Pánico sindical: Gobierno prohíbe contratar esposas
* Por Mariano Martín. El Gobierno prepara un golpe directo al nepotismo que rige en los sindicatos. Impedirá la contratación de familiares o allegados de los dirigentes como proveedores de las obras sociales de los gremios.
Se trata de una práctica habitual que hermana a la gran mayoría de sindicalistas y que constituye uno de los ejes de su poderío económico. El principal exponente de esa tendencia es el jefe de la CGT y de los camioneros, Hugo Moyano.
Cristina de Kirchner recibirá en los próximos días un borrador de decreto orientado a modificar varios aspectos del funcionamiento de las obras sociales sindicales. Lo pidió a partir del avance de la causa judicial por la denominada «mafia de los medicamentos» que tiene como imputados no sólo a dirigentes, sino también a exfuncionarios y actuales responsables del vínculo con esas organizaciones de salud.
La causa que instruye el juez federal Norberto Oyarbide puso en la cárcel por un día y medio a Gerónimo «Momo» Venegas, líder del gremio de peones rurales, y amenaza con rozar el entorno del propio Moyano. Pero también avanzó hasta el procesamiento de Héctor Capaccioli y Juan Rinaldi, dos exsuperintendentes de Servicios de Salud, y de otros referentes del área sanitaria que hasta hace poco gozaban de la confianza del Ejecutivo.
Esas ramificaciones convencieron a la jefa de Estado de acometer sobre los vacíos legales que existen en el sistema solidario de salud. Algunos dirigentes fueron anoticiados de las medidas en estudio y en los últimos días reunieron a sus técnicos para evaluar el posible impacto.
Incluso sin conocer los detalles, las primeras reacciones en el ámbito gremial fueron negativas. Para muchos todavía está fresco el recuerdo de las iniciativas de la exministra de Trabajo de la Alianza Patricia Bullrich, de obligar a los dirigentes a presentar declaraciones juradas de bienes. Esa medida nunca llegó a ponerse en ejecución y fue derogada en 2002 por otra exministra, Graciela Camaño, esposa del sindicalista Luis Barrionuevo.
Se trata de un tema de alta sensibilidad porque los negocios derivados de las obras sociales están plagados de hermanos, esposas e hijos de sindicalistas. Por caso, Moyano justificó en varias oportunidades la contratación de la constructora Aconra, ligada a su mujer, Liliana Zulet, con el argumento de que así tendría más cerca el control de los costos.
Pero la esposa del camionero no sólo ocupa su tiempo en esa compañía. También reviste como empleada en Iarai, la empresa que gerencia parte de las actividades de Conducir Salud, la obra social de los choferes, y que está presidida por Valeria Salerno, hija del primer matrimonio de Zulet. La medida en estudio en el Ejecutivo impedirá ese tipo de prácticas.
Fuentes oficiales confirmaron que el borrador llegará a manos de Cristina de Kirchner en los próximos días. La mandataria resolverá si la norma saldrá por decreto presidencial o resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el organismo encargado del control de las obras sociales.
Transparencia
El capítulo central girará en torno a las «incompatibilidades». En lo esencial, se les prohibirá a las obras sociales contratar a proveedores o prestadores de servicios de salud que tuvieran algún vínculo societario con familiares o allegados a los miembros del consejo directivo de las organizaciones sanitarias o de los sindicatos de origen.
También incluirá modificaciones operativas que apuntarán a garantizar un reparto más transparente de los recursos destinados a los gremios. En particular, los del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se compone de un porcentaje de los aportes de las obras sociales y que financia el presupuesto de la Administración de Programas Especiales (APE). La APE, a su vez, es la encargada de reembolsar el valor de los tratamientos médicos más complejos a las obras sociales.
El FSR acumula en la actualidad unos $ 6.000 millones que están depositados en una cuenta especial del Banco Nación. El dinero es objeto de demandas reiteradas de los gremios, que alegan ser los verdaderos dueños del fondo. Luego de varios años de dilaciones, y tras reunirse con el líder de la CGT, Cristina de Kirchner firmó a fin de enero un decreto para destrabar $ 250 millones de ese fondo a favor de las obras sociales, a través de un mecanismo creado por la SSS bajo criterios de cantidad de afiliados, aportes de la organización al sistema y cobertura de población más desprotegida (jubilados, personal del servicio doméstico y monotributistas).
El propósito de la normativa en estudio es extender esos criterios y fijarlos como mecanismo automático para los próximos repartos. La promesa del Ejecutivo a Moyano incluía entregar este año tres cuotas más de $ 250 millones cada una para completar $ 1.000 millones antes de las elecciones. Se trata de una práctica habitual que hermana a la gran mayoría de sindicalistas y que constituye uno de los ejes de su poderío económico. El principal exponente de esa tendencia es el jefe de la CGT y de los camioneros, Hugo Moyano.