Once: acusan a funcionarios de malversación
Ex funcionarios de la Secretaría de Transporte y el actual subsecretario deberán responder a la Justicia por malversación de fondos públicos, por no controlar los subsidios que recibió TBA.
Ex funcionarios de la Secretaría de Transporte -entre ellos, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi- y el actual subsecretario, Antonio Luna, deberán responder ante la Justicia por malversación de fondos públicos, por no haber controlado el destino de los subsidios que recibió la empresa TBA, lo que fue considerado determinante para que se produjera la tragedia de Once, el 22 de febrero pasado, según la acusación del fiscal.
La pena por ese delito, por el que serán indagados el mes próximo, es de hasta 10 años de cárcel. Los responsables de la concesión -el grupo Cirigliano- fueron considerados partícipes. Además, la fiscalía les enrostró a los funcionarios, empresarios y al motorman haber actuado con negligencia, lo que provocó el descarrilamiento, delito castigado con hasta cinco años de cárcel.
El fiscal federal Federico Delgado aseguró así que en la tragedia, en la que murieron 51 personas, confluyeron las responsabilidades de los funcionarios que permitieron el desvío de fondos de los subsidios, el mal estado de la formación, las deficiencias de funcionamiento de un freno de emergencia y del parachoques del andén, y la eventual conducta del motorman, que pudo no haber frenado a tiempo.
Con este análisis, cuando el juez federal Claudio Bonadio indague a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, al subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna, al titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Antonio Sicaro, y su antecesor Pedro Ochoa Romero, deberán responder por el delito de peculado, que castiga a los funcionarios que sustrajeron caudales. Para el fiscal son "cómplices de esa sustracción" por permitir el desvío de fondos de los subsidios.
Según el escrito que el fiscal entregó ayer a Bonadio, los responsables de TBA y Cometrans son los sospechosos, ya identificados por Bonadio: los hermanos Mario y Claudio Sergio Cirigliano; Carlo Michelle Ferrari, presidente de TBA; Jorge de los Reyes, vicepresidente de TBA y Oscar Gariboglio, vicepresidente de Cometrans; Sergio Tempone, gerente de operaciones; Roque Cirigliano, gerente de material rodante; Daniel Lodola, gerente de la línea Sarmiento; Pedro Ranieri, jefe del taller de Castelar; Luis Ninona, superior de Ranieri, y Marcos Córdoba, el maquinista, además de catorce directores de TBA y Cometrans.
Entendió Delgado que los funcionarios, los empresarios y el maquinista fueron eslabones de una cadena de actuaciones negligentes que determinaron que deban responder en un juicio oral. Por eso los acusó de actuar sin intención, pero con desidia, una acusación similar a la de estrago culposo, por el que fueron condenados los responsables de la tragedia de Cromagnon.
"Hubo negligencias y no todas ocurrieron en el mismo tiempo. Sin embargo, todas fueron eslabones de una cadena que se cerró el 22 de febrero. Schiavi, Jaime y Luna, que no implementaron decisiones de control. El desempeño de Ochoa Romero y de Sícaro no traspasó la formalidad. Córdoba, que no prestó la atención necesaria. Los integrantes del grupo Cirigliano que se guiaron por un frío interés de lucro al que subordinaron el compromiso asumido al firmar el contrato de concesión. Todos ellos encadenaron sus "negligencias" y causaron el resultado", escribió Delgado.
Y explicó el rol que le cupo a cada uno en la tragedia: Jaime, como secretario de Transporte entre 2003 y 2009, Schiavi, su sucesor y Luna -aún subsecretario de Transporte Ferroviario-"crearon el contexto" para que se produjera el choque del tren. La CNRT, que debía controlar a los concesionarios, cumplió un rol formal, porque impuso sanciones por falencias en el servicio, nunca ejecutadas. Para Delgado hubo "una complicidad, probablemente anclada en un pacto (expreso o tácito) entre TBA, la CNRT y la Secretaría de Transporte, lo que disolvió cualquier chance de control".
