Otro ejemplo de Chile
Las penosas "Villas miseria" no pueden ser una realidad a la que nos "acostumbremos". Deben ser erradicadas, de manera de dar a quienes vivan en ella una alternativa digna. Se tendría que poder resolver, paso a paso, esta triste situación.
Pero, para ello, se necesita imperiosamente poder contar con un debate sobre el tema, que derive en un plan nacional para erradicar los asentamientos precarios, idealmente consensuado con todas las fuerzas políticas y, por ende, alejado del populismo, del clientelismo y de la dádiva, que debería comenzar por enfrentar la lamentable situación de las grandes ciudades de nuestro país.
Con pasos, instrumentos, plazos y objetivos bien concretos. Y obviamente transparentes. Esto es "gobernar para todos", evitando caer en el cálculo político en busca del rédito que se pueda extraer a la miseria, que se suele expresar en votos y lealtades, que como realidad perversa hasta hace sospechar que el tema se dilata porque para algunos hasta la perduración de la pobreza es un negocio político.
Chile, nuestra vecina, lo está haciendo, con sus "campamentos". En demostración de preocupación real. Para el 2020, ellos deberían ser "historia antigua" en Chile. El instrumento central será el del subsidio, que exige comprobación del uso y destino de los fondos.
Pero es necesario también construir viviendas accesibles para quienes tienen ingresos frágiles. Por esto lo ocurrido con los fraudes en torno a las actividades en este capítulo asignadas irresponsablemente a las "Madres de Plaza de Mayo", indigna, subleva y lastima. La falta de controles es pavorosa. La responsabilidad de todos los actores luce obvia. La del propio gobierno nacional, más aún. Con los ciertamente peculiares personajes que estaban y están en danza, lo escandalosamente sucedido no debió ser una sorpresa, ni una cuestión imprevisible. Más bien todo lo contrario, lamentablemente.
La organización "Un techo para Chile", dedicada especialmente a seguir de cerca este tema, señala que hay todavía unas 33.000 familias chilenas que habitan los llamados "asentamientos", cuya presencia ofende la dignidad de la persona humana. En nuestro país el número de moradores en la precariedad es presumiblemente muy superior.
Se trata ciertamente de una realidad dinámica, cambiante, pero siempre angustiosa. Alimentada, entre nosotros, por la falta de una política migratoria coherente.
Por eso Chile asigna a este tema, con la más absoluta razón, exactamente la misma prioridad que confiere a la reconstrucción de las viviendas que fueran destruidas por el reciente sismo, algunas de cuyas familias viven aún en campamentos precarios; hablamos todavía de unas 11.000 personas. No otra prioridad. La misma, entonces.
Cuando se acercan nuevamente las elecciones presidenciales debemos admitir nuestra mora conjunta en tratar de solucionar este doloroso problema, que no puede ser ignorado. Los candidatos deberían explicar sus respectivas propuestas sobre las viviendas precarias y cómo y en que plazos proponen financiar su erradicación. Se trata de una cuestión nacional que nos afecta a todos, que supone la adopción de lo que pomposamente los políticos llaman "políticas de Estado", esto es un problema común que debería ser enfrentado por todos. Con toda suerte de instrumentos fiscales y financieros que convoquen a todos a realizar un esfuerzo común, de aquellos que alimentan la solidaridad y enorgullecen a todos cuando los objetivos y las soluciones se alcanzan.
(*) Analista Internacional del Grupo Agenda Internacional