Necesidad de una policía judicial

EL creciente número de integrantes de las policías bonaerense y Federal que se ven involucrados en hechos delictivos se ha convertido ya en una seria amenaza para el esclarecimiento de esos mismos hechos, pues, con frecuencia, son esas mismas fuerzas policiales las encargadas de investigarlos en su calidad de auxiliares de la Justicia.

No es de extrañar, entonces, que en vez de buscar la verdad, muchas veces procuren encubrir a los responsables desviando las investigaciones o condenándolas al fracaso.

Esta situación es particularmente grave en la policía bonaerense, una fuerza que cada dos días debe expulsar de su seno a tres agentes y oficiales porque están involucrados en causas penales. Lo reconoció el gobernador, Daniel Scioli, al informar que en el año y cinco meses que transcurrieron desde la asunción de su actual ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, hubo que echar a 800 policías.

En ese sentido, el caso más resonante, ocurrido hace pocos días, fue nada menos que el del titular de la Jefatura Distrital de San Isidro, comisario inspector Raúl Papa, quien pasó a revistar en disponibilidad sospechado de mantener presuntos vínculos con un acusado de integrar una banda de asaltantes.

Sin embargo, fueron las declaraciones del ex subjefe de la policía bonaerense, comisario general (R) Salvador Baratta, las que terminaron de mostrar la gravedad de la situación, al asegurar que existe una complicidad policial y política que permite el funcionamiento de los desarmaderos de autos. "No podría haber crimen organizado en la provincia sin la protección del poder político y de personal policial", manifestó con razón.

Por estos motivos, un grupo de funcionarios de la justicia bonaerense que integran el Programa de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, junto con juristas y expertos del ámbito académico, elaboraron un proyecto para crear en la provincia una policía judicial que no dependerá del poder político, sino del judicial y se especializará en la investigación criminal. La creación de una policía de este tipo está contemplada en la ley del Ministerio Público.

Los jueces, camaristas, fiscales y defensores oficiales que elaboraron el proyecto sostienen que, en el actual estado de cosas, la función de investigación criminal a cargo de la policía, además de sus falencias, distrae a la fuerza de su labor de prevención del delito. La policía judicial que han proyectado dependería del Ministerio Público Fiscal y constituiría un cuerpo especializado de investigación criminal "orientando su actuación a la investigación de delitos que, por el tipo penal, la estructura organizativa de los autores que involucra y las características propias de la comisión del hecho, entre otras, puedan ser caracterizados como complejos".

También propone la constitución de un instituto de formación y capacitación que tendrá por objetivo la creación de la carrera de Policía Judicial.

Se trata de una importante y necesaria iniciativa que deberá comenzar a debatirse porque la relación de la bonaerense con el delito muestra niveles muy preocupantes que en ocasiones llegan a poner en duda los esclarecimientos que lleva a cabo la fuerza. No será fácil de revertir esta situación, pero una manera de comenzar a hacerlo es mediante una policía judicial que incremente la baja tasa de esclarecimientos y trate de devolver la credibilidad a la justicia bonaerense.