Negociados con viviendas oficiales
El plan del Gobierno para la construcción de casas despierta sospechas por los sobreprecios y su manejo discrecional.
Detrás de la ocupación por la fuerza de predios públicos y privados hay una indudable y deleznable razón política que se ha valido de los sectores más desprotegidos como herramienta de presión. A su vez, en esos sectores hubo aprovechadores que ya contaban con vivienda, como valientemente denunció Margarita Barrientos, que desde hace muchos años mantiene en Villa Soldati un comedor infantil.
Pero por detrás de esos elementos existe, imposible negarlo, un serio déficit en materia de viviendas sociales y una salvaje explotación que permite que en la villa de Retiro se cobre entre 800 y 1000 pesos el alquiler mensual de una humilde pieza con baño compartido.
Entre los posibles factores que podrían paliar el déficit se ha mencionado el acceso a un crédito barato para los sectores necesitados, el control de alquileres en villas y barrios de emergencia, la creación de un banco social de tierras, la ampliación de viviendas y la urbanización de las villas.
Pero también, como informó La Nacion, existen enormes irregularidades en los costos de construcción de viviendas sociales a cargo del Estado. Las viviendas que comenzaron a anunciarse en 2004, cuando nació el Plan Federal, mediante el que se decidió la construcción de 120.000 casas, llegaron a cuadruplicar su costo desde entonces.
Una vivienda social construida en el Gran Buenos Aires, que hace seis años el Gobierno había cotizado en 30.000 pesos, se paga ahora 125.000, según datos proporcionados por el Ministerio de Planificación Federal. El costo subió en todas las provincias, pero en territorio bonaerense es donde se registró el mayor aumento.
El proceso inflacionario no alcanza para explicar el crecimiento del costo de la construcción. Por ejemplo, la vivienda bonaerense que salía 30.000 pesos en 2004 debería costar 65.072 si se ajustara por el índice de inflación que calculan las consultoras privadas. Sin embargo, cuesta casi el doble.
Néstor Kirchner puso en marcha el Plan Federal de Viviendas en 2004 como una forma de disciplinar a gobernadores e intendentes y, obviamente, lo manejó con discrecionalidad. El compromiso inicial era la construcción de 120.000 viviendas, pero un anexo establecía el precio de éstas, la cantidad para cada provincia y la superficie.
Según las cifras reveladas por este diario, si se toma en cuenta el acuerdo firmado en aquel entonces por el ministro de Planificación, Julio De Vido, y se le aplica la inflación real, no la que calcula el Gobierno, una vivienda en Chubut debería costar alrededor de 91.000 pesos, pero actualmente cuesta 146.902. Para hacer una en Santa Cruz alcanzarían 121.000 pesos, pero, según datos del Ministerio de Planificación, se necesitan 195.000. Las bonaerenses pasaron de 30.000 pesos a 125.000 y las que construyen las Madres de Plaza de Mayo, siempre según datos oficiales, pasaron de 40.000 a 141.600 pesos: el 254 por ciento de incremento.
Aquel Plan Federal tuvo ampliaciones, pero de las 420.000 prometidas en conjunto, hasta el presente sólo se terminaron 143.959, es decir, apenas el 34,27 por ciento de lo prometido.
No ha de ser casualidad que quienes manejan este sistema de precios inflados y demoras en la entrega de los fondos sean los funcionarios más cercanos al núcleo del kirchnerismo: De Vido; el secretario de Obras Públicas, José López; el subsecretario de Coordinación de Obra Pública, Carlos Kirchner (primo del ex presidente fallecido), y el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Luis Bontempo.
La entrega de fondos oficiales a las provincias para proporcionar techo ha seguido manejándose con criterio político. Las más beneficiadas han sido La Pampa, Santa Cruz, Salta y Tucumán, y las menos beneficiadas Chubut, San Luis, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires.
Al margen de esas arbitrariedades, las cifras de los costos permiten sospechar con fundamento que estos planes encierran gruesos negociados a costa del dinero público. Con la agravante de que esos posibles negociados se hacen a costa de quienes necesitan viviendas y de que los sobrecostos, que seguramente engrosarán los fondos de varios funcionarios, permitirían fabricar más viviendas.