Nuevos aires para el negocio petrolero

La presidenta Cristina Fernández embistió hace unas semanas duramente contra las petroleras, pero especialmente contra YPF, la empresa cuyos capitales mayoritarios están en manos de la española Repsol (57%), y que cuenta con un socio  en Argentina, la familia Esquenazi, quienes tienen el 25% y el gerenciamiento, mientras que el resto está en manos de pequeños inversores y en los mercados de valores.

Decíamos hace algunas semanas que algo se rompió en el romance entre los socios locales y el gobierno, ya que este cambio abrupto marca una ruptura de una alianza estratégica que había sido tejida por Néstor Kirchner y formaba parte de la estrategia de "argentinizar" las grandes empresas. Muchos empresarios argentinos, amigos del gobierno, pudieron hacerse de empresas de servicios públicos de esa manera.

Cuando los Esquenazi  compraron su porcentaje, tomaron préstamos internacionales y, ante su necesidad de pagar con el flujo de caja de la compañía, obtuvieron el guiño del gobierno, que liberó el precio de los combustibles.
 
La familia argentina, a su vez, acordó con Repsol que se distribuirían el 90% de las utilidades (maximizadas por el guiño del gobierno) para tener el efectivo necesario para cancelar sus deudas. En los últimos dos años YPF distribuyó utilidades por 3.500 millones de dólares.

Ahora el gobierno les cambia el juego y quiere que reinviertan esas utilidades para aumentar la producción de crudos e incrementar la capacidad de procesamiento en las refinerías. YPF se defiende diciendo que el año pasado invirtió más de 13.000 millones de pesos, tanto en exploración como en producción en refino.

Legalmente, el gobierno no puede obligarlos, aunque las restricciones para remitir utilidades al exterior pueden complicar el panorama y el más comprometido será el grupo Esquenazi, que se quedará sin su fuente de financiamiento para pagar las deudas contraídas.

Además, el gobierno sigue equivocando la estrategia impositiva. Las ganancias reinvertidas no son desgravadas, como se hace en todo el mundo, y el impuesto cae sobre los balances de la empresa y no sobre los accionistas que cobran utilidades.
 
Esto termina estimulando que se distribuyan ganancias a expensas del patrimonio corporativo. Con el tiempo, se obtienen empresas insolventes con accionistas millonarios.

Esta situación hizo pensar a algunos en la posibilidad de estatizar nuevamente la empresa, aunque su valor actual, cercano a los 15.000 millones de dólares, representa un precio imposible de asumir por parte del gobierno. No obstante, declaraciones, como las del vicepresidente Boudou, en el sentido de que la empresa debe tener "sentido nación", marcan una tendencia.

De todos modos, el gobierno podría bajarle abruptamente el valor a la compañía si, en acuerdo con los gobernadores, decidieran, en conjunto, revertir las concesiones por falta de inversiones, lo que generó una desvalorización total de la compañía y, por supuesto, juicios por doquier y problemas diplomáticos con España.

El problema del gobierno es que la experiencia de Enarsa ha sido muy mala y no tiene expertos ni capital para asumir la explotación de dichos yacimientos.

Por ahora, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, sigue con sus carpetas bajo el brazo mostrando los planes de inversión de la compañía, aunque el gobierno ya canceló los programas que subsidiaban la exploración y la ampliación de la capacidad de refino en las destilerías.

Mientras tanto, los gobernadores, unidos en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) apoyan la presión del gobierno nacional y es lógico ya que son los principales perjudicados por la caída de la producción.

Pero nada han dicho por la pérdida de ingreso por la fijación arbitraria de un precio en boca de pozo para el crudo que equivale al 50% del precio internacional.

Todo hace parecer que, una vez más, la obediencia debida de los mandatarios con el gobierno nacional postergará los legítimos reclamos provinciales. Mientras los gobernadores salen a endeudarse, no tienen el coraje de reclamar lo que les corresponde, por derecho, a sus provincias.