Otra obra social bajo investigación de Oyarbide
El juez federal Norberto Oyarbide le solicitó a su colega Marcelo Martínez de Giorgi que "decline su competencia" y le remita "por conexidad" una causa en la que investiga la presunta utilización de troqueles falsos en la obra social de los Químicos y Petroquímicos.
Fuentes judiciales indicaron que Martínez de Giorgi accedió al pedido, al considerar que "claramente es el mismo objeto procesal en ambos procesos, por lo que la adecuada administración de justicia y celeridad en los procesos radica en que un único juez concentre ambos trámites judiciales".
En este expediente se investiga una presunta "adulteración del producto Mabthera", un fármaco fabricado por la multinacional F. Hoffman La Roche que "serían desviados de hospitales, obras sociales o directamente de pacientes que los utilizan, y vendidos a la obra social".
Según sospechaba Martínez de Giorgi, el gerente de la Obra Social, Sergio Alberto Zapata, tendría "pleno conocimiento de la maniobra", motivo por el cual ya le tomó declaración indagatoria -junto a otros cuatro imputados- y efectuó un allanamiento el 26 de noviembre último.
Oyarbide entendió que allí se investiga "la presunta defraudación al Estado, a través de la tramitación de expedientes en forma irregular ante la Administración de Prestaciones
Especiales, surgiendo la sospecha de que la obra social mencionada habría utilizado troqueles falsos a los fines de justificar los subsidios solicitados".
Por ese motivo, y porque "resulta necesario contar con él (expediente) para poder determinar la forma en la cual los medicamentos fueron extraídos de los canales sanitarios" el juez pidió la incompetencia de Martínez de Giorgi, quien accedió al pedido de su colega y "declinó" su competencia.
En este expediente se investiga una presunta "adulteración del producto Mabthera", un fármaco fabricado por la multinacional F. Hoffman La Roche que "serían desviados de hospitales, obras sociales o directamente de pacientes que los utilizan, y vendidos a la obra social".
Según sospechaba Martínez de Giorgi, el gerente de la Obra Social, Sergio Alberto Zapata, tendría "pleno conocimiento de la maniobra", motivo por el cual ya le tomó declaración indagatoria -junto a otros cuatro imputados- y efectuó un allanamiento el 26 de noviembre último.
Oyarbide entendió que allí se investiga "la presunta defraudación al Estado, a través de la tramitación de expedientes en forma irregular ante la Administración de Prestaciones
Especiales, surgiendo la sospecha de que la obra social mencionada habría utilizado troqueles falsos a los fines de justificar los subsidios solicitados".
Por ese motivo, y porque "resulta necesario contar con él (expediente) para poder determinar la forma en la cual los medicamentos fueron extraídos de los canales sanitarios" el juez pidió la incompetencia de Martínez de Giorgi, quien accedió al pedido de su colega y "declinó" su competencia.