No olvidarse de la corrupción
Ante la injustificada demora de la Justicia en un grave hecho de corrupción, resulta positivo que Schoklender haya sido citado en Diputados, aunque la última palabra la tendrán los jueces.
Además de las denuncias que hizo públicas en los últimos días, la presencia de Sergio Schoklender en la Cámara de Diputados de la Nación ayer arrojó nuevos elementos. Se presentó ante miembros de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Vivienda.
Schoklender volvió a exponer sus actuaciones en relación con las acusaciones sobre supuestas irregularidades en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, de la que era apoderado. Asimismo, explicó su intervención en la gestión de planes habitacionales del Gobierno nacional, en la administración de fondos otorgados por el Estado, en el pago de gastos de la campaña presidencial de Cristina Fernández y, más recientemente, de otros candidatos del oficialista Frente para la Victoria.
Lo ideal hubiera sido que estuviesen presentes todos los bloques legislativos, pero el kirchnerismo justificó su ausencia argumentando que se trata de un tema que es de competencia de la Justicia y no del Congreso. Asistieron, en cambio, legisladores de la Unión Cívica Radical, Peronismo Federal, Coalición Cívica, PRO y del socialismo, pese a que su candidato presidencial, Hermes Binner, también había descalificado la citación a un personaje de por sí cuestionable.
Si se trata de juzgar delitos, por cierto que la jurisdicción competente es la de la Justicia. Pero cuando están en duda la credibilidad y la confiabilidad del Estado, y cuando funcionarios gubernamentales de alto rango aparecen sospechados, el Congreso no puede permanecer impasible, como si fuera un simple convidado de piedra ante el mal uso de los fondos públicos para atender una demanda social como es la de la vivienda.
La Fundación Madres de Plaza de Mayo recibió del Estado 765 millones de pesos, que habrían sido objeto de administración fraudulenta. La investigación está a cargo del juez Norberto Oyarbide, aunque está prácticamente frenada.
En este tema, como en otros graves hechos de corrupción –la valija de Guido Antonini Wilson, los casos Skanska y Ricardo Jaime, entre otros– el Gobierno nacional acude deliberadamente a la técnica de eludir su tratamiento ante la opinión pública, a la espera de que otros hechos terminen dominando la agenda y éstos pasen inadvertidos. Lamentablemente, el combate a la corrupción no aparece como un valor que hoy reclame la sociedad, como sí sucedió en la última etapa de la gestión menemista. Así, el actual oficialismo aprovecha el respaldo electoral para ignorar esos graves hechos, en los que aparecen implicados desde altas figuras del Gobierno nacional hasta funcionarios de tercer orden.
Aunque el combate contra la corrupción no sea hoy un valor primario en la agenda social, uno de los poderes del Estado debe recordar su importancia y su peso, para que el dinero de todos los argentinos se gaste de la mejor forma y de un modo equitativo.