Pero la “cuarentena estricta”, ampulosamente escenificada, es trucha. Seguirán trabajando 2.600 empresas industriales en las áreas encuarentenadas, que son muchas más, porque ellas “podrán pedir la habilitación de sus proveedores”, lo cual lleva el número a un límite desconocido. A estas se suman las esenciales iniciales, más aquellas de los parques industriales y procesos continuos. Por otra parte, las automotrices son habilitadas por razones de recaudación y debido a los procesos “just in time”, varias, como Toyota, han pedido la habilitación de sus proveedores. La extorsión de la UIA contra la cuarentena ha dado amplios resultados como se puede apreciar. La derecha vocinglera anti “cuareterna” sigue recalentando micrófonos, mientras su política se abre paso por medio del propio gobierno y en particular del trío Fernández-Larreta-Kicillof.
Así las cosas, la promocionada vuelta a la “fase 1,5” recae sobre los comerciantes que cierran y despiden a mansalva, y en otros casos empiezan a rebelarse. Pero especialmente sobre el descomunal sector cuentapropista y de laburantes en negro, quienes serán las víctimas del vasto operativo de tropas. Kicillof ha dado la orden de “vaciar las calles” a los intendentes del conurbano y su política es el despliegue conjunto de tropas federales junto a la Bonaerense. O sea, más Berni en la calle, quien llega en moto a los controles para las cámaras. Pero el peronista Gastón Granados, de Ezeiza, autorizó 37 actividades, desde lavanderías hasta entrenadores de atletismo, y el cambiemita Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, dice “no voy a perseguir comerciantes”.
A estas alturas de la crisis económica y social, la cuarentena no se garantiza solo con decretos sanitarios. Pero, además, solo el 13% de los porteños se atiende en el hospital público. El otro 87% está fuera de control por el simple hecho de que nadie controla a la medicina privada ni a las obras sociales, que operan con la lógica empresarial de reducción de costos. Por eso no se testean sus contactos estrechos y son enviados a cumplir la cuarentena a su casa, sin control social alguno, porque no quieren asumir el pago de los hoteles de aislamiento. Es el más completo descontrol de las rutas de expansión del virus. Eso depende solo de los hospitales públicos y del plan Detectar, que representa una gota en el océano. En la provincia de Buenos Aires, las cosas no son demasiado diferentes. La cuestión de la centralización del sistema de salud se hará de vida o muerte con el correr de las semanas.
Profundizan el ajuste
Ha conmovido el dato de la semana: con el 26,4% de caída del PBI, abril es el mes de mayor desplome de la historia económica argentina. Diez puntos más que en la crisis terminal de 2002, donde la desocupación superó los 20 puntos. Con ese dato en la mano y la previsión del -siempre equivocado- FMI de una caída anual de dos dígitos, la OIT ha estimado en 860.000 despedidos la pérdida de empleo en la Argentina, en el marco de los 400 millones a escala mundial.
En este cuadro, el gobierno de los Fernández reluce en América Latina como el que menor paquete fiscal destinó a enfrentar la pandemia, apenas más del 2% del Producto Bruto y menos del 3%, según reconoció el propio Presidente en su mensaje grabado, para evitar preguntas incómodas. Sin duda, una ofrenda preciosa en la mesa de los acreedores y el FMI. Y van por más ajuste. El tercer pago de la IFE regirá solo para las áreas en “cuarentena estricta”, Amba, Chaco, Roca en Río Negro y Neuquén capital. El resto de la extendida geografía de la pobreza argentina es arrojada al hambre porque la depresión económica no tiene vías de salida, tal vez por años. Por ejemplo, Salta deja de percibir 363.000 IFE y, así de corrido, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, el gran Rosario, el gran Córdoba o capitales de la pobreza argentina, como toda la provincia de Formosa.
Los ATP también fueron reducidos, cuando se anuncian 61.000 empresas en riesgo de cerrar (Ambito, 1/7) y 24.000 comercios que ya cerraron en la Capital. El aguinaldo es cuotificado en el Estado y en la actividad privada directamente es un albur, puede cobrarse, cuotificarse o no cobrarse, según el arbitrio patronal. Los salarios han caído en su poder adquisitivo en marzo y abril, según el Indec, no hay más paritarias. No puede faltar en este recuento la suspensión de la movilidad jubilatoria que viene unida a la armonización en las provincias, que suprime los regímenes especiales e “iguala” hacia abajo los haberes jubilatorios, asimilándolos al sistema nacional en vigencia. Gustavo Bordet siguió en Entre Ríos los pasos de Juan Schiaretti y ya la implementó, mientras en Buenos Aires, el radical kirchnerista Eduardo Santín (presidente del Instituto de Previsión Social, IPS), le prepara los números de la liquidación del 82% a Kicillof.
Desde luego ha caído la recaudación, pero la reacción del gobierno ha sido otorgar una moratoria que blanquea la evasión de 400 mil millones de pesos, cuya porción mayor proviene de grandes contribuyentes o satélites de ellos. Es decir que, en medio de la pandemia, rige la fiesta del subsidio al capital y la más descomunal ofensiva sobre los trabajadores. Lo cual es un barril sin fondo, porque Argentina entera es Vicentin. Acaba de conocerse otra bancarrota de 1.400 millones de dólares, la de Molinos Cañuelas. Como sabemos, lo de Vicentin es un rescate de los vaciadores pero, además, totalmente empantanado. La completa impotencia del gobierno “nacional y popular” se aprecia también ante los 1.700 despidos de Latam.
