No todo lo que salta es Salta
* Por Eduardo Anguita. Juan Manuel Urtubey le sacó 30 puntos de ventaja al sojero Carlos Olmedo, que no sólo se alineó con Mauricio Macri a nivel nacional, sino que tuvo el apoyo del senador Juan Carlos Romero, alineado con el peronismo llamado Federal, ex gobernador y ex candidato a vicepresidente de Carlos Menem.
La tercera jornada electoral dejó un sabor a completa transparencia. Rápidos resultados y un ganador indiscutido. Juan Manuel Urtubey le sacó 30 puntos de ventaja al sojero Carlos Olmedo, que no sólo se alineó con Mauricio Macri a nivel nacional, sino que tuvo el apoyo del senador Juan Carlos Romero, alineado con el peronismo llamado Federal, ex gobernador y ex candidato a vicepresidente de Carlos Menem. El diario El Tribuno de Salta, el de mayor circulación de la provincia, le dio ayer tanta relevancia al triunfo de Eduardo Duhalde en unas elecciones internas que no controla nadie como al triunfo de Urtubey. El romerismo quedó muy disminuido, y tanto Duhalde como Macri, tomaron nota de que en estas elecciones las fuerzas que apoyan a Cristina Kirchner (además de Urtubey, 57,2% de los votos, Walter Wayar, 8,6%) constituyen el 66% de los salteños. Cabe recordar que en los comicios de hace cuatro años, Romero apoyó a Urtubey. No caben dudas de que Urtubey está alineado con la presidenta, viajó con ella recientemente a los países árabes y, además, ella viajó a Salta, dos semanas antes de los comicios, para apoyar a Urtubey. Allí, Cristina Fernández fue cuidadosa con el itinerario: inauguró una fábrica de cerámicos y fue a Tartagal, donde ratificó que lo más importante es "combatir la pobreza estructural". Precisó que durante su gestión se multiplicaron los aportes por la Coparticipación Federal, que pasaron de 747 millones de pesos a 4200 millones el año pasado. El impacto de la Asignación Universal por Hijo en esa provincia es muy alto. Sin embargo, Cristina dijo: "Voy a estar orgullosa cuando todas las asignaciones sean por trabajo. A eso queremos llegar."
Salvados estos aspectos, fundamentales, vale la pena detenerse sobre el país que tenemos, y algunas de las tantas cosas que merecen debates abiertos y valientes. Porque, tal como se ataja el gobernador Urtubey, Salta es linda pero no es justa.
Los salteños no pudieron contar con la boleta del Encuentro Popular, que tenía como candidato al kirchnerista Tupac Puggioni, cuyos padres están desaparecidos. El Tribunal Electoral de Salta se basó en que la personería jurídica del Partido Comunista (que integraba ese frente) había caducado a nivel nacional por una decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 21 de diciembre pasado. Sin tiempo para armar otro espacio electoral, Puggioni apeló el fallo ante ese tribunal que, por la Constitución salteña, tiene el derecho de no cursarlo a la Corte Suprema provincial. Y, desde ya, rechazó el pedido de Puggioni. Desde entonces, no sólo tiene a sus padres desaparecidos, sino también a su lista. Y se debe a que Puggioni no se calla la boca. Por algo sus padres le pusieron Tupac. En una entrevista hecha por Graciela Pérez y publicada en Miradas al Sur del 27 de febrero pasado, el candidato proscripto decía: "El gobernador (Urtubey) armó un frente que se llama Frente Justicialista Renovador para la Victoria, en el cual se encuentra el kirchnerismo. Uno de sus integrantes es el actual vicegobernador de la provincia, Andrés Zottos, quien integró el viejo partido Renovador de la dictadura militar. Otro de los dirigentes es el senador nacional Juan Pérez Alsina, quien siempre vota en concordancia con el ex gobernador Juan Carlos Romero. Urtubey fue diputado nacional por el partido de Romero y ahora que es gobernador continúa con el mismo modelo económico. El candidato de la oposición, el diputado Alfredo Olmedo, mantiene negocios con el Ejecutivo provincial en lo que hace a la soja. Salta Forestal tiene 360 mil hectáreas que se las adjudicaron al Grupo Irsa y a Olmedo por 99 años. Además, cuentan con exenciones impositivas por 20 años y pagan la hectárea a sólo 0,59 centavos. Es evidente que existe una línea que une todo y mantiene el mismo paradigma. Claro que Urtubey es un chico despierto y aprovechó su vínculo familiar con su tío ya fallecido, Julio Mera Figueroa, para acercarse al kirchnerismo." Esa es la munición que dispara Puggioni y que, posiblemente, inclinó a los jueces del Tribunal Electoral provincial a sacarlo de pista.
