Necesidad de poner fin a un delito que afecta servicios públicos indispensables

A pesar de que desde hace varios años en la Provincia rige una ley y se han tomado otras medidas desde el Estado nacional, el robo de cables de luz y de teléfono para su reducción y comercialización en el mercado negro sigue conspirando contra la prestación de servicios públicos esenciales y afectando, principalmente, a los vecinos de la Región.

Ahora una nota publicada en este diario ofreció detalles acerca del robo de cables que dejó sin teléfonos a un sector de Villa Elvira, en una situación que afecta a muchos usuarios que aguardaban con lógica impaciencia el retorno a la normalidad del servicio. Según los últimos registros que dio a conocer la empresa del sector, en el primer trimestre de 2011 en La Plata y sus inmediaciones hubo un total de 45 robos de cables, que provocaron la interrupción de las comunicaciones a más de 9.000 clientes. En esos primeros 90 días del año, fue sustraído un total de 5.400 metros de cables.

La compañía informó que impulsó diversas acciones para reducir el impacto en su infraestructura y el perjuicio hacia sus clientes, situación que también alcanzó a Berisso y Ensenada, entre ellas un refuerzo del personal abocado exclusivamente a estas funciones. Se explicó que ellos cumplen tareas de seguridad tanto en la vía pública, a partir de patrullajes permanentes en las regiones cercanas a los tendidos telefónicos; como a nivel interno, monitoreando los sistemas de alertas que se activan en las centrales ante la detección de cortes en el tendido.

Pero aunque estas medidas puedan haber generado una menor cantidad de ilícitos, está claro que éstos se siguen produciendo en cantidad suficiente como para generar serios trastornos a miles de usuarios con demasiada frecuencia, de modo que ponerle freno a los robos de cables que jaquea a los servicios públicos constituye una prioridad. Se trata de una modalidad delictiva que sigue afectando a la infraestructura de comunicaciones y de distribución de energía eléctrica.

Se sabe que, hace cinco años el Defensor del Pueblo nacional reclamó medidas específicas para ponerle freno a este tipo de delito, al tiempo que recomendó que el ministerio de Economía incluyera la exigencia de un certificado que acredite el origen de los desechos de cobre en el proceso de comercialización y exportación, ya que es notorio que el robo de cables está directamente vinculado a la exportación de esos desechos y al mercado clandestino de ese material. Ante ese diagnóstico, ya se habían adoptado medidas restrictivas para la exportación de cobre desde el gobierno nacional. Y en nuestra provincia se aprobó una ley que obliga a los comercios regulados a presentar recibos oficiales de compra y venta de esos metales.

Sin embargo, la realidad muestra que, como se dijo, la escalada delictiva que pone en jaque a servicios públicos esenciales no se ha detenido en el corriente año, como lo vinieron reflejando los relevamientos periódicos efectuados por las empresas afectadas. Por eso es que debe insistirse en la necesidad de evaluar una solución integral para frenar un robo sistemático que afecta la prestación de servicios indispensables, sin perjuicio de intensificar la vigilancia policial para impedir la comisión de este delito.