Otro acto de presión sobre la prensa
El pedido de un juez a diarios nacionales solicitando información sobre los periodistas que redactan notas acerca de la inflación, no es otra cosa que un nuevo acto de presión a los medios de comunicación social no adictos al oficialismo; algo inconcebible en una democracia, sistema político en el que deben respetarse los disensos y la libre opinión de todos los ciudadanos.
Las cifras "oficiales" de inflación han traído más de un dolor de cabeza al Gobierno, desde el acto impulsado por el cuestionado secretario de Comercio, Guillermo Moreno, con la intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censos, desplazando a los funcionarios de carrera para remplazarlos por otros que responden a sus directivas y modifican las cifras de inflación de acuerdo a los humores de su jefe y las necesidades políticas del gobierno.
De allí que los números que se dan a conocer en el orden nacional difieren sustancialmente de aquellos que manejan las consultoras privadas, las universidades autónomas y las de algunas provincias, como es el caso de Mendoza.
El tema ha trascendido los ámbitos nacionales y la propia directora del FMI, Christine Lagarde, aseguró que la Argentina debe contar con datos confiables de inflación y de PBI. Aseguró en ese sentido que "es crítico que podamos confiar en estadísticas sólidas y consistentes en todo el mundo".
La molestia del Gobierno tuvo su eclosión este año cuando, en febrero, las consultoras recibieron una carta del director de Lealtad Comercial -que depende de Guillermo Moreno- exigiéndoles que le entreguen un informe detallado sobre la metodología que usan para consultar los precios. Un mes más tarde el propio Moreno aplicó multas de 500 mil pesos a las consultoras de Miguel Bein y Jorge Tedesca. En julio, desde el Gobierno, impulsado por el secretario de Comercio, se presentaron denuncias penales por agiotaje contra las consultoras M&S y Ferreres y Bevacqua.
Es en ese marco que el juez actuante en la causa, Alejandro Catania, un profesional con una carrera meteórica dentro de la Justicia -tiene 36 años- decidió enviar una orden judicial a cinco diarios nacionales en el que solicita se le informe "si han facturado espacios para publicaciones de M&S Consultores o Carlos Melconián o Rodolfo Santángelo desde 2006 hasta la fecha" y pide también "suministrar la nómina, dirección y teléfonos de contacto de los periodistas -editores, redactores, etc.- que hayan publicado en los referidos diarios, noticias vinculadas a índices inflacionarios de la República Argentina, desde 2006 hasta la fecha".
Las reacciones no se hicieron esperar ante este nuevo avance sobre la prensa y la libertad de expresión. Desde la oposición surgió un proyecto de declaración en el que expresaron la preocupación y repudio ante la posible reaparición de "listas negras", mientras la asociación que nuclea a los medios de difusión (Adepa) se aseguró que se trató de un "acto de censura", a la vez que surgió un pedido de Jury de Enjuiciamiento al magistrado de parte de legisladores en el Congreso de la Nación.
Mientras tanto, en el Gobierno se mantuvo el silencio y las únicas voces que surgieron para intentar descomprimir la situación -sin argumentos válidos pero con adjetivos descalificadores hacia la oposición- partieron desde los pseudo programas políticos de la televisión pública y de los canales afines al oficialismo.
Es preocupante y peligroso lo que está sucediendo en el país, más aún cuando en este tipo de presiones interviene la Justicia. Intentar coartar la libertad de prensa y de expresión es avanzar sobre los derechos de los ciudadanos en general. El Gobierno debe comprender que en un Estado democrático deben respetarse los disensos. Presionar a los medios de comunicación y utilizar a personajes nefastos para cumplir sus objetivos, como es el caso de Guillermo Moreno, no hacen más que debilitar a la democracia y potenciar el autoritarismo.