Vale la pena hacer un breve repaso de este negociado, que contrasta con barrios enteros que todavía no cuentan con agua potable y con poblaciones de montaña aisladas –como Tartagal– de todo beneficio.
Salta Forestal era una empresa mixta entre la provincia y Fabricaciones Militares que fue sujeta a privatización en 1994. El gobernador de entonces era Roberto Ulloa, que había hecho su carrera en la Armada y luego fue gobernador de facto desde 1978, nombrado por el genocida Jorge Videla. Una nota de Alejandro Guerrero, publicada en este diario el 24 de octubre pasado, consigna: "En mayo de 2000, ya bajo el gobierno de Romero, la provincia entregó esas 362 mil hectáreas a Ecodesarrollo Salta SA, una asociación de Olmedo Agropecuaria y la empresa Agropecuaria Cervera. El total del paquete accionario de Cervera es propiedad de Cresud, brazo agropecuario de IRSA, el grupo empresarial de Eduardo Elsztein. La concesión se entregó por 64 años (35 con opción a otros 29). Según el contrato firmado con la provincia, Ecodesarrollo no pagaría canon alguno durante los primeros 20 años, y sólo debía pagar un impuesto anual fijo de 300 mil pesos. En 2003, Ecodesarrollo entregó a Cresud 132 mil hectáreas correspondientes a la zona norte de la concesión y a una parte de la zona sur. Ese traslado, irregular desde el punto de vista contractual, fue aceptado por Romero, decreto mediante. De las 230 mil hectáreas que quedaron en poder de Ecodesarrollo, ya hay 20 mil en explotación, sometidas a un desmonte masivo. Las especies boscosas se transforman rápidamente en postes, carbón y madera empleados en los establecimientos de Olmedo Agropecuaria. El bosque destruido es remplazado en parte con la implantación de otras especies de ciclo corto, de no más de siete años, para comercializar subproductos de la madera. Los desmontes fueron posibles gracias a la aprobación, en diciembre de 2008 (bajo el gobierno de Urtubey), de la Ley Provincial 7543. Elaborado por equipos técnicos de la Secretaría Ambiental y de la Universidad Nacional de Salta, el proyecto originario sufrió severas modificaciones en la Legislatura, de modo que se suprimió la protección a las regiones boscosas. Esto es: funcionó a pleno el lobby legislativo de la familia Olmedo. En aquel momento, el diario El Intransigente tituló: ‘Triunfó la corrupción sojera’. Dos días después de aprobada aquella ley, el gobernador Urtubey la promulgó pese a que organizaciones ambientalistas, campesinas e indígenas esperaban que vetara los artículos más polémicos. No lo hizo. El proyecto de ley había sido presentado por el entonces senador Alfredo Olmedo. Urtubey recordó que ‘la Legislatura modificó esa propuesta con una mayoría abrumadora, prácticamente por unanimidad en Senadores y con dos o tres diputados en contra en Diputados. Obviamente, la voluntad de los legisladores está claramente expresada allí’. No le faltaba razón: la voluntad de los Olmedo había sido casi unánime: en Diputados, sólo votaron en contra Carlos Morello (Libres del Sur), y Pablo López y Patricia Poblete, del Partido Obrero. De inmediato, el Consejo Superior de la UNSA autorizó a su rectora, Stella Bianchi, a presentar un recurso de inconstitucionalidad de aquella ley, pero la disputa judicial está hasta ahora en agua de borrajas."
Puggioni, en la entrevista mencionada, agregaba: "Pero Néstor Kirchner no se dejó engañar y por eso hacía dos actos separados en la provincia, uno con el Partido Justicialista y otro con nosotros. Ahí ya le marcaba la cancha y nosotros comenzamos a tener injerencia." El debate tiene sentido sin miedos. Ni miedo a perder alianzas ni miedo a perder principios y convicciones. Porque si para intercambiar ideas hay que ocultar los chanchullos de los poderosos, la profundización del modelo puede salir para otro lado.