Dice, además, el fiscal en su presentación: "El concesionario hizo cuanto quiso, no cumplió con las pautas del contrato; en particular con las inversiones y mantenimiento. Pese a ello, el Estado inyectó fondos pero los funcionarios deliberadamente optaron por no controlar refugiándose en la sacralidad del «expediente» que se convirtió en un simple recurso para ocultar la realidad y, eventualmente, proporcionar una explicación a los organismos de control y/o a la opinión pública. Esta connivencia es lo que en derecho penal se denomina complicidad criminal", firmó el fiscal.
La pena por ese delito, por el que serán indagados el mes próximo, es de hasta 10 años de cárcel. Los responsables de la concesión -el grupo Cirigliano- fueron considerados partícipes. Además, la fiscalía les enrostró a los funcionarios, empresarios y al motorman haber actuado con negligencia, lo que provocó el descarrilamiento, delito castigado con hasta cinco años de cárcel.
El fiscal federal Federico Delgado aseguró así que en la tragedia, en la que murieron 51 personas, confluyeron las responsabilidades de los funcionarios que permitieron el desvío de fondos de los subsidios, el mal estado de la formación, las deficiencias de funcionamiento de un freno de emergencia y del parachoques del andén, y la eventual conducta del motorman, que pudo no haber frenado a tiempo.
Con este análisis, cuando el juez federal Claudio Bonadio indague a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, al subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna, al titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Antonio Sicaro, y su antecesor Pedro Ochoa Romero, deberán responder por el delito de peculado, que castiga a los funcionarios que sustrajeron caudales. Para el fiscal son "cómplices de esa sustracción" por permitir el desvío de fondos de los subsidios.
Según el escrito que el fiscal entregó ayer a Bonadio, los responsables de TBA y Cometrans son los sospechosos, ya identificados por Bonadio: los hermanos Mario y Claudio Sergio Cirigliano; Carlo Michelle Ferrari, presidente de TBA; Jorge de los Reyes, vicepresidente de TBA y Oscar Gariboglio, vicepresidente de Cometrans; Sergio Tempone, gerente de operaciones; Roque Cirigliano, gerente de material rodante; Daniel Lodola, gerente de la línea Sarmiento; Pedro Ranieri, jefe del taller de Castelar; Luis Ninona, superior de Ranieri, y Marcos Córdoba, el maquinista, además de catorce directores de TBA y Cometrans.
Entendió Delgado que los funcionarios, los empresarios y el maquinista fueron eslabones de una cadena de actuaciones negligentes que determinaron que deban responder en un juicio oral. Por eso los acusó de actuar sin intención, pero con desidia, una acusación similar a la de estrago culposo, por el que fueron condenados los responsables de la tragedia de Cromagnon.
"Hubo negligencias y no todas ocurrieron en el mismo tiempo. Sin embargo, todas fueron eslabones de una cadena que se cerró el 22 de febrero. Schiavi, Jaime y Luna, que no implementaron decisiones de control. El desempeño de Ochoa Romero y de Sícaro no traspasó la formalidad. Córdoba, que no prestó la atención necesaria. Los integrantes del grupo Cirigliano que se guiaron por un frío interés de lucro al que subordinaron el compromiso asumido al firmar el contrato de concesión. Todos ellos encadenaron sus "negligencias" y causaron el resultado", escribió Delgado.
Y explicó el rol que le cupo a cada uno en la tragedia: Jaime, como secretario de Transporte entre 2003 y 2009, Schiavi, su sucesor y Luna -aún subsecretario de Transporte Ferroviario-"crearon el contexto" para que se produjera el choque del tren. La CNRT, que debía controlar a los concesionarios, cumplió un rol formal, porque impuso sanciones por falencias en el servicio, nunca ejecutadas. Para Delgado hubo "una complicidad, probablemente anclada en un pacto (expreso o tácito) entre TBA, la CNRT y la Secretaría de Transporte, lo que disolvió cualquier chance de control".
Dice, además, el fiscal en su presentación: "El concesionario hizo cuanto quiso, no cumplió con las pautas del contrato; en particular con las inversiones y mantenimiento. Pese a ello, el Estado inyectó fondos pero los funcionarios deliberadamente optaron por no controlar refugiándose en la sacralidad del «expediente» que se convirtió en un simple recurso para ocultar la realidad y, eventualmente, proporcionar una explicación a los organismos de control y/o a la opinión pública. Esta connivencia es lo que en derecho penal se denomina complicidad criminal", firmó el fiscal.