Peajes sospechosos

En medio de los anuncios de la quita de subsidios para los servicios, pasó inadvertida en un primer momento la autorización del gobierno nacional para un tan fuerte como excesivo aumento en los peajes en las rutas nacionales y en los accesos a la Capital Federal. Ya se encuentra en vigencia y las subas en las tarifas van, según los casos, del 20 al 53,8 por ciento. Poco antes habían aumentado los peajes de las concesiones viales de la Capital y la provincia de Buenos Aires.

Los principales incrementos se verificaron en favor de los concesionarios de los accesos a la Capital y, entre éstos, el mayor corresponde al de la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas. Pese a ello, las resoluciones del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) y de Vialidad Nacional sólo mencionaron aumentos del 20 por ciento.

Aunque las subas se encontraban demoradas -algunas iban a realizarse en enero último pero se decidió postergarlas hasta después de las elecciones nacionales-, resultan excesivos los incrementos, que además recaen básicamente en los automóviles, pues el sistema de peajes exceptúa a los ómnibus de larga distancia y a los camiones, que son los vehículos que más deterioran el asfalto. A todo esto, y coexistiendo inexplicablemente con las concesiones, muchas de nuestras rutas siguen siendo escenario de accidentes y muertes por el pésimo estado en que se encuentran.

Es que el sistema de peajes ha estado rodeado de sospechas. Por ejemplo, hace poco el gobierno bonaerense firmó el contrato de traspaso de la concesión de la administración y explotación por el sistema de peaje del Corredor Vial Integrado del Atlántico, conformado por las rutas 2, 11, 36, 56, 63 y 74, vías de acceso y salida de las ciudades turísticas de la costa. La concesión, realizada antes de finalizar los contratos vigentes, fue por 30 años, y la primera medida de la nueva concesionaria, integrada por las empresas Benito Roggio e Hijos, Esuco y Helport (del grupo Eurnekian), consistió en aumentar los peajes.

El convenio con Caminos del Atlántico, que operaba la ruta 11 mediante una concesión que estaba a punto de vencer, fue rescindido y esa firma recibirá una indemnización de 60 millones de pesos por parte del nuevo concesionario.

Por otra parte, las rutas 2 y 11 ya se financiaron mediante subsidios otorgados durante la gobernación de Eduardo Duhalde, además de los peajes. En este sentido, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) ha planteado que las obras en esas rutas ya están pagas y que el sistema de financiamiento vial "implementado en la década de 1990 y actualmente vigente con cabinas de cobro en rutas abiertas nacionales y provinciales es inconstitucional, ya que no existen caminos alternativos libres de pago, y es ilegal, ya que las tarifas que se cobran no cumplen con lo expresamente establecido en las leyes de peaje".

Cabe recordar, además, que el grupo Eurnekian abandonó las obras de la autovía Pilar-Pergamino (ruta nacional N° 8), por lo cual el gobierno nacional le rescindió el contrato otorgándole una indemnización millonaria. El grupo empresario adujo que el congelamiento de las tarifas lo había obligado al incumplimiento.

El Conaduv ha recordado que el ex presidente Néstor Kirchner había prometido terminar con el régimen de "falso peaje" instrumentado durante la década de 1990. La promesa no sólo no se cumplió, sino que entre las empresas concesionarias de varios corredores viales hay varias consideradas afines al kirchnerismo.

Tal vez haya llegado el momento de analizar con seriedad e imparcialidad a quiénes beneficia y a quiénes perjudica el actual sistema de peajes tal como es aplicado.