Otro mazazo al Gobierno
* Fernando Laborda. El silencio del Gobierno frente a los mazazos digitales que dan cuenta de escándalos de corrupción en la era kirchnerista no podrá durar mucho más.
El silencio del Gobierno frente a los mazazos digitales que dan cuenta de escándalos de corrupción en la era kirchnerista no podrá durar mucho más. Ocurre que a la desfachatez de los mails de Manuel Vázquez que hablaban de coimas y de aportes ilegales a las campañas electorales del matrimonio Kirchner se ha sumado ayer otra bomba de WikiLeaks, que siembra graves sospechas sobre la política gubernamental en materia de prevención y represión del lavado de dinero. El cable secreto 1257, dirigido por la embajada de los Estados Unidos al Departamento de Estado en diciembre de 2009, lleva la firma de la embajadora Vilma Martinez y pone en serias dudas la voluntad del gobierno argentino para combatir el reciclado de dinero proveniente de actividades ilícitas.
De todos los documentos de la diplomacia norteamericana que fueron objeto de la mayor filtración de la historia, es éste el más duro contra la administración kirchnerista. Es cierto que no revela muchas más dudas que las expuestas recientemente en documentos públicos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Pero el cable 1257, además del valor que se le puede asignar a la pluma de Vilma Martínez, abunda en versiones, tomadas de "contactos de la embajada", "expertos locales" y funcionarios de organismos internacionales, que muestran a Néstor y Cristina Kirchner como beneficiarios de la indiferencia en la lucha contra el lavado de dinero.
La comunicación de la embajada habla de una "cultura de impunidad y corrupción" en la Argentina, que la convierte en terreno fértil para narcotraficantes y células terroristas. Estima que la Argentina tiene un "sólido marco legal y regulatorio" para combatir el lavado, pero que las fallas se advierten a la hora de aplicar la ley. Expresa que las inspecciones son "superficiales" y que la Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo "inepto y comprometido políticamente".
Basándose en supuestos dichos de Mariano Federici, funcionario del área de Integridad Financiera del FMI, dice que Rosa Falduto, entonces a cargo de la UIF, fue "útil" al matrimonio Kirchner, pues habría retenido requerimientos de reportes de operaciones sospechosas sobre los Kirchner provenientes de Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo.
El informe secreto concluye que los Kirchner y su círculo tienen "mucho que ganar" de la "floja ejecución" de las normas que deberían prevenir y reprimir el lavado de dinero, al tiempo que pronostica una "pronta contaminación" del sistema financiero por dinero proveniente de la droga y el terrorismo.
Hay un dato no menor. Rosa Falduto fue separada de la UIF en enero de 2010, poco después del informe elevado a su país por la embajadora Vilma Martínez. En su momento, trascendió que aquella separación obedeció a que Falduto se había negado a iniciar una investigación contra el Grupo Clarín. Su reemplazo por José Sbatella, un hombre sin antecedentes en el área, confirmó, según expertos que critican el funcionamiento del organismo, que la UIF pasó a ser un instrumento político para perseguir a medios de comunicación independientes del Gobierno y a políticos de la oposición, como Francisco de Narváez.
Claro que no hacen falta los cables diplomáticos secretos para entender las sospechas y dudas que la política argentina contra el lavado de dinero despierta en el mundo. Basta saber que, hasta el momento, no ha habido siquiera una sentencia condenatoria por este delito. Basta recordar que el GAFI ha puesto al país bajo un procedimiento de revisión y amenaza con colocarlo en la temida lista gris. Y basta con tener presente que grandes episodios de corrupción del kirchnerismo, tales como la mafia de los medicamentos, cuyos fondos habrían financiado la campaña electoral de la Presidenta, y el presunto enriquecimiento ilícito de Ricardo Jaime, requieren forzosamente operaciones de lavado de dinero.
De todos los documentos de la diplomacia norteamericana que fueron objeto de la mayor filtración de la historia, es éste el más duro contra la administración kirchnerista. Es cierto que no revela muchas más dudas que las expuestas recientemente en documentos públicos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Pero el cable 1257, además del valor que se le puede asignar a la pluma de Vilma Martínez, abunda en versiones, tomadas de "contactos de la embajada", "expertos locales" y funcionarios de organismos internacionales, que muestran a Néstor y Cristina Kirchner como beneficiarios de la indiferencia en la lucha contra el lavado de dinero.
La comunicación de la embajada habla de una "cultura de impunidad y corrupción" en la Argentina, que la convierte en terreno fértil para narcotraficantes y células terroristas. Estima que la Argentina tiene un "sólido marco legal y regulatorio" para combatir el lavado, pero que las fallas se advierten a la hora de aplicar la ley. Expresa que las inspecciones son "superficiales" y que la Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo "inepto y comprometido políticamente".
Basándose en supuestos dichos de Mariano Federici, funcionario del área de Integridad Financiera del FMI, dice que Rosa Falduto, entonces a cargo de la UIF, fue "útil" al matrimonio Kirchner, pues habría retenido requerimientos de reportes de operaciones sospechosas sobre los Kirchner provenientes de Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo.
El informe secreto concluye que los Kirchner y su círculo tienen "mucho que ganar" de la "floja ejecución" de las normas que deberían prevenir y reprimir el lavado de dinero, al tiempo que pronostica una "pronta contaminación" del sistema financiero por dinero proveniente de la droga y el terrorismo.
Hay un dato no menor. Rosa Falduto fue separada de la UIF en enero de 2010, poco después del informe elevado a su país por la embajadora Vilma Martínez. En su momento, trascendió que aquella separación obedeció a que Falduto se había negado a iniciar una investigación contra el Grupo Clarín. Su reemplazo por José Sbatella, un hombre sin antecedentes en el área, confirmó, según expertos que critican el funcionamiento del organismo, que la UIF pasó a ser un instrumento político para perseguir a medios de comunicación independientes del Gobierno y a políticos de la oposición, como Francisco de Narváez.
Claro que no hacen falta los cables diplomáticos secretos para entender las sospechas y dudas que la política argentina contra el lavado de dinero despierta en el mundo. Basta saber que, hasta el momento, no ha habido siquiera una sentencia condenatoria por este delito. Basta recordar que el GAFI ha puesto al país bajo un procedimiento de revisión y amenaza con colocarlo en la temida lista gris. Y basta con tener presente que grandes episodios de corrupción del kirchnerismo, tales como la mafia de los medicamentos, cuyos fondos habrían financiado la campaña electoral de la Presidenta, y el presunto enriquecimiento ilícito de Ricardo Jaime, requieren forzosamente operaciones de lavado de dinero.