Necesidad de debatir con rigor el tema de los menores y la responsabilidad penal
Una vez más se encuentra planteado en el país el debate por la imputabilidad de los menores, en una situación que no resulta novedosa pues vuelve a instalarse en la mesa de discusiones cada vez que -como ocurrió en estas últimas jornadas- algún grave episodio de naturaleza penal ha contado con el protagonismo de un menor de edad.
Y lo cierto es que esas polémicas se diluyen con el paso del tiempo y todo permanece igual, hasta que otro hecho actúa otra vez como disparador de nuevos enfrentamientos conceptuales.
Pareciera llegada la hora, entonces, de que tanto los integrantes de los tres poderes del Estado, que son quienes se ocupan en forma directa de esta cuestión, así como los dirigentes políticos que la potencian con diversos matices, y los especialistas en el tema, que son los que pueden enriquecerla académicamente, coincidan, por lo pronto, en que lo que falta es un debate riguroso sobre la responsabilidad penal de los menores que permitan llegar a conclusiones sólidas.
Existe, sin dudas, una inquietud social que merece respuestas. En los últimos tiempos se han reflejado tanto en este diario como en muchos otros medios las diversas posiciones de una sociedad profundamente preocupada por el arrollador avance de la delincuencia juvenil. Se sucedieron también asambleas y manifestaciones vecinales en distintos puntos del país, representativas de una inquietud generalizada, en las que se enfocó con particular énfasis el tema de los menores.
Por cierto que el problema de la inseguridad no se agota en la cuestión de la edad de imputabilidad de los menores y que ésta en sí misma es de una complejidad enorme. Pero en esta misma página, en particular en las últimas dos décadas, se publicaron numerosos puntos de vista en los que juristas, legisladores y magistrados abordaron el problema de la responsabilidad penal de los menores y en muchos de ellos, por no decir en todos, se subrayaba la circunstancia de que muchas veces se utiliza a menores como instrumento, aprovechando su inexperiencia pero también a la sombra del régimen legal que les otorga inimputabilidad.
Con cruda elocuencia, las estadísticas vienen marcando en los últimos años un incremento en la cantidad de menores participantes en delitos, así como una mayor agresividad y violencia con daño para los atacados, con consecuencias con frecuencia fatales. A su vez, el contexto del derecho comparado indica que no son pocas las naciones que fijan el tope para la responsabilidad penal entre los 10 y los 14 años, es decir dos menos que el piso exigido por la ley argentina. Ello al margen de que también los regímenes son más estrictos en cuanto concierne a la concesión de los beneficios de una inmediata liberación, de acuerdo con las características del caso y su evaluación por los jueces. Como también es cierto que no necesariamente todas las experiencias de topes bajos de edad han dado los resultados esperados. Pero de cualquier manera, si algo no se puede hacer, es seguir demorando un estudio profundo y serio de esta variables, en pos de arribar a conclusiones sobre qué debería resolverse en el actual esquema de inseguridad que afronta el país y la provincia de Buenos Aires en particular y las modalidades que adopta la delincuencia.
Bien se conoce, además, que no es la imputabilidad el único elemento a considerar en un asunto que, por el contrario, obliga a investigar la diversidad de factores socioeconómicos y educativos -o, por caso, la comprobada incidencia de la droga- que condiciona la vida de tantos menores en riesgo o con severos problemas de conducta.
Hace poco se dijo aquí que, más allá de todas aquellas medidas genéricas que deban y puedan impulsarse para detener lo que sin duda es un verdadero auge delictivo, la sociedad debe profundizar el debate sobre la responsabilidad penal de los menores. De la mayor madurez y rigor técnico que se empleen dependerá, en buena medida, que se extraigan conclusiones valederas.