Papel Prensa, perversa persecución

HACE casi un año, la presidenta de la República lanzó una gravísima acusación contra directivos de La Nacion y Clarín, vinculándolos con presuntos delitos de lesa humanidad relacionados con la compra de las acciones de Papel Prensa, acontecida hace 35 años.

Esa denuncia fue presentada ante la Justicia sin respaldo alguno; antes bien, una demoledora carga probatoria integrada por testimonios y documentos presentados por la defensa demostró la absoluta mendacidad de todo lo que se había sostenido con bombos y platillos.

Ante tal evidencia, una mínima dosis de responsabilidad cívica exigía que esos acusadores hubiesen aceptado públicamente su error. Sin embargo, no se produjo ninguna rectificación presidencial ni de ningún otro integrante del elenco gubernamental. Por el contrario, los impulsores de la falsa denuncia están realizando maniobras y acciones que van manipulando y haciendo rotar la versión original para tratar de acomodarla a la "sentencia" ya pronunciada desde el poder político. Ya no hay lugar para pensar ni en el error ni en la buena fe: los responsables del Gobierno que respaldan esta iniciativa siguen adelante a sabiendas de su falsedad, intentando engañar a los mismos estrados judiciales que debieran responder con toda severidad para sancionar la temeridad y malicia con la que proceden los denunciantes.

En efecto, luego de más de diez meses de abierta la causa respectiva en los tribunales de La Plata, la Secretaría de Derechos Humanos no aportó prueba alguna que vinculara a los directivos de los medios acusados con los vejámenes sufridos por la familia Graiver como consecuencia de su detención por el gobierno militar, como había proclamado la falsa denuncia oficial. La Cámara Penal platense ratificó la incompetencia de esa jurisdicción para entender en esa causa que fue iniciada con la absurda pretensión de vincular la compra por parte de los diarios La Nacion, Clarín y La Razón con delitos de lesa humanidad, único modo de intentar reabrir judicialmente una operación comercial que fuera realizada hace más de 30 años, que no tuvo objeciones de ningún tipo en los tribunales de la democracia.

Al ratificar lo oportunamente resuelto por el juez Arnaldo Corazza, la justicia platense que investiga los pretendidos delitos de lesa humanidad ocurridos en el llamado Circuito Camps, desvinculó a los señores Bartolomé Mitre y Héctor Magnetto de la detención y secuestro de integrantes de la familia Graiver, señalando que todo su accionar había culminado con la firma del contrato respectivo, ocurrida varios meses antes de las referidas detenciones. Esa fue una de las grotescas acusaciones lanzadas en su momento por la Presidenta, ratificada por los querellantes y reiterada una y otra vez por la llamada "televisión pública" y el aparato mediático de propaganda oficial.
No obstante no existir el delito objeto de la denuncia, esa declaración de incompetencia no implicó un sobreseimiento formal de los imputados como ordena el Código Procesal Penal, que indica que ese derecho básico procede cuando en la investigación no se prueba la responsabilidad de los acusados en los delitos denunciados.

De esa irregularidad derivó otra, pues toda persona tiene derecho a saber por qué presunto delito se lo denuncia o querella. La resolución judicial dejó a los acusados en un verdadero estado de incertidumbre respecto del alcance de la imputación que se les formulara. No alcanza para suplirla la vaga definición de "un conjunto de acciones ilegales, diversas y articuladas entre sí que, con intervención de la estructura del aparato represivo estatal, habrían tenido por finalidad lograr la transferencia de las acciones de Papel Prensa". Menos aún alcanza para plantear delitos de la gravedad que se pretende, tales como crímenes contra la humanidad.

La Cámara de La Plata, al ratificar la incompetencia de esa jurisdicción y devolver lo actuado al juzgado federal a cargo del doctor Daniel Rafecas, precisamente aquel que, en su momento, lo había derivado a la justicia platense, argumentó que así correspondía porque más de dos décadas atrás en ese tribunal se radicó la denuncia de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas contra los integrantes del régimen militar. El fiscal actuante, Ricardo Molinas, denunció, entonces, a funcionarios de la época por delitos vinculados con el incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque no imputó conducta ilícita alguna a los directivos de los diarios mencionados, pues no había delitos que imputarles, por entender Molinas que la compra se había realizado de buena fe. Esto implicaba que los vendedores fueron libres de obrar como lo hicieron sin padecer coacción de ninguna especie.

Para exhibir aún más las gruesas anomalías y subrayar el sentido intencionadamente político-ideológico y totalmente persecutorio de la falsa denuncia del gobierno nacional, pretendidamente fundada en una "investigación" realizada por los mismos funcionarios que pulverizaron la credibilidad de las estadísticas del Estado nacional, la causa judicial abierta por entonces en el juzgado al que ahora la remite la justicia platense, se encuentra "extraviada". No sólo eso: también se ha "perdido" el original del dictamen de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas firmado por Molinas, y la copia certificada de éste presentada por la propia querellante, la Secretaría de Derechos Humanos, no coincide con la que la mencionada fiscalía remitió, a su pedido, al juzgado platense.

Ha quedado así totalmente a la vista un conjunto perverso de manipulaciones al proceso penal oportunamente abierto, que demuestra que el Gobierno no vacila en violar las garantías constitucionales y el Estado de Derecho con tal de continuar con una persecución cuyo primer objetivo es apoderarse de la empresa Papel Prensa y cuyo propósito final es claramente tratar de silenciar a dos importantes medios independientes e intimidar a sus respectivos directivos.