LA JUSTA SALTA. Una comisión interpoderes monitorea los avances –o no– de los juicios por delitos de lesa humanidad. En las oficinas de la Corte Suprema de Justicia suelen verse las caras algunos funcionarios del alto tribunal, más miembros del Ministerio Público (o Procuración General de la Nación), más funcionarios del Ministerio de Justicia y legisladores nacionales. Hace muy pocos días, en ese ámbito se trató la situación de los juicios por crímenes en Jujuy, que están bajo jurisdicción del juez Federal subrogante Carlos Olivera Pastor, quien expresó ante esa comisión que "no indagaba a los imputados porque no tenía dónde detenerlos". Esa justificación –una verdadera aberración jurídica– llevó a la Procuración General de la Nación a la elaboración de un informe que es una muestra de cómo hay poderosos en Jujuy capaces de dilatar los juicios y que cuando llegan a manos de la Cámara Federal de Salta, su presidente, Renato Rabbi-Balbi, justifica la morosidad del juez.
El informe dice que hay "una única causa elevada a juicio cuyo objeto es la participación de un solo imputado (Luciano Benjamín Menéndez) respecto de una sola víctima. Hay también una escasa cantidad de procesados (13), cuando existen desde hace años requerimientos fiscales con relación a la participación de un total de 80 imputados (sin contar los más de 20 ya fallecidos) en los casos de 167 víctimas. Esto revela claramente la irritante inacción del juzgado a cargo del juez Olivera Pastor o, lo que es más grave aún, una deliberada obstrucción al avance de los procesos, a partir de una sistemática negativa a implementar estrategias de investigación razonables y funcionales al principio básico de celeridad procesal". Tres de las causas paralizadas están caratuladas: "Guerrero", "Aredez" y "Bernard" y constituyen un subgrupo "que podría llamarse el Grupo Ledesma". La historia de la represión en ese ingenio, propiedad de Carlos Pedro Blaquier, tomó estado público. Olga Aredez se convirtió en esa madre que no dejó nunca de marchar y denunciar. El estremecedor documental Sol de Noche, producido por Eduardo Aliverti y estrenado a fines de 2003, da cuenta de la brutal metodología que asoció a militares y civiles en la represión en Jujuy.
Dice el informe: "El 15 de mayo de 2009 se solicitó la detención e indagatorias de 43 imputados en el marco de la causa 195/09, acusados por el secuestro de personas (la mayor parte en lo que se conoce como Noche del Apagón) y conducidas al centro clandestino de detención Guerrero. Muchas de las víctimas se desempeñaban como empleados de la Empresa Ledesma SA y otras estaban domiciliadas o eran oriundas de la localidad de Calilegua o de algún otro punto del departamento Ledesma. La acumulación de las causas se efectivizó el 14 de julio de 2009. Sin embargo, la falta de medidas durante más de un año por parte del juez Olivera Pastor respecto de este pedido condujo a que, el 11 de mayo de 2010, la fiscalía presentara un pronto despacho, que fue rechazado por el juez. De los 43 imputados requeridos, 16 están fallecidos. Respecto de los 27 restantes, sólo se indagó y procesó a 2 –Braga y Menéndez–. La indagatoria de Braga se llevó a cabo el 19/8/2009 y el procesamiento recién un año después (8/11/2010). Actualmente, se encuentra en Cámara para resolver los recursos presentados por las partes desde noviembre de 2010. Menéndez fue indagado el 4 de marzo de 2011 y procesado el 15 de marzo de 2011."
Esto sucede ahora. En Jujuy y también en Salta.
Salvados estos aspectos, fundamentales, vale la pena detenerse sobre el país que tenemos, y algunas de las tantas cosas que merecen debates abiertos y valientes. Porque, tal como se ataja el gobernador Urtubey, Salta es linda pero no es justa.
