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Necesidad de que el Estado impida la peligrosa venta de medicamentos por internet

Una vez más se instaló hace pocas jornadas la polémica acerca de la venta de remedios que no se concreta por las vías regulares, es decir a través de las farmacias, en una situación que en los últimos días se centró en el expendio de los remedios tradicionalmente denominados de venta libre.

Y por cierto, en la controversia intervinieron, por un lado, entidades farmacéuticas que fijaron su posición contraria y advirtieron sobre los riesgos emergentes y, por el otro, quienes sostuvieron la conveniencia de que la población tenga un acceso más fácil en los mostradores minoristas, sobre productos a los que algunos consideran de menor complejidad médica.

Pero además, en el marco esa controversia, se conocieron advertencias acerca de un ostensible crecimiento de la venta de remedios en internet, considerada por los especialistas como una práctica ilegal, desleal, insegura y peligrosa, tal como se expresó en la primera reunión del Foro sobre Riesgo e Impacto de la Comercialización de Productos para la Salud a través de Internet, organizada por el Observatorio de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas (ANMAT).

Los profesionales que participaron del encuentro destacaron la necesidad de concientizar a la población acerca de los peligros que supone comprar medicamentos a través de la red. Cabe señalar que la reunión se realizó para debatir acerca de los alcances y consecuencias que tiene esta modalidad de comercialización reñida con las normas vigentes en la materia, según precisó un comunicado del Ministerio de Salud.

Se advirtió asimismo que, lejos de limitarse a la Argentina, la preocupación por la creciente oferta de medicamentos por internet y a través del correo electrónico preocupa a las autoridades sanitarias de todo el mundo debido, ante la imposibilidad de hacer controles de calidad sobre esos fármacos.

Hay datos recientes, previos a las conclusiones que arroja este encuentro, cuya elocuencia no dejaba de sorprender: el 40 por ciento del mercado de medicamentos no pasa por las farmacias, sino que gran parte de ese volumen se expende en kioscos, almacenes, supermercados y puestos habilitados en algunas obras sociales. Y, asimismo, existen comprobadas innumerables adulteraciones de remedios.

Troqueles falsificados, envases secundarios con signos de haber sido vulnerados o en malas condiciones, son algunas de las señales de riesgo y de sospecha que pueden detectarse. El nombre del producto, el laboratorio elaborador, la certificación habilitante, la fecha de vencimiento y el número de lote son parte de las referencias que deberían verificarse.

Está por demás claro que el Estado, a través de los organismos sanitarios competentes es el que debe controlar y, en última instancia, no sólo fiscalizar que el expendio se concrete por las vías legales establecidas sino, también, sancionar al empresario informal y requisar todo medicamento que no reúna los debidos requisitos de legalidad. Es evidente, asimismo, que se puede llegar, por los caminos de la omisión o de una permisividad negativa, a un extremo de peligrosidad difusa, en un ámbito que se debe caracterizar, obviamente, por una absoluta seguridad sanitaria.