Otra vergüenza de Oyarbide

En su primera intervención en la causa por el desvío de fondos públicos administrados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales con dinero estatal, la Sala I de la Cámara Federal criticó severamente la investigación del cuestionado juez federal Norberto Oyarbide.

Tan fuerte fue la crítica de los tres camaristas que en su fallo instaron al magistrado a precisar qué investiga y quiénes son los acusados.

Si al cabo de seis meses que lleva esta investigación -lapso en el que el juez mantuvo casi sin interrupciones el secreto de sumario- los superiores de Oyarbide tienen que pedirle ese tipo de precisiones elementales, es porque la investigación ha fracasado.

Cuando estalló el caso sostuvimos en esta columna que la falta de acción inicial de este magistrado resultaba inadmisible y sospechosa. Ahora, el fallo de los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero confirma que eran fundados aquellos temores.

Por ejemplo, Freiler afirmó que el trabajo de Oyarbide "se destaca por la ausencia de racionalidad en la búsqueda de información", "amenaza con ser sólo escenográfico" y "conspira contra el éxito de la pesquisa" porque "el propio magistrado se ha encargado de construir un pajar" con información desordenada donde es muy difícil localizar las pruebas de los presuntos delitos.

Si a esa forma de trabajar para no arribar a nada le agregamos que es más que conocido el oficialismo de Oyarbide y que la investigación -si hubiera sido tal y no lo que es- tendría que haber abarcado a los altos funcionarios nacionales que permitieron el desvío de dinero público, podemos entonces sospechar aún con más fundamento que lo hecho por Oyarbide no ha sido un largo y pertinaz error. En efecto, a la luz del fallo de la Cámara -que en ningún momento plantea quitarle la causa al magistrado ni solicitarle el juicio político- es imposible no suponer que el juez haya orientado su trabajo con el solo objetivo de condenar la investigación al fracaso para proteger al Gobierno y a la presidenta de la Fundación, Hebe de Bonafini, tan aliada del Gobierno como el propio juez.

Una malversación de cientos de millones de pesos estatales destinados a paliar el déficit de viviendas de los sectores carenciados jamás podría concretarse a lo largo de varios años sin la activa complicidad de altos funcionarios del Gobierno.

Para comprender la descarada actitud de Oyarbide y del Gobierno que lo protege tanto como él al Gobierno, hay que tener en cuenta que este caso desnuda la manipulación ejercida por el kirchnerismo con el tema de los derechos humanos y la captación de históricos organismos del área. Se trató, desde ya, de una operación para encubrir el déficit que el kirchnerismo arrastraba en la materia mientras gobernó Santa Cruz.

En el caso de que una investigación en serio llegara a probar que ese apoyo a la causa de las Madres -convertida ahora en una gigantesca empresa constructora- escondía un negociado con fondos estatales para ganar voluntades políticas en las provincias y comunas donde se edificarían las viviendas y, al mismo tiempo, permitía el cobro de coimas, pues no había control oficial de los fondos, el escándalo sería mucho mayor. Por eso puede conjeturarse que Oyarbide lo circunscribió a los hermanos Schoklender y sus socios, y a un simple caso de administración infiel por parte de éstos.

El juez habría sido cómplice del encubrimiento cuando, en los inicios del caso, no allanó la Fundación para hacerse con sus libros contables, que seis meses después siguen sin aparecer. Del mismo modo, y siempre debido a este magistrado, difícilmente aparezca la verdad real del escándalo y la nómina completa de los culpables. Quizá por eso, inmune a las críticas de la Cámara, Oyarbide afirmó cínicamente al día siguiente que seguirá "adelante" y "con más fuerza que nunca".