Los salteños no pudieron contar con la boleta del Encuentro Popular, que tenía como candidato al kirchnerista Tupac Puggioni, cuyos padres están desaparecidos. El Tribunal Electoral de Salta se basó en que la personería jurídica del Partido Comunista (que integraba ese frente) había caducado a nivel nacional por una decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 21 de diciembre pasado. Sin tiempo para armar otro espacio electoral, Puggioni apeló el fallo ante ese tribunal que, por la Constitución salteña, tiene el derecho de no cursarlo a la Corte Suprema provincial. Y, desde ya, rechazó el pedido de Puggioni. Desde entonces, no sólo tiene a sus padres desaparecidos, sino también a su lista. Y se debe a que Puggioni no se calla la boca. Por algo sus padres le pusieron Tupac. En una entrevista hecha por Graciela Pérez y publicada en Miradas al Sur del 27 de febrero pasado, el candidato proscripto decía: "El gobernador (Urtubey) armó un frente que se llama Frente Justicialista Renovador para la Victoria, en el cual se encuentra el kirchnerismo. Uno de sus integrantes es el actual vicegobernador de la provincia, Andrés Zottos, quien integró el viejo partido Renovador de la dictadura militar. Otro de los dirigentes es el senador nacional Juan Pérez Alsina, quien siempre vota en concordancia con el ex gobernador Juan Carlos Romero. Urtubey fue diputado nacional por el partido de Romero y ahora que es gobernador continúa con el mismo modelo económico. El candidato de la oposición, el diputado Alfredo Olmedo, mantiene negocios con el Ejecutivo provincial en lo que hace a la soja. Salta Forestal tiene 360 mil hectáreas que se las adjudicaron al Grupo Irsa y a Olmedo por 99 años. Además, cuentan con exenciones impositivas por 20 años y pagan la hectárea a sólo 0,59 centavos. Es evidente que existe una línea que une todo y mantiene el mismo paradigma. Claro que Urtubey es un chico despierto y aprovechó su vínculo familiar con su tío ya fallecido, Julio Mera Figueroa, para acercarse al kirchnerismo." Esa es la munición que dispara Puggioni y que, posiblemente, inclinó a los jueces del Tribunal Electoral provincial a sacarlo de pista.
Vale la pena hacer un breve repaso de este negociado, que contrasta con barrios enteros que todavía no cuentan con agua potable y con poblaciones de montaña aisladas –como Tartagal– de todo beneficio.
Salta Forestal era una empresa mixta entre la provincia y Fabricaciones Militares que fue sujeta a privatización en 1994. El gobernador de entonces era Roberto Ulloa, que había hecho su carrera en la Armada y luego fue gobernador de facto desde 1978, nombrado por el genocida Jorge Videla. Una nota de Alejandro Guerrero, publicada en este diario el 24 de octubre pasado, consigna: "En mayo de 2000, ya bajo el gobierno de Romero, la provincia entregó esas 362 mil hectáreas a Ecodesarrollo Salta SA, una asociación de Olmedo Agropecuaria y la empresa Agropecuaria Cervera. El total del paquete accionario de Cervera es propiedad de Cresud, brazo agropecuario de IRSA, el grupo empresarial de Eduardo Elsztein. La concesión se entregó por 64 años (35 con opción a otros 29). Según el contrato firmado con la provincia, Ecodesarrollo no pagaría canon alguno durante los primeros 20 años, y sólo debía pagar un impuesto anual fijo de 300 mil pesos. En 2003, Ecodesarrollo entregó a Cresud 132 mil hectáreas correspondientes a la zona norte de la concesión y a una parte de la zona sur. Ese traslado, irregular desde el punto de vista contractual, fue aceptado por Romero, decreto mediante. De las 230 mil hectáreas que quedaron en poder de Ecodesarrollo, ya hay 20 mil en explotación, sometidas a un desmonte masivo. Las especies boscosas se transforman rápidamente en postes, carbón y madera empleados en los establecimientos de Olmedo Agropecuaria. El bosque destruido es remplazado en parte con la implantación de otras especies de ciclo corto, de no más de siete años, para comercializar subproductos de la madera. Los desmontes fueron posibles gracias a la aprobación, en diciembre de 2008 (bajo el gobierno de Urtubey), de la Ley Provincial 7543. Elaborado por equipos técnicos de la Secretaría Ambiental y de la Universidad Nacional de Salta, el proyecto originario sufrió severas modificaciones en la Legislatura, de modo que se suprimió la protección a las regiones boscosas. Esto es: funcionó a pleno el lobby legislativo de la familia Olmedo. En aquel momento, el diario El Intransigente tituló: ‘Triunfó la corrupción sojera’. Dos días después de aprobada aquella ley, el gobernador Urtubey la promulgó pese a que organizaciones ambientalistas, campesinas e indígenas esperaban que vetara los artículos más polémicos. No lo hizo. El proyecto de ley había sido presentado por el entonces senador Alfredo Olmedo. Urtubey recordó que ‘la Legislatura modificó esa propuesta con una mayoría abrumadora, prácticamente por unanimidad en Senadores y con dos o tres diputados en contra en Diputados. Obviamente, la voluntad de los legisladores está claramente expresada allí’. No le faltaba razón: la voluntad de los Olmedo había sido casi unánime: en Diputados, sólo votaron en contra Carlos Morello (Libres del Sur), y Pablo López y Patricia Poblete, del Partido Obrero. De inmediato, el Consejo Superior de la UNSA autorizó a su rectora, Stella Bianchi, a presentar un recurso de inconstitucionalidad de aquella ley, pero la disputa judicial está hasta ahora en agua de borrajas."
