Para defender el derecho de la mujer a la salud
Por Alvaro Herrero* La situación de la salud reproductiva y los derechos humanos de las mujeres en Argentina ha tomado un inusitado protagonismo en un año electoral.
Hace días se conoció un pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU por el caso de una joven con discapacidad a la que, tras ser violada, se le impidió abortar y su caso fue judicializado. El Comité señaló que se vulneraron sus derechos y ordenó al Estado que la indemnice y tome medidas para evitar que se repitan infracciones similares .
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó la decisión de un juez de primera instancia de permitir un aborto en el caso de una adolescente abusada sexualmente en Bariloche. En su sentencia, el tribunal señaló que el artículo 86 inciso 2 del Código Penal permite la interrupción del embarazo en todos los supuestos de violación y "sin la absurda restricción de que deba ser idiota o demente". Esta valiosísima decisión intenta poner fin a la creciente judicialización de las solicitudes de mujeres que han sido violadas para que se les practique un aborto en hospitales públicos.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene para resolver un caso de una joven de Chubut que fue violada y, aunque la justicia provincial correctamente autorizó el aborto y el mismo fue practicado, el defensor general subrogante cuestionó la medida mediante un recurso extraordinario. Siendo el primer caso de esta naturaleza que llega a la Corte Suprema, el tribunal tiene una oportunidad histórica para pronunciarse y así dirimir, de una vez por todas, las discusiones producto de sentencias de muchos tribunales inferiores respecto de si el Código Penal permite o no la interrupción de embarazos en los casos de violación . Esto es relevante también, si se considera el reciente pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en donde afirmó que los Estados deberían eliminar la sanción penal para el acceso a los servicios de salud materna, la cual incluye la interrupción del embarazo para garantizar el derecho a la salud de las mujeres. Pronunciamiento generado como consecuencia de una audiencia solicitada por una red de organizaciones de la región y en donde la ADC participó en representación de tres organizaciones argentinas.
El 19 y 20 de mayo pasados distintos actores de Argentina, Brasil y Estados Unidos debatieron acerca de las oportunidades, avances y desafíos en el acceso a la justicia reproductiva.
En el seminario organizado por Católicas por el Derecho a Decidir y del que participaron un centenar de personas, el aborto fue también un tema preponderante.
Por su parte, la Cámara de Diputados continuaría este año con las audiencias públicas sobre la despenalización del aborto . Un proyecto que promueve la posibilidad de interrumpir el embarazo hasta la semana doce de gestación cuenta ya con la adhesión de más de cincuenta legisladores.
Esta sumatoria de eventos le otorga relevancia a una discusión que ya no puede ser evitada por la sociedad y especialmente por nuestra comunidad política . Sentencias judiciales y pronunciamientos de organismos internacionales señalan que hoy en la Argentina se violan los derechos humanos de las mujeres.