la criminalidad.

Hasta ahí todo bien, ese tipo de sediciones organizadas no pueden pasarse por alto porque si no se les pone coto a tiempo, se afianza cada vez más la relación de las fuerzas de seguridad (algunos de sus jefes, son pocos, no entran todos en la volteada) y el futuro sería cada vez más incierto.

Pero en las últimas horas dijeron algunos voceros de la gobernación de Entre Ríos que darán marcha atrás con los aumentos salariales obtenidos en esas circunstancias críticas. Sólo Daniel Scioli dijo respetaría los aumentos que se cobrarán tal como fueron pactados.

Y en la mañana de Reyes ya se notaron los efectos de esa decisión. Dijo una fuente a este portal, que si se da marcha atrás y no se respetan los acuerdos, la crisis volverá irremediablemente y tas consecuencias serán nefastas. Suponer a los efectivos policiales en huelga de brazos caídos y a los jefes que saben estarán presos en marzo a más tardar, en plena temporada veraniega, implica un estado engorroso de seguridad en todos los centros turísticos atestados de veraneantes.

Lo que escuchamos decir hace horas es que nadie de la policía entrerriana se hará cargo de la seguridad de los carnavales de esa, y posiblemente de ningún lugar de descanso en aquellos puntos donde no se respete el aumento salarial dispuesto -de buena o mala manera- hace apenas un par de semanas.

Los polis que solo pidieron aumentos y no participaron de la sublevación ni avisaron a los delincuentes cuáles eran las zonas liberadas para los saqueos, se supone que están que arden de bronca.

Y lo que alarma es que habiendo tantos puntos vitales de centros turísticos, no hay fuerzas de gendarmería ni prefectura disponibles para cubrir todos los espacios.

Imaginar ese panorama estival sin seguridad, es ver una pintura anticipada de un caos que aún se está a tiempo de evitar. Pero el gobierno es inflexible en apoyar a Urribarri, Alperovich y el resto de los gobernadores que no respetarán los acuerdos de aumentos salariales aunque hayan sido obtenidos bajo presión.

Uno puede preguntarse con razón porqué la Justicia es tan permeable a darle libertad a delincuentes, violadores y otra clase de criminales (sin contar los que se escapan de las cárceles, la nueva moda de la Argentina de hoy) y a la vez tener mano dura e inflexible sólo con las fuerzas de seguridad y no buscar opciones para evitar un caos de magnitud insospechada.

Es sólo una pregunta, sólo queremos advertir para que la sangre no llegue al río y todos podamos tener un verano sin graves conflictos de seguridad.