¿Olvido o trampa? Primarias en un fin de semana largo lectura

El lunes 15, siguiente a los comicios del 14 de agosto, es feriado nacional porque se traslada el del 17 que conmemora la muerte de José de San Martín. Ese puente no laborable fue establecido para fomentar el turismo, es decir que la gente viaje a destinos lejanos de su domicilio.

Si esa ley no se reforma (en la Argentina eso quiere decir que Cristina de Kirchner firme un DNU), la previsión es que habrá -pese a la obligatoriedad- una reducción en la asistencia a las urnas, hecho que los baqueanos de la política saben que beneficia a los grandes partidos que movilizan a votantes cautivos de sus consignas (peronismo y radicalismo) y castiga la participación del electorado suelto o independiente. Con la vigencia de ese feriado -programado después de que se sancionara la ley que prevé la fecha del 14 de agosto- las dos formaciones tradicionales tendrán un beneficio objetivo por la menor participación de votantes.

Éste será uno de los temas que tratarán hoy los jueces que integran la Cámara Nacional Electoral con los apoderados de los partidos nacionales en la sesión de terapia que mantendrán en la sede de ese tribunal a pocos metros de la Casa Rosada. Este encuentro, previsto como una sesión para formular y responder dudas y quejas de los partidos por la aplicación por primera vez de este sistema de internas obligatorias, adquirió en las últimas horas un relieve notable porque se sumó la presencia del titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, quien desembarca en otra de las zonas contaminadas -como el Riachuelo, las cárceles y las jubilaciones, temas que ha abordado el tribunal por la molicie de los otros poderes- de la vida pública criolla que son las elecciones.

Esta presencia de Lorenzetti tiene una entrelínea más que fuerte en respaldo de la posición de la Justicia electoral, que se considera marginada de la organización de las elecciones a partir del avance del Poder Ejecutivo en la instrumentación de los comicios. En la sanción de las normas vigentes que reformaron el Código Electoral y en su reglamentación, la Justicia electoral dice no haber sido consultada y que le fueron quitadas atribuciones en un sistema que desde 1983 preveían que la Justicia lograse, con el paso de años, el rol central en las elecciones.

Los magistrados de este fuero, y especialmente los camaristas, han formulado la queja por ese avance de manera callada para preservar su autoridad y reforzar el rol de vigilantes para que las normas, les gusten o no, se cumplan y que las elecciones nacionales no entren en la «cromañización» que se ha visto en comisiones provinciales, la última en Chubut. En ese distrito se votó hace más de un mes y nadie sabe quién ganó.

Que ni el Gobierno ni el Congreso se hubieran dado cuenta de que es un dislate poner una elección en un fin de semana largo es en estas horas asunto de bromas en los pasillos de tribunales, algo que refleja el mal humor del fuero electoral y que puede despuntar en la reunión de hoy.

Los jueces y apoderados que han discutido este entuerto de fechas no dramatizan el hecho de que haya menos concurrencia que la esperada por el feriado largo: creen que estas primarias -verdadera real estatización de las internas que antes estaban reservadas a la cartas orgánicas de los partidos- se hacen sin que nadie pueda prever las consecuencias de un sistema complejo, no ensayado y que debuta en medio de una crisis política.

Con jueces, apoderados, jefes de mesa y fiscales que no están debidamente entrenados, dicen, mejor que vaya poca gente para amortiguar los problemas que surjan de esta experiencia que algunos responsabilizan a los aprendices de brujo del Ejecutivo y del Congreso.

La Justicia está preparada para que hoy, o en las próximas semanas, haya una catarata de impugnaciones judiciales a los decretos de reglamentación de las primarias que se conocieron el 15 de abril pasado. El tema más débil de esas normas es que habilita las «listas de adhesión» (art. 15° del decreto 443/2011) -las mal llamadas colectoras- en las elecciones nacionales. Su inclusión fue tema de largos debates en el oficialismo y ahora puede seguir en los tribunales a partir de una interpretación que dice que viola el art. 10° de la Ley de Partidos Políticos, reformada hace dos años, que le exige a las alianzas no una mera adhesión sino un vínculo jurídico que además debe reflejarse en un programa común que debe conocer el votantes antes de ir a la urna.

El debate dentro del peronismo, dice esta percepción, demuestra que entre el programa de Daniel Scioli y el de Martín Sabbatella hay diferencias que debilitan y hasta imposibilitan el vínculo jurídico que exige la ley y que la reglamentación ha procurado amortiguar con el lema de «listas de adhesión».

Las impugnaciones que puedan llegar las deberán atender los jueces en tiempo relámpago; esperan que las debilite el gusto que le están tomando los partidos de la oposición a este sistema de adhesiones. Pese a que las fustigan en público radicales y peronistas disidentes, las adhesiones están siendo consideradas en sus armados de campaña.

Esto neutraliza la virulencia de los apoderados de esos partidos y deja las apelaciones en manos de los abogados independientes que pueden promover en tribunales que este tema se debata aunque no termine volteando el sistema. Les servirá la oportunidad a los magistrados de destilar sus quejas por este armado que pone en manos del Ejecutivo, según su mirada, todo el juego electoral con un régimen reglamentado con la firma de uno de los competidores (Cristina de Kirchner). Este extremo es no sólo una pincelada extravagante de la argentinidad; expresa también otras carencias. Si la Presidente hubiera querido no firmar el reglamento de su propia elección, pudo aprovechar un viaje y que los decretos los suscribiesen Julio Cobos (un imposible político), José Pampuro o Eduardo Fellner, un imposible técnico porque nunca les han dejado firmar nada importante cuando han ejercido interinamente el mando.

Para hoy se espera también que algunos partidos de la oposición cuestionen el sistema de publicidad electoral que será provista por el Estado, tema ya de proyectos de ley en el Congreso que nadie cree en serio que sean sancionados. La oposición se queja de que mientras los partidos no pueden hacer publicidad de campaña sí lo hacen -con el justificativo de la publicidad de los actos de Gobierno- el nacional, los de las provincias y hasta el de Mauricio Macri. Los quejosos no tienen palo en donde rascarse porque los medios audiovisuales, que serían los perjudicados por la prohibición de emitir publicidad de los partidos, serán compensados por la merma con fondos del Estado que si no llegaron, están por llegar.

La reunión que presidirá Lorenzetti está previsto que dure un par de horas, límite que no da para que los apoderados sumen más inquietudes. Por ejemplo la que pueden manifestar algunos sobre temas de fondo del sistema electoral, como el trajinado voto obligatorio. Si aparece hoy, los camaristas electorales tienen respuesta: están a punto de emitir un sesudo dictamen que trata ese tema a fondo para responder a una demanda que cuestiona ese mecanismo compulsivo de elección de representantes que es otra de las rarezas de la Argentina.

La conclusión es la esperable: el voto obligatorio figura en la Constitución por imposición de Carlos Menem y Raúl Alfonsín en la reforma de 1994 y sin que estuviera previsto en el núcleo de coincidencias básicas que votó el Congreso. Si alguien quiere cambiar eso debe pedir que se reforme la carta magna, algo a lo que nadie se animará durante muchos años.