Para apoyar la Ley Ómnibus, la oposición obligó a Milei a aceptar las condiciones de la negociación

“Si quieren sacar la ley, van a tener que negociar”. El concepto es claro y sencillo. Sin dobles intenciones y sin ironías. Lo dijo un diputado nacional de Hacemos Coalición Federal, pero lo repitieron, con otras palabras, un gobernador del PRO y un senador de la UCR. La idea es la misma. Y por más de que haya legisladores opositores más cercanos que otros al Gobierno, en términos de bloque político la aclaración siempre es la misma. Negociar. Porque de eso se trata la política.

Durante los últimos quince días Javier Milei y los principales funcionarios del gobierno nacional se aferraron a un argumento para poder darle sostén a las reformas que impulsan: el voto de la gente. En el nombre de esos millones de votos que los llevaron a la Casa Rosada presionaron a los diputados para que le den media sanción a la Ley Ómnibus. “Escuchamos sugerencias, pero el contenido no se negocia”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni. “Sean cuidadosos y hagan su parte”, les aclaró días después.

En la Cámara de Diputados cayeron mal todos los mensajes del principal encargado de la comunicación del Gobierno. Lo dejaron en claro los legisladores el primer día en que el proyecto se trató en la comisión de Legislación General. Pocas horas antes del inicio Adorni había adjudicado el aumento del dólar a la incertidumbre sembrada por los legisladores respecto al futuro de la ley. “Nos desconciertan. ¿Quieren sacar la ley o quieren que nos llevemos la marca?”, le respondió el radical Rodrigo De Loredo.

Desde los micrófonos de la oposición dialoguista le hicieron saber que si querían sus votos, lo mejor era hablar menos y negociar más. Más política y menos comunicación. Aunque los libertarios puros descalifiquen la rosca política por considerarla parte de una historia que quieren sepultar, lo cierto es que con el paso de los días se dieron cuenta, incluso Milei, que sin la dinámica del toma y daca el proyecto de ley no tenía un futuro prometedor.

Durante toda la semana, en el plenario de comisión, los bloques opositores que tienen intenciones de votar la ley levantaron la voz para avisar que era necesario que haya interlocutores validados por Milei en el Congreso. ¿Eso implica que Martín Menem, presidente de la Cámara baja, no lo sea? No. El problema es que el riojano no tiene el poder de decidir los cambios. Tiene que consultar todo, lo que genera que el ida y vuelta de propuestas y rechazos sea muy lento. A su lado está Eduardo “Lule” Menem, primo hermano y ex secretario privado de Eduardo Menem, hermano del ex presidente de la Nación.

Por caminos paralelos avanzan el diputado Nicolás Mayoraz y el secretario de Relaciones Parlamentarias, Omar De Marchi. Dos dirigentes con credenciales políticas. El primero con pasado en el peronismo y en el Centro de Estudios Políticos Estratégicos Americanos (CEPEA) y el segundo con historia en el Partido Demócrata de Mendoza y en el PRO. Ninguno es un libertario puro.

Ambos entienden que se necesitan generar consensos para poder construir una mayoría y conservar la esencia del proyecto de ley pero con cambios. En esa línea, y en conexión directa con los gobernadores, está Guillermo Francos, el ministro político más fuerte del Gobierno. Son, en definitiva, parte del ala política del oficialismo, que empujan la idea de hablar con todos todo el tiempo. La oposición presiona para que la semana que viene se forme una mesa de negociación formal. Hay que discutir y que hacerlo ahora.

Los bloques opositores donde sobresalen las figuras de Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Carlos Gutiérrez, Cristian Ritondo, Silvia Lospennato, Rodrigo De Loredo y Karina Banfi empujaron al oficialismo al campo de la negociación política. Lo mismo hicieron los gobernadores de Juntos por el Cambio, que el último viernes se reunieron con el ministro del Interior y condicionaron su apoyo a la Ley Ómnibus respecto a la modificación de artículos que impactan en las economías regionales.

Los que hicieron los gobernadores y legisladores de la oposición fue hacer valer su peso político en el Congreso. Resistieron las presiones públicas y se refugiaron en un lugar conveniente para su reputación: garantes de la gobernabilidad con poder para exigir cambios. Le hicieron sentir a Milei que está en minoría en las dos cámaras del Congreso y que ningún mandatario provincial le responde directamente. La debilidad en el campo de la política tradicional en permanente tensión con la fortaleza del respaldo popular en las urnas.

Uno de los temas que debe definir el oficialismo en esa mesa de negociación - si es que en algún momento se forma - es el punto de unidad de los bloques opositores para respaldar la ley. Más allá de la modificación de los artículos, hay distintas propuestas. El radicalismo cree que lo correcto es puntear, artículo por artículo, toda la ley, depurarla y que salga un proyecto amparado por la mayor cantidad de legisladores posibles.

En el bloque Hacemos Coalición Federal creen que lo mejor sería hacer un paquete con los artículos más importantes, consensuar los cambios y el resto de la ley tratarla más adelante. En el PRO consideran que habría que hacer unas pocas modificaciones en los puntos clave y sacar el proyecto completo. El oficialismo tiene la necesidad de ordenar esas posiciones a través de las concesiones. Un ejercicio que les permitirá pulir el proyecto y darle un marco de contención determinante para que que tenga legitimidad.

El discurso oficial sufrió heridas. Del “no negociamos nada” al “aceptamos sugerencias”. El Gobierno parece haber tomado nota que la revolución que generaron en la campaña cautivó a la gente pero es insuficiente para lograr que las leyes salgan en un Congreso atomizado.