Para luchar contra el femicidio no solo hace falta información: debe intervenir el Estado
La muerte de una joven que conoció de cerca el femicidio en su familia abre nuevamente el debate sobre el rol del Estado y las variantes para erradicar esta problemática.
Sacando las cuestiones propias de la emergencia económica, la violencia contra las mujeres es uno de los problemas que aqueja a la sociedad argentina desde hace varios años. Los números de femicidios ocurridos en el 2019 son alarmantes: el Observatorio de violencia de género “Ahora que sí nos ven” registró 327 casos en los últimos doce meses.
A pesar de que este 2020 cuenta con muy pocos días, ya son varios los casos de femicidio que se sucedieron en la primera semana del año: al menos 10, distribuidos en varias provincias.
Más allá de los escalofriantes números, lo que hay detrás son miles de historias de mujeres – y niños y familias- que padecieron varios episodios de violencia antes de que sus femicidas decidan terminar con sus vidas.
Una de las historias que tomó particular importancia en la última semana fue la de Valentina Gallina. La joven de 19 años había sufrido el asesinato de su madre en 2008, en manos de la pareja de ella. Aún no existía la calificación de femicidio para estos hechos, por lo que el asesino tuvo una condena menor y fue liberado en pocos años.
Con Valentina la historia se repitió. Su novio, Diego Ezequiel Pais, adicto a las drogas, la golpeó hasta matarla. Luego simuló un robo. Horas después salió a la luz su historial de vínculos violentos, no solo con su reciente víctima sino con otras mujeres, que lo denunciaron luego de conocer el caso.
El caso de Valentina también resultó paradójico para quienes creen que evitar ser víctima de femicidio es una cosa sencilla para las mujeres, y en especial para ella, que estaba bien informada sobre la problemática debido a su trágica experiencia familiar y su posterior tarea al frente de una Casa Popular en conmemoración de su madre, en donde ayudaba a otras mujeres que sufrían violencia.
Pero la información y la concientización que las propias víctimas tienen sobre la violencia que reciben no son suficientes para poder evitar ser un número más en las cifras de femicidio. Es necesario que el Estado sea quien integre en sus políticas públicas todas las actividades que hacen estas redes informales que buscan tender una mano a otras mujeres.
La violencia hacia la mujer es producto de una cultura machista que tiene miles de años de vigencia. Los cambios no serán de un día para el otro, pero de todas formas es necesario repensar acciones que contribuyan a poder hacer frente a esta problemática.
En principio, la información clara y precisa, a cargo de personas capacitadas y desde la infancia, para concientizar sobre cómo se perpetúan estas relaciones de poder entre hombres y mujeres en la sociedad. En este punto es imprescindible la aplicación de la Educación Sexual Integral, tan resistida por algunos sectores conservadores, quienes seguro se habrán visto impávidos ante la reciente noticia de que esta herramienta permitió que varios chicos puedan reconocer que sus adultos a cargo habían abusado de ellos.
Además hay que tener en cuenta que la educación sobre las cuestiones de género también deben alcanzar a los hombres, y que no tan solo sea una herramienta para que las víctimas puedan reconocerse como tales. Es decir, que se ponga el foco en por qué actúan así los victimarios y no en que las posibles víctimas sepan de qué manera tengan que evitar encontrárselos en su camino.
Y en lo inmediato, es necesario que se replantee cómo el Estado puede recibir a las mujeres que ya necesitan ayuda: debe brindar instituciones que sean confiables para que las mujeres puedan denunciar sin miedo y sin tener que estar dando tantas explicaciones, y que se capacite al personal que las recibe sobre estas cuestiones.
También se deben considerar penas más duras y efectivas a los femicidas y un seguimiento mayor de los castigos a los violentos, como el control de las restricciones perimetrales. Es sabido que un simple papel no detiene a los que ejercen violencia contra la mujer. Muchos no las cumplen. Y es el momento en el que las mujeres más miedo tienen, porque es una clara señal de que los femicidas están dispuestos a todo. Habría que hacer estas penas más efectivas. Incluso podrían utilizarse tobilleras electrónicas, controles gps y botones antipánico para que las mujeres estén más tranquilas.
Será cuestión de tiempo para ver qué actitud tiene el gobierno de Alberto Fernández en el rol de proteger a las mujeres. En principio, este viernes varios funcionarios de primera línea, incluido el presidente, estuvieron presentes en el Centro Cultural Kirchner para asistir a una capacitación sobre cuestiones de género, tal como lo exige la ley Micaela, reglamentada en enero de 2019. Su nombre se debe a Micaela García, la joven activista por los derechos de las mujeres que fue asesinada en Entre Ríos en un caso que conmovió al país. La creación de un ministerio de Mujeres, Género y Diversidad también es una medida que encarrilará la actuación del Estado frente a los femicidios.
Son los primeros pasos a realizar. Ojalá que se activen medidas concretas para hacerle frente a esta problemática en lo inmediato y poner a salvo a muchas más mujeres que tienen miedo de ser un nombre más en la triste lista de víctimas de la violencia machista.
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