Ni ricos ni ladrones
La reacción indignada de tantos, comenzando con ciertos sindicalistas que distan de ser pobres ellos mismos pero que representan a quienes apenas logran llegar a fin de mes...
...frente al aumento reciente de haberes que se han otorgado los legisladores se debe más al porcentaje elegido por los responsables de la medida que al monto alcanzado. Aunque los aproximadamente 29.000 pesos mensuales "en la mano por todo concepto" que según el presidente de la cámara baja, Julián Domínguez, cobrarán en adelante los legisladores constituyen una suma que en el sector privado podría considerarse respetable, así y todo no llamarían demasiado la atención en el caso de quienes desempeñan funciones jerárquicas con eficiencia. Por lo demás, tiene razón el diputado oficialista cuando alude a la necesidad de tomar en cuenta la situación especial en que se encuentran los muchos legisladores que viven a miles de kilómetros de la capital federal.
Pero no se trata de comparar los ingresos de los políticos con los de otros que cumplen tareas de importancia presuntamente equiparable sino del hecho impactante de que el aumento haya superado el 100% –llegando según algunos cálculos al 150%– justo cuando el gobierno nacional está procurando convencer a los demás de conformarse con un techo del 18%.
Por una cuestión de relaciones públicas, a los integrantes de la clase política así beneficiados les hubiera convenido mucho más ajustar sus haberes poco a poco, como sucede con los empleados en el resto del país, que intentar recuperar de golpe el terreno perdido últimamente a causa de la inflación, de tal modo convirtiendo un aumento que de otro modo podría considerarse razonable en motivo de un escándalo de proporciones que ha desprestigiado todavía más al Congreso, una institución que a juicio de muchos se caracteriza por la mediocridad. En efecto, aún más inquietante que el aumento mismo es la falta evidente de interés de los legisladores en su reputación colectiva. Por tratarse de personas que por motivos profesionales suelen dar prioridad a su propia imagen, la indiferencia hacia la opinión pública que han manifestado hace pensar que ya no les preocupan los sentimientos de quienes los votaron.
Por cierto, el sentido de oportunidad de los legisladores difícilmente pudo haber sido peor. Lo entiendan o no, la suba espectacular de las dietas que acaba de anunciarse ha coincidido con un momento en que ambas cámaras del Congreso son blancos de críticas virulentas ya por su inactividad, ya por la obsecuencia de quienes en Diputados conforman la mayoría automática oficialista. Aunque la Argentina siempre ha sido un país presidencialista, a partir del triunfo contundente de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones de octubre pasado la distorsión así supuesta se ha hecho todavía más notoria, al quedarse virtualmente marginado el Poder Legislativo. No extraña, pues, que muchos se pregunten si aquellos legisladores que no hacen más que aprobar los proyectos que les envía el Ejecutivo, a menudo sin ni siquiera darse el trabajo de leerlos, realmente merecen el dinero que perciben.
Asimismo fue desafortunado, pero revelador, el intento por parte de Domínguez de justificar el aumento afirmando que a menos que los legisladores ganen más tendremos "que dejar la política a los ricos y ladrones", dando a entender así que en circunstancias determinadas la corrupción es algo natural. En el mundo real no puede detectarse ningún vínculo entre las remuneraciones de los legisladores y el nivel de corrupción, de suerte que suena un tanto perverso atribuir la deshonestidad de algunos a sus necesidades materiales en una sociedad reacia a recompensarlos debidamente por sus servicios.
Desde luego nadie ignora que en nuestro país, como en muchos otros, la política cuesta mucho dinero –Néstor Kirchner lo subrayaba con frecuencia–, pero no se trata de los montos precisos para mantener altas las dietas de los legisladores para que puedan ponerse a la altura de "los ricos" sin tener que robar, sino de la cantidad ingente de dinero que se usa para mantener frondosos aparatos clientelistas, crear fuentes de trabajo aptas para los "militantes" de los movimientos más poderosos de turno y para organizar campañas proselitistas.
Pero no se trata de comparar los ingresos de los políticos con los de otros que cumplen tareas de importancia presuntamente equiparable sino del hecho impactante de que el aumento haya superado el 100% –llegando según algunos cálculos al 150%– justo cuando el gobierno nacional está procurando convencer a los demás de conformarse con un techo del 18%.
Por una cuestión de relaciones públicas, a los integrantes de la clase política así beneficiados les hubiera convenido mucho más ajustar sus haberes poco a poco, como sucede con los empleados en el resto del país, que intentar recuperar de golpe el terreno perdido últimamente a causa de la inflación, de tal modo convirtiendo un aumento que de otro modo podría considerarse razonable en motivo de un escándalo de proporciones que ha desprestigiado todavía más al Congreso, una institución que a juicio de muchos se caracteriza por la mediocridad. En efecto, aún más inquietante que el aumento mismo es la falta evidente de interés de los legisladores en su reputación colectiva. Por tratarse de personas que por motivos profesionales suelen dar prioridad a su propia imagen, la indiferencia hacia la opinión pública que han manifestado hace pensar que ya no les preocupan los sentimientos de quienes los votaron.
Por cierto, el sentido de oportunidad de los legisladores difícilmente pudo haber sido peor. Lo entiendan o no, la suba espectacular de las dietas que acaba de anunciarse ha coincidido con un momento en que ambas cámaras del Congreso son blancos de críticas virulentas ya por su inactividad, ya por la obsecuencia de quienes en Diputados conforman la mayoría automática oficialista. Aunque la Argentina siempre ha sido un país presidencialista, a partir del triunfo contundente de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones de octubre pasado la distorsión así supuesta se ha hecho todavía más notoria, al quedarse virtualmente marginado el Poder Legislativo. No extraña, pues, que muchos se pregunten si aquellos legisladores que no hacen más que aprobar los proyectos que les envía el Ejecutivo, a menudo sin ni siquiera darse el trabajo de leerlos, realmente merecen el dinero que perciben.
Asimismo fue desafortunado, pero revelador, el intento por parte de Domínguez de justificar el aumento afirmando que a menos que los legisladores ganen más tendremos "que dejar la política a los ricos y ladrones", dando a entender así que en circunstancias determinadas la corrupción es algo natural. En el mundo real no puede detectarse ningún vínculo entre las remuneraciones de los legisladores y el nivel de corrupción, de suerte que suena un tanto perverso atribuir la deshonestidad de algunos a sus necesidades materiales en una sociedad reacia a recompensarlos debidamente por sus servicios.
Desde luego nadie ignora que en nuestro país, como en muchos otros, la política cuesta mucho dinero –Néstor Kirchner lo subrayaba con frecuencia–, pero no se trata de los montos precisos para mantener altas las dietas de los legisladores para que puedan ponerse a la altura de "los ricos" sin tener que robar, sino de la cantidad ingente de dinero que se usa para mantener frondosos aparatos clientelistas, crear fuentes de trabajo aptas para los "militantes" de los movimientos más poderosos de turno y para organizar campañas proselitistas.