No hay ningún complot
El Gobierno nacional no puede apelar a la teoría del complot, ya que son sus propios errores -además de la grave situación social- los que explican los últimos hechos de violencia.
Fueron muy graves, en sí mismos, los incidentes ocurridos el jueves último en la estación de trenes y subterráneos Constitución, en la Capital Federal, que se suman a la larga serie de hechos de violencia de las últimas semanas. Pero también lo fueron por las antojadizas y contradictorias interpretaciones que les dieron en el Gobierno nacional, que no tienen otro efecto que el de aumentar la confusión, el desconcierto y la incertidumbre ciudadanos.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, una de las figuras más desacreditadas del equipo gubernamental, acusó al ex presidente Eduardo Duhalde, a grupos de izquierda –en especial, al Partido Obrero– y a los medios de comunicación de haber orquestado un complot para "desestabilizar al Gobierno". Y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, sostuvo que Duhalde es "uno de los dirigentes que intenta imponer un discurso del orden a través de la violencia".
La invectiva contra Duhalde y los medios –por conocida y repetida– no llama la atención a nadie, pero en cambio resulta sorpresivo e incongruente que un Gobierno que se define como progresista y de centroizquierda, embista ahora contra la protesta social de grupos de izquierda. Y afirme, como lo hizo ayer la ministra de Seguridad, que los reclamos no deben afectar servicios públicos esenciales, cuando durante años se prohijó todo tipo de protestas.
Duhalde aparece hoy como un político moderado y hasta componedor y no hay indicios ciertos ni comprobables de que exista un complot para derrocar a la presidenta Cristina Fernández, más allá de la imaginación oficialista y de sus agentes de propaganda. Por otra parte, varios del elenco gubernamental, como Aníbal Fernández, pasaron antes por el menemismo y el duhaldismo. Pero el jefe de Gabinete no parece inmutarse ante estas conversiones políticas y, en cambio, no tiene empacho en apuntar a la prensa independiente, como cuando dijo: "Todo estuvo incentivado por medios de comunicación que conocen de sobra; basta con mirar los canales de noticias o leer los diarios para ver el veneno que destilan".
Conviene recordar al Gobierno –que para hacer su acusación usa las imágenes de los canales que denosta–, que los episodios de Constitución ocurrieron antes de que llegaran los medios. Fue una protesta espontánea de miles de personas que no podían tomar el tren para regresar a sus hogares. Que hubo agitadores, es posible, pero es innegable la realidad de una demora insoportable y del agobio por altas temperaturas.
Se plantea una crisis del orden público, con desbordes que rozan la anarquía social, la violencia generalizada y la lucha de "pobres contra pobres". Este dejar hacer está llevando a una crisis de autoridad y del precepto que dice que el Estado debe monopolizar el uso de la fuerza y no las mafias, los barrabravas y las bandas de ultraviolentos, respondan a quien respondan.