Puggioni, en la entrevista mencionada, agregaba: "Pero Néstor Kirchner no se dejó engañar y por eso hacía dos actos separados en la provincia, uno con el Partido Justicialista y otro con nosotros. Ahí ya le marcaba la cancha y nosotros comenzamos a tener injerencia." El debate tiene sentido sin miedos. Ni miedo a perder alianzas ni miedo a perder principios y convicciones. Porque si para intercambiar ideas hay que ocultar los chanchullos de los poderosos, la profundización del modelo puede salir para otro lado.
LA JUSTA SALTA. Una comisión interpoderes monitorea los avances –o no– de los juicios por delitos de lesa humanidad. En las oficinas de la Corte Suprema de Justicia suelen verse las caras algunos funcionarios del alto tribunal, más miembros del Ministerio Público (o Procuración General de la Nación), más funcionarios del Ministerio de Justicia y legisladores nacionales. Hace muy pocos días, en ese ámbito se trató la situación de los juicios por crímenes en Jujuy, que están bajo jurisdicción del juez Federal subrogante Carlos Olivera Pastor, quien expresó ante esa comisión que "no indagaba a los imputados porque no tenía dónde detenerlos". Esa justificación –una verdadera aberración jurídica– llevó a la Procuración General de la Nación a la elaboración de un informe que es una muestra de cómo hay poderosos en Jujuy capaces de dilatar los juicios y que cuando llegan a manos de la Cámara Federal de Salta, su presidente, Renato Rabbi-Balbi, justifica la morosidad del juez.
El informe dice que hay "una única causa elevada a juicio cuyo objeto es la participación de un solo imputado (Luciano Benjamín Menéndez) respecto de una sola víctima. Hay también una escasa cantidad de procesados (13), cuando existen desde hace años requerimientos fiscales con relación a la participación de un total de 80 imputados (sin contar los más de 20 ya fallecidos) en los casos de 167 víctimas. Esto revela claramente la irritante inacción del juzgado a cargo del juez Olivera Pastor o, lo que es más grave aún, una deliberada obstrucción al avance de los procesos, a partir de una sistemática negativa a implementar estrategias de investigación razonables y funcionales al principio básico de celeridad procesal". Tres de las causas paralizadas están caratuladas: "Guerrero", "Aredez" y "Bernard" y constituyen un subgrupo "que podría llamarse el Grupo Ledesma". La historia de la represión en ese ingenio, propiedad de Carlos Pedro Blaquier, tomó estado público. Olga Aredez se convirtió en esa madre que no dejó nunca de marchar y denunciar. El estremecedor documental Sol de Noche, producido por Eduardo Aliverti y estrenado a fines de 2003, da cuenta de la brutal metodología que asoció a militares y civiles en la represión en Jujuy.
Dice el informe: "El 15 de mayo de 2009 se solicitó la detención e indagatorias de 43 imputados en el marco de la causa 195/09, acusados por el secuestro de personas (la mayor parte en lo que se conoce como Noche del Apagón) y conducidas al centro clandestino de detención Guerrero. Muchas de las víctimas se desempeñaban como empleados de la Empresa Ledesma SA y otras estaban domiciliadas o eran oriundas de la localidad de Calilegua o de algún otro punto del departamento Ledesma. La acumulación de las causas se efectivizó el 14 de julio de 2009. Sin embargo, la falta de medidas durante más de un año por parte del juez Olivera Pastor respecto de este pedido condujo a que, el 11 de mayo de 2010, la fiscalía presentara un pronto despacho, que fue rechazado por el juez. De los 43 imputados requeridos, 16 están fallecidos. Respecto de los 27 restantes, sólo se indagó y procesó a 2 –Braga y Menéndez–. La indagatoria de Braga se llevó a cabo el 19/8/2009 y el procesamiento recién un año después (8/11/2010). Actualmente, se encuentra en Cámara para resolver los recursos presentados por las partes desde noviembre de 2010. Menéndez fue indagado el 4 de marzo de 2011 y procesado el 15 de marzo de 2011."
Esto sucede ahora. En Jujuy y también en Salta.