Un régimen del FMI destinado al fracaso
El mes de junio cerró con una caída vertical de la Bolsa y los bonos de la deuda. Los BlackRock y compañía refuerzan el apriete, acompañados por toda la burguesía para arrancar más concesiones todavía en la mesa de la reestructuración de la deuda. La presión redoblada tiene una lógica: hasta ahora han conseguido concesión tras concesión por parte del gobierno, sin que como contrapartida haya habido ninguna aceptación por parte de ellos de la propuesta. El gladiador Martín Guzmán ya cedió hasta un valor presente de los bonos a 53 dólares, un 80% más que su precio de mercado, pero los fondos van por una decisión presidencial de “hombre de Estado”, que supere los límites del entreguismo del ministro académico. El menú colonial es tan variado y amplio que cualquiera de las exigencias que queden sin efecto será presentada como una victoria, pero no alterará la magnitud de la hipoteca: bonos atados a la exportación, monitoreo del artículo IV del FMI, de tal suerte que si da negativo se activa el default, que las cláusulas legales de aceleración ante el no pago no sean las que hoy se usan en el mercado internacional sino las de Lavagna, paradójicamente más favorables a los acreedores, entre otras delicias. Esto, después de conseguir cupones especiales en compensación por los intereses del período de gracia, de eliminar la quita de capital y subir el total de intereses del conjunto de los bonos de canje.
Aún así, tal vez la exigencia más grande de semejante hipoteca es lo que llaman un “verdadero programa económico”, que es la agenda del FMI: reforma fiscal e impositiva, reforma previsional y reforma laboral. Esa se discutirá en su letra chica en la renegociación con el acreedor más grande, el propio FMI. Pero si sumamos la deuda externa en su conjunto, la deuda corporativa empresarial (80.000 millones de dólares), las deudas de las provincias y el pasivo del Banco Central de ¡2,3 billones! en Leliqs, está clara la inviabilidad de todo el andamiaje capitalista de una Argentina quebrada.
En este cuadro no podemos descartar el fracaso de la reestructuración de la deuda, porque nada garantiza al repago a los acreedores. Todas las giras de Alberto Fernández y sus guiños favorables a Trump, Merkel, Macron, Netanyahu y al FMI se han revelado inútiles para que éstos pongan en caja a los grandes fondos de inversión. Como dijimos tantas veces en Prensa Obrera, la función de los Estados imperialistas es defender a sus respectivos capitales.
UIA-CGT-Iglesia, urgente el pacto social
Héctor Daer, Gerardo Martínez y compañía se han reunido con la UIA para presionar al gobierno en la convocatoria urgente de la Mesa Social. Monseñor Ojea, jefe de la Conferencia Episcopal, fue más lejos: “la pandemia no es un paréntesis, no volveremos después a la normalidad” y pidió una “mesa grande”, para enfrentar la crisis post pandemia.
Si bien las suspensiones con rebaja salarial están en marcha, si bien el aguinaldo está volviendo a 1945, antes de su existencia, si bien los despidos marchan a pesar del decreto trucho de prohibición, si bien se vulneran derechos laborales establecidos, lo que viene requiere contención, porque la ofensiva conocerá fronteras impensadas.
La UIA ha lanzado una ofensiva contra la ley de Teletrabajo, que dispone algunos límites a la superexplotación que se opera a pleno forzada por la cuarentena. Las pymes a la cabeza. Pretenden limarla en el Senado. Y tienen aliados de peso. Facundo Moyano, en el debate de teletrabajo, volvió a pronunciarse por una reforma laboral, clara y extendidamente, al punto que fue rescatado en numerosas intervenciones de los diputados de Juntos por el Cambio. Y, desde luego, cruzado por Romina Del Plá, que no dejó pasar la oportunidad. Pero esto significa que, desde Armando Cavalieri hasta el moyanismo, la burocracia sindical está a pleno en la agenda de la burguesía y el FMI.
Por otro lado, la Bicameral de la (anti)movilidad se está excediendo en su cometido. En sesiones no públicas debaten una reforma previsional en regla, que incluye la mencionada armonización, pero también rebajas en el haber inicial y en los aportes para disociar definitivamente la jubilación del salario en actividad.
Organicemos la reacción de los trabajadores
Las prevenciones de la burocracia, los industriales y el clero no son casuales. El agravamiento de la lucha de clases está en cuenta regresiva. La colorida propuesta de independización de la “república de Mendoza” de Alfredo Cornejo, solo expresa el desconcierto de la clase capitalista y sus políticos ante la magnitud de la crisis. La depresión económica en desarrollo en el marco de la depresión económica mundial empujará a las distintas capas de trabajadores y clases populares a luchar de una u otra forma.
El rol de la izquierda revolucionaria y el clasismo es organizar esa lucha y brindarle un programa de salida, construyendo una alternativa política. No como fuerza de presión del gobierno, como nos plantea la centroizquierda, que hoy también se esfuerza en el objetivo contención por la vía de “rescatar lo bueno y criticar lo malo” desde las filas mismas del gobierno fondomonterista, como los Lozano, los PCR, CTAs y compañía.
Con hambre no hay cuarentena. Vamos a los barrios y a las fábricas. Organicemos a los “sin ingresos” por 30.000 pesos mensuales de seguro al parado, a los jubilados por un aumento de emergencia que lleve la mínima a ese importe. Ninguna rebaja salarial, pago del aguinaldo. Que no pase ningún despido ocupando cada fábrica que cierra por su estatización sin pago y bajo gestión obrera. Apertura de los libros al control de los trabajadores. Centralización del sistema de salud. No pago de la deuda. Impuesto progresivo a grandes rentas y fortunas. Nacionalización del comercio exterior, de la banca y los recursos estratégicos. Por una reorganización económica y social dirigida por los trabajadores.
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