Otra crisis con la Corte Suprema

El caso que llegó más lejos (no el más inexplicable) es el de Moyano, porque provocó otra escalada en la tensión que ya existía entre el Gobierno y la Corte Suprema. Los máximos jueces del país se vieron, en los últimos días, como víctimas de una intensa operación oficial para culparlos de pecados que no cometieron. El Gobierno necesitaba que alguien se hiciera cargo de las desventuras suizas de Moyano, aunque el propio Gobierno las dejó crecer hasta que llegaron a la Justicia.

La política argentina tiene un arte singular para distraerse muy lejos de las cuestiones centrales. ¿Quién es el culpable de las angustias que sufre Moyano? ¿Un innominado intendente del conurbano que viajó a Suiza, como denunció el propio Moyano? ¿La Corte Suprema de Justicia por haber difundido en su portal de Internet que existía aquí un exhorto de la justicia suiza con motivo de una investigación al jefe de la CGT? ¿La ex embajadora suiza Carla del Ponte, porque era crítica de los niveles de corrupción argentinos y del propio Moyano?

Gobierno y gremialistas sacaron en apenas cinco días los reflectores del escenario verdadero. Las preguntas que debieron hacerse eran otras: ¿hay en Suiza dinero de Moyano que no fue declarado en la Argentina o que se obtuvo de manera ilegal? ¿Merece el exhorto suizo una investigación propia de la justicia argentina sobre esos supuestos delitos? ¿Qué relación existe entre el líder gremial y la empresa Covelia, que giró a Suiza el dinero bajo sospecha? Todo eso desapareció de la discusión política y de la pesquisa judicial.

La Corte Suprema es culpable de tener un sitio web para difundir la información de los tribunales, según denunciaron funcionarios del Gobierno y dirigentes sindicales. La decisión de poner en marcha ese proyecto fue, al revés, una enorme contribución a la transparencia del poder constitucional menos democrático por definición. Los jueces no son elegidos por la sociedad; el secretismo de sus resoluciones lo haría menos democrático todavía. El sitio web de la Corte recibe unas 100.000 visitas por día. El Gobierno está tentado, en fin, de cerrarle la boca a otro canal informativo que no está bajo su control.

La certeza de los jueces supremos del país es que el Gobierno dejó andar el exhorto contra Moyano y luego, cuando se encontró con el grave desafío del viejo peleador, le endosó a la Corte una culpa que nunca tuvo. En efecto, la oficina de asuntos legales de la Cancillería retuvo el exhorto suizo durante diez días antes de girarlo a la Cámara Federal. ¿Qué hizo la Cancillería durante esos días? ¿Es cierto que Héctor Timerman nunca fue consultado por sus subordinados? En la Corte hay una sola convicción: el Gobierno se enteró del exhorto y permitió que el trámite siguiera su curso. Tal vez imaginó a un Moyano más débil y más dependiente del cristinismo tras la irrupción de la noticia. Las cosas no resultaron así. Moyano convocó a una virtual huelga general y amenazó con llenar la Plaza de Mayo con camiones y camioneros. El Gobierno terminó asustado.

La inferencia de la Corte no carece de argumentos. La Cancillería es un organismo burocrático y sus funcionarios de carrera jamás olvidan que existe una cadena de mandos. Ningún director de departamento giraría a la Justicia un exhorto que inculpaba a Moyano sin notificar a sus superiores y éstos al canciller y el canciller a la Presidenta. Existe la remota posibilidad de que el canciller ignorara todo, pero en ese caso ya debió temblar la Cancillería con desplazamientos, cesantías y hasta el relevo del propio Timerman. En la Cancillería no hubo ningún movimiento interno hasta ahora. Por eso, la suposición de los jueces es ya una certeza: hubo consentimiento del Gobierno para arrastrar a Moyano hasta los tribunales, pero la maniobra le salió mal.

La culpa es, entonces, de la Corte, según el Gobierno. La intensa acción psicológica de los kirchneristas llevó la inculpación hasta la ex embajadora Del Ponte. Cualquier otro país estaría orgulloso de haber tenido como embajadora suiza, hasta febrero último, a Carla del Ponte, la ex fiscal general que ayudó a los argentinos a descubrir en Suiza las cuentas de la corrupción política y la de militares acusados de violar los derechos humanos, como fue el caso de Antonio Domingo Bussi. Del Ponte persiguió obstinadamente a todos los criminales de la guerra de los Balcanes y muchos de ellos murieron en la cárcel o están presos. Es cierto, por lo demás, que fue crítica de la corrupción del kirchnerismo y de los modos matones de Moyano. Pero no está obsesionada con Moyano ni con los Kirchner ni con la Argentina.

Mientras esas cosas suceden en la Corte, el juez Norberto Oyarbide, al que le cayó el exhorto de Moyano, podría estar cometiendo el delito de violación de los deberes de funcionario público. El abogado Ricardo Monner Sans pidió que se abra en la justicia argentina una investigación sobre lavado de dinero y corrupción de funcionarios públicos sobre la base del exhorto suizo. Oyarbide debió hacer eso antes de que lo pidiera Monner Sans. Existe un antecedente: Alemania envió un exhorto parecido en 2006 sobre Armando Gostanian. El juez que lo recibió atendió el pedido alemán, pero extrajo testimonio de él porque entendió que podía señalar delitos cometidos en la Argentina. Se abrió una causa local y luego Gostanian fue procesado por eso. El juez Ariel Lijo convocó en 24 horas a Monner Sans para que ratificara su actual denuncia. Lijo estaría interpretando los hechos como Oyarbide no lo hizo o no lo quiso hacer.

El problema de la política no sólo está en los desbarajustes del Gobierno, sino también en el desconcierto de algunos de sus opositores. Mauricio Macri aprovechará la inexplicable vacancia que le están dejando el radicalismo y el peronismo disidente para lanzar formalmente su candidatura presidencial en los próximos días de abril. En la semana que se inicia, el jefe capitalino informará sobre la fecha de las elecciones en su distrito. El peronismo disidente no puede salir de una conformación que lo convierte en una confederación de líderes provinciales sin proyección nacional. Felipe Solá intentó en la semana que pasó quebrar esa inercia y buscó una solución política, que es la tarea de los políticos. Duhalde lo despachó con una negativa al día siguiente.

Dirigentes cercanos al senador Ernesto Sanz están evaluando la posibilidad de postergar la interna con Ricardo Alfonsín hasta el 14 de agosto. La corriente de Sanz necesita garantizar la afluencia de fiscales y la concurrencia de independientes, que nunca van a votar si no tienen la obligación de hacerlo; en agosto la tendrán. Sanz no tomó ninguna decisión todavía, pero fue terminante con una definición: No me bajaré de la candidatura .

La eventual decisión podría ser entendible desde el punto de vista de Sanz y del radicalismo, pero postergaría demasiado las definiciones en la oposición. El propio sistema de alianzas también se demoraría interminablemente. ¿Qué haría Elisa Carrió, ante esa indefinición, luego de haber abierto las puertas a un diálogo posterior a la interna radical prevista para el 30 de abril? Los radicales son a veces difíciles de comprender: el alfonsinismo enhebró un acuerdo con el kirchnerismo para las elecciones de Neuquén y el radicalismo aceptó como propio al gobernador de Río Negro, Miguel Saiz, un kirchnerista confeso. Así no se puede , se oyó a Carrió.

Menem, Moyano y Saadi son pésimas compañías para cualquiera, pero el Gobierno cree que la oposición le deja el margen suficiente como para pasearse, impune, del brazo de todos ellos.