Palos y a la bolsa

La reivindicación de la conducción política sobre las instituciones policiales sustentada por el gobierno nacional se desvanece en el enclave bonaerense cuando su gobernador insiste en delegarle, sin inhibiciones ni controles, el gobierno de la seguridad pública a la policía provincial, en la que despuntan deficiencias estructurales, prácticas corruptivas, acciones ilegales y abusivas en el uso de la fuerza y connivencia y asociaciones con organizaciones delictivas que le aportan a la corporación inimaginables fondos espurios.

Pero, aún así, constituye un instrumento de gestión política que les permite tener a raya a "los que sobran" en la sociedad deseada por la derecha criolla mediante el disciplinamiento punitivo de los sectores urbanos altamente marginalizados para los cuales, en el ámbito provincial, no se han llevado a cabo políticas sociales de inclusión de ninguna índole.

Es en torno de estas cuestiones que los asuntos de la seguridad pública tienen una fuerte connotación social. En el primer semestre del 2003, en el Gran Buenos Aires, el 51,1 por ciento de los de los hogares y el 31,6 de las personas se encontraban en situación de pobreza, mientras que el 24,5 por ciento de los hogares y el 31,8 de las personas se encontraban en situación de indigencia. Desde entonces, como consecuencia de las políticas sociales y económicas encaradas por el gobierno nacional, la Argentina atravesó por un período de elevado crecimiento económico y de reducción de la desocupación y la subocupación. Ello generó una importante disminución de los niveles de pobreza e indigencia en los centros urbanos del país y, en particular, en el Gran Buenos Aires. En el primer semestre de 2010, sólo el 9,2 por ciento de los hogares y el 13,5 por ciento de las personas de este conglomerado urbano se hallaban en situación de pobreza y sólo el 2,4 por ciento de los hogares y el 2,5 de las personas en situación de indigencia.

No obstante, pese al descenso de la pobreza e indigencia producido en estos años, en el Gran Buenos Aires se produjo un significativo crecimiento de las villas y los asentamientos precarios. En 2001, en esta región existían 376 villas y asentamientos habitados por 594.781 personas, mientras que, en el 2006, totalizaban 796 villas y asentamientos habitados por 936.855 personas, esto es, casi el doble. Nada parece indicar que ello se redujo en estos años. En suma, pese a la significativa reducción de la pobreza y la indigencia –especialmente, mediante la Asignación Universal por Hijo–, los sectores altamente marginalizados que no pudieron ser incluidos en las regulaciones sociales formales –empleo formal aún precario– o informal –empleo precario de la economía informal y de sobrevivencia– vieron ponderada su condición de marginalidad.

Estas villas y asentamientos precarios configuran espacios altamente marginalizados resultantes de tres procesos simultáneos: La expansión del desempleo estructural, es decir, el desempleo masivo y permanente de la mayoría de los habitantes de estos conglomerados, generando una suerte de alta vulnerabilización y precarización socio-laboral de los mismos. La relegación de esos habitantes a lugares y barrios desposeídos de recursos públicos y privados básicos y altamente expoliados desde el punto de vista medioambiental. Y, finalmente, la expansión de la estigmatización negativa creciente de esos habitantes y espacios en la vida cotidiana y en el discurso público, proyectándolos como clases y espacios peligrosos, violentos y pasibles, en consecuencia, de un disciplinamiento punitivo severo.

En muchos de esos espacios, la violencia y el dominio coactivo de las redes criminales signan la cotidianidad de los mismos. El temor corriente de sus habitantes a aquella violencia que los tiene como principales víctimas, a la estigmatización negativa frente al resto de la sociedad y a la alta conflictividad existente en los planos individual y grupal, marca a fuego sus vidas precarias. A su vez, la presencia estatal en estos ámbitos es ocasional y parcial. Supone un doble juego de distribución esporádica de recursos materiales escasos y de intervenciones policiales meramente represivas, regularmente abusivas y hasta conniventes y regulatorias de las actividades delictivas allí desarrolladas. Los lugareños son, así, víctimas de la marginalidad social y económica, de la violencia delictiva y, casi siempre, del accionar policial que no discrimina al delincuente del vecino honesto y que en numerosas ocasiones alienta al delito.

Para el gobernador, aquí habitan "los molestos". Para ellos, la única política provincial ha sido el disciplinamiento compulsivo desarrollado por la policía provincial mediante acciones reiteradas de represión indiscriminada a toda manifestación pública y a todo reclamo llevado a cabo por estos sectores; las "razzias" violentas y generalizadas sobre barrios y asentamientos precarios; la comisión sistemática de torturas y apremios contra los detenidos; y los fusilamientos y las desapariciones de personas, todas ellas estigmatizadas como "peligrosas" o "criminales" por la propia policía y la comparsa de medios de comunicación orgánicos a los uniformados.

La desaparición de Luciano Arruga en enero de 2009 y los asesinatos de los adolescentes Mauricio Ramos y Franco Raúl Almirón perpetrados por efectivos policiales el 3 de febrero pasado en José León Suárez son una expresión elocuente de ello.

Este dispositivo institucional y estas formas de intervención son la traducción material del relato punitivo tan fogoneados por los "políticos del orden". La policía de la provincia de Buenos Aires es el brazo armado de esa proclama. Y si alguien tiene dudas de esto debería preguntarse por qué no se llevan a cabo razzias policiales ni se emprenden intervenciones a los tiros en los barrios ricos de la zona norte del conurbano bonaerense donde viven Eduardo y Gustavo Juliá, narcotraficantes de fuste que, desde hace un tiempo, pernoctan en una cárcel de Barcelona.