No se puede obviar a la Provincia en el reparto de acciones de YPF
La decisión del Gobierno nacional de participar a las provincias productoras de petróleo en el esquema de propiedad de YPF implica una concepción republicana...
... e institucional, con eje en el federalismo, que debería ser perfeccionada -y practicada a fondo- incorporando a esa coparticipación accionaria a los Estados que, como el bonaerense, tienen radicadas en su territorio las grandes plantas de refinamiento y elaboración de combustibles.
El proyecto de ley que establece la expropiación de la mayoría de las acciones de la empresa petrolera argentina privatizada en 1993 dispone, en efecto, que los títulos que pasen a manos del Estado se repartan casi en partes iguales entre la Administración nacional, por un lado, y el grupo de diez provincias con presencia verificada de hidrocarburos en su subsuelo y con explotaciones en curso, por el otro.
Ese criterio federalista de distribución, empero, no será totalmente justo y equitativo si la participación en la propiedad de YPF se limita a las provincias que tienen esa riqueza bajo sus pies, y deja afuera a las que participan activamente de un segmento capital de la producción petrolera, como son las que poseen sobre su suelo las destilerías de ese recurso. Y en ese plano no caben dudas de que la provincia de Buenos Aires debe formar parte de los futuros accionistas estatales de la empresa: en su territorio están asentadas tres de las más grandes refinerías del país, ubicadas en nuestra región, Avellaneda (Dock Sud) y Bahía Blanca y una de las cuales -la de Ensenada- pertenece justamente a YPF.
La importancia de las destilerías asentadas en Buenos Aires se refleja en el hecho de que en ellas se refina el 65% del petróleo de todo el país y se elabora, por ejemplo, el 100% de los lubricantes y más del 60% de las naftas y el gasoil. Ese desarrollo convierte a esta provincia en un "socio" clave del proceso argentino de producción de combustibles y, como contrapartida, por tratarse de una industria esencialmente contaminante más allá de los recaudos que se adopten, le genera un importante pasivo ambiental. Son estos, por lo tanto, dos factores que alcanzan sobradamente para fundamentar por qué la Provincia no debería estar ausente del futuro esquema accionario de YPF.
Los sectores políticos de la oposición con representación en la Legislatura bonaerense han presentado pedidos para que el Congreso nacional -que define por estos días la ley de expropiación de YPF- incorpore a Buenos Aires entre las provincias que accederán a acciones de la petrolera, mientras que desde el Poder Ejecutivo bonaerense se iniciaron contactos con el mismo fin. Y corresponde, por cierto, que los senadores y diputados nacionales que accedieron a sus bancas por el voto de los bonaerenses asuman la representación de los legítimos intereses de la Provincia en un tema capital como lo es la estatización de YPF y el futuro esquema accionario.
No caben dudas, en suma, de que, con la mayor parte de la infraestructura industrial petrolera asentada en su territorio, y con el consecuente pasivo ambiental a cuestas, la provincia de Buenos Aires debe participar de la propiedad de YPF, si se aspira a que el proceso de estatización de la empresa sea llevado a cabo con estricta equidad.
El proyecto de ley que establece la expropiación de la mayoría de las acciones de la empresa petrolera argentina privatizada en 1993 dispone, en efecto, que los títulos que pasen a manos del Estado se repartan casi en partes iguales entre la Administración nacional, por un lado, y el grupo de diez provincias con presencia verificada de hidrocarburos en su subsuelo y con explotaciones en curso, por el otro.
Ese criterio federalista de distribución, empero, no será totalmente justo y equitativo si la participación en la propiedad de YPF se limita a las provincias que tienen esa riqueza bajo sus pies, y deja afuera a las que participan activamente de un segmento capital de la producción petrolera, como son las que poseen sobre su suelo las destilerías de ese recurso. Y en ese plano no caben dudas de que la provincia de Buenos Aires debe formar parte de los futuros accionistas estatales de la empresa: en su territorio están asentadas tres de las más grandes refinerías del país, ubicadas en nuestra región, Avellaneda (Dock Sud) y Bahía Blanca y una de las cuales -la de Ensenada- pertenece justamente a YPF.
La importancia de las destilerías asentadas en Buenos Aires se refleja en el hecho de que en ellas se refina el 65% del petróleo de todo el país y se elabora, por ejemplo, el 100% de los lubricantes y más del 60% de las naftas y el gasoil. Ese desarrollo convierte a esta provincia en un "socio" clave del proceso argentino de producción de combustibles y, como contrapartida, por tratarse de una industria esencialmente contaminante más allá de los recaudos que se adopten, le genera un importante pasivo ambiental. Son estos, por lo tanto, dos factores que alcanzan sobradamente para fundamentar por qué la Provincia no debería estar ausente del futuro esquema accionario de YPF.
Los sectores políticos de la oposición con representación en la Legislatura bonaerense han presentado pedidos para que el Congreso nacional -que define por estos días la ley de expropiación de YPF- incorpore a Buenos Aires entre las provincias que accederán a acciones de la petrolera, mientras que desde el Poder Ejecutivo bonaerense se iniciaron contactos con el mismo fin. Y corresponde, por cierto, que los senadores y diputados nacionales que accedieron a sus bancas por el voto de los bonaerenses asuman la representación de los legítimos intereses de la Provincia en un tema capital como lo es la estatización de YPF y el futuro esquema accionario.
No caben dudas, en suma, de que, con la mayor parte de la infraestructura industrial petrolera asentada en su territorio, y con el consecuente pasivo ambiental a cuestas, la provincia de Buenos Aires debe participar de la propiedad de YPF, si se aspira a que el proceso de estatización de la empresa sea llevado a cabo con estricta equidad.