Nuevo avance del Gobierno sobre el sector privado
La decisión del Gobierno de ampliar su representación en las empresas de las cuales tiene acciones la ANSeS constituye un nuevo avance del oficialismo sobre el sector privado, afecta la seguridad jurídica y agrega un nuevo elemento de incertidumbre a la economía.
Como consecuencia de la estatización de las AFJP, el Estado recibió las acciones de las empresas en las que las administradoras privadas de jubilaciones y pensiones habían adquirido. Dado que el cambio generó inquietud en el sector privado, el Gobierno acordó nombrar los representantes del Estado en acuerdo con las empresas y, a través del entonces director de la ANSeS, Amado Boudou, aseguró en el Congreso que el Estado mantendría una participación del 5%.
Ese compromiso fue desconocido abruptamente la semana pasada con la emisión de un decreto de necesidad y urgencia que habilita al Gobierno a nombrar más directores en 42 empresas.
El primer aspecto de esta decisión es que se utilizó un instrumento establecido para la toma de decisiones en situaciones de urgencia, requisito que no se cumple en este caso, por lo cual es jurídicamente cuestionable.
Por otra parte, una medida trascendente como aumentar la presencia del Estado en empresas privadas de primera magnitud, no debería ser adoptada en forma intempestiva sino ser sometida a una discusión parlamentaria.
El procedimiento del Ejecutivo forma parte, por lo tanto, de la política oficialista de gobernar eludiendo el debate parlamentario, lo que se refleja en el casi nulo funcionamiento del Congreso en lo que va del año.
Sin embargo, y como fue admitido por representantes del Gobierno, la urgencia se debió al propósito llegar a tiempo para intervenir en la asamblea anual de varias empresas, especialmente en una del Grupo Techint, que es desde hace tiempo objeto de una ofensiva oficial y en cuyo directorio debe reemplazarse a un director saliente.
Los objetivos de la decisión oficial son todavía motivo de conjetura. En una declaración realizada en el Congreso el martes pasado, el actual director de la ANSeS, Diego Bossio, sostuvo el único objetivo del Gobierno es promover la distribución de los dividendos, lo cual pondría de manifiesto el interés del Gobierno de aumentar sus recursos en pleno año electoral, aunque eso afecte los programas de inversión de utilidades de las empresas.
No obstante, considerando el antecedente de la citada promesa de Boudou en el mismo recinto, las afirmaciones de Bossio no pueden generar mucha credibilidad.
Mucho más cuando existen sectores del Gobierno y del oficialismo que consideran esta decisión como parte de una ofensiva más amplia destinada a incrementar la ingerencia del Estado en las empresas de la cual es accionista y en otros sectores de la economía lo cual debería incluir, según las versiones más radicales de esta tendencia, la nacionalización de algunas grandes empresas.
A esto se agrega que, no bien conocido el decreto, la CGT oficialista, que está desplegando su propia campaña de presiones sobre la sociedad, los medios y el propio Gobierno, reclamó una participación en los directorios.
Todo configura, por lo tanto, un escenario de enorme incertidumbre sobre el futuro de las empresas afectadas y la previsibilidad de las reglas de juego y, por lo tanto, sobre el clima de inversión en el conjunto de la economía.
La decisión del Gobierno de ampliar su representación en las empresas de las cuales tiene acciones la ANSeS, es un nuevo avance sobre el sector privado, afecta la seguridad jurídica y desalienta las inversiones. La medida se tomó abruptamente, sin discusión parlamentaria y su objetivo es obtener fondos en el año electoral. A esto se agrega la pretensión sindical de participar en el directorio de las empresas.