Oyarbide ordenó indagar a Videla y detener a un expresidente de Perú
El juez federal Norberto Oyarbide citó a Jorge Rafael Videal y dispuso la captura internacional del expresidente de facto de Perú, Francisco Morales Bermúdez.
Se trata de una causa por privación ilegal de la libertad y tormentos a una decena de ciudadanos peruanos detenidos ilegalemnte en su país el 25 de mayo de 1978 y trasladados hacia la Argentina, donde fueron liberados.
Oyarbide citó a Videla y Harguindeguy para el 22 y 23 de febrero, respectivamente, y reclamó vía Cancillería la captura del ex general peruano, de 91 años, informaron fuentes judiciales.
Los hechos ocurrieron el 25 de mayo de 1978, año en el que en la Argentina el mundial de fútbol, y ya funcionaba el denominado "Plan Condor", un operativo conjunto entre las dictaduras
latinoamericanas para cooperar en la lucha contra "la subversión".
En ese contexto, 13 ciudadanos opositores al régimen de Morales Bermúdez en Perú, algunos de ellos directores de diarios e incluso dos de ellos oficiales de la Marina de ese país, fueron
secuestrados y trasladados a nuestro país.
A todos ellos se los acusó de llevar a cabo actividades subversivas y de violencia.
El avión que los trajo a la Argentina arribó al aeropuerto jujeño de "El Cadillal" y a los pocos días fueron llevados incomunicados al sótano del Departamento Central de la Policía Federal en Buenos Aires, para ser "ablandados", consta en la causa.
De acuerdo con el expediente, los peruanos se negaron a firmar un pedido de asilo político voluntario, y es por ello que a los pocos días fueron expulsados del país.
Si bien el Plan Cóndor estaba integrado por Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, el juez Oyarbide entendió que de la información de "notas periodísticas y copias fotostáticas de documentación militar reservadas" quedó demostrado que "Perú cooperaba proporcionando información de inteligencia".
"Los elementos señalados me convencen que Videla, Morales Bermúdez y Albano Hargindeguy, no fueron ajenos a la detención y privación ilegal de la libertad de las personas indicadas a lo largo de esta resolución; y que el hecho fue cometidos al amparo y mediante la intervención desde ambos Estados", según la resolución del juez a la que accedió Noticias Argentinas.
En ese sentido, expuso que "a través de una práctica generalizada basada en rotular como delincuentes subversivos a las personas cuyas ideas políticas no concordaban con la ideología imperante en la época, constituyendo de esta forma una grave violación a los derechos humanos justamente porque fueron implementados y llevados cabo desde los Estados y por sujetos que respondían a ese poder".
Concretamente, la colaboración entre los estados era a fin de "coordinar información de inteligencia con el fin de capturar, torturar y ejecutar a opositores políticos por medio de operativos combinados entre los países miembros".
El juez consideró que el delito señalado "se habría practicado con omisión de las formalidades prescriptas por la ley y abusando de sus funciones, las cuales tuvieron comienzo de ejecución en territorio peruano –donde se produjeron las detenciones- y se prolongaron en territorio de la República Argentina, con la colaboración y anuencia de las autoridades argentinas, donde los nombrados permanecieron detenidos hasta su expulsión a distintos países".
Al evaluar la imputación del ex general peruano, el juez invocó el principio de justicia universal que "habilita el juzgamiento de Morales Bermúdez en este país", y por ser "autor y miembro" de "la privación ilegal de la libertad personal y torturas conformado en este caso con las autoridades argentinas, puntualmente en este caso con Videla y Eduardo Albano".