Organismos de control desvirtuados

Luego de casi 30 años de vida democrática en la que hemos visto sucederse gobiernos de diferente tinte político, nunca prevaleció una política oficial tan abiertamente abusiva como la que actualmente lleva adelante el Poder Ejecutivo Nacional. En nombre de instrucciones recibidas de la Presidenta, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, perpetró todo tipo de maniobras y atropellos manipulando a algunos organismos estatales de control y, con ellos, la actividad del Estado y de muchas empresas privadas.

Son muchos los ejemplos y gigantesco el deterioro de algunos de estos organismos. Baste pensar en el Indec, cuyo prestigio nacional e internacional ha sido degradado y su credibilidad, tan mellada y cuestionada que nada menos que cinco universidades nacionales se han manifestado en contra de su metodología para establecer las variables mensurables de nuestra economía.

El devaluado instituto maneja los guarismos que, entre otras cosas, sirven para reflejar desde la medición de la pobreza hasta la actualización de los títulos de deuda comprometidos por nuestro país con sus acreedores externos. El juicio de la realidad es lapidario: las cifras del Indec hace mucho que no son fidedignas y se han vuelto inverosímiles para locales y extranjeros.

Otro grave ejemplo de desvío de poder lo constituye el desempeño de la Comisión Nacional de Valores (CNV), entidad que ante el público inversor y las sociedades cotizantes en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires había ganado prestigio por su profesionalidad y capacidad técnica en resguardo del mercado de capitales. El ataque del Gobierno a los medios periodísticos independientes y, particularmente, la guerra que libra contra Papel Prensa y sus accionistas privados incluye irregulares procedimientos de hostigamiento por parte de este organismo.

Para poder desnaturalizar su desempeño y abusar de sus facultades, Moreno empezó descabezando su conducción al forzar la renuncia de su presidente, Eduardo Hecker, reemplazándolo por Alejandro Vanoli.

A partir de entonces, el repentino interés de la CNV por una empresa con escasísimo movimiento en la Bolsa fue creciente. En pocos meses, se ordenaron inspecciones; se declararon "inoponibles a los efectos administrativos" decisiones del directorio de la sociedad en menos de 24 horas por motivos baladíes; se cuestionaron balances por hallarse los estados contables firmados tanto por el presidente saliente como por el entrante en una misma acta; se impartieron instrucciones al directorio con proclamas que debían ser leídas antes de las reuniones; se cuestionó la elección del presidente de la sociedad; se ordenó la postergación, en algunos casos, y se impugnó la convocatoria a reuniones de directorio, en otros, por cuestiones semánticas en torno del orden del día y arribando a resoluciones administrativas que luego fueron tomadas como fundamento por Moreno para pedir la intervención judicial de la empresa y que, más tarde, fueron dejadas sin efecto por la justicia comercial.

Así, el ente de contralor se convirtió en una herramienta de persecución e intimidación, lo que motivó el pedido de recusación con causa de todo el directorio de la CNV y la promoción de acciones de responsabilidad contra sus integrantes.

Podrá cuestionarse una opinión como la vertida desde estas columnas, pero no poner en duda lo resuelto por la Sala C de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, que ha revocado por unanimidad todas y cada una de las decisiones de la CNV en la materia. Se trata nada menos que de 11 resoluciones judiciales vinculadas a los expedientes de Papel Prensa que, además de revocar las medidas, declararon a algunas de ellas "nulas de nulidad absoluta".

Cuando un organismo como la CNV dicta tantas resoluciones en un corto lapso contra una sociedad a la que jamás había observado, por motivos absurdos y sin sustento fáctico ni legal alguno, y todas y cada una de ellas pierden validez ante la independiente revisión judicial, se está ante un hecho intencionadamente persecutorio y malicioso.

Frente a lo sucedido, el desprestigio institucional debió haber provocado la renuncia en pleno del directorio de la CNV, pero contrariamente a lo que hubiera correspondido, con desazón y vergüenza, la ciudadanía recibe otra muestra de la pérdida de valor moral de un organismo que era considerado serio y confiable.

Es de esperar que luego de las sentencias del Poder Judicial, los graves abusos y desvíos de poder referidos del Indec y la CNV, a los que se suman otros lamentables ejemplos, como los de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca, ex Comfer) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), no continúen su impune expansión hacia otros organismos que fueron creados para la debida protección de los ciudadanos y no para convertirse en instrumentos ejecutores de los arbitrarios designios políticos del poder de turno.

Cuando el Estado pretende arrogarse promiscuamente atribuciones societarias que no le corresponden, provoca desbordes que, como señaló con razón e inusual dureza la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, emulan "la estructura de los controles económicos impuestos por el Reich alemán durante el régimen nazi".