Necesidad de actuar en la prevención para evitar la delincuencia juvenil
Una vez más se ha venido asistiendo, en los últimos días, a una reiteración de asaltos cometidos por menores, algunos de ellos de muy corta edad, en situaciones que, además, se volvieron a caracterizar por la extremada violencia con que se desarrollaron en perjuicio de personas que ni siquiera habían intentado defenderse.
La situación ha llegado a tales extremos que existe una suerte de acostumbramiento frente a este fenómeno y, por caso, ya no sorprende que chicos o chicas de 10 años o un poco más esgriman y utilicen armas blancas o de fuego, algunas de estas últimas de alto calibre, para concretar los robos. Personas muertas o que resultaron con heridas y lesiones gravísimas son el doloroso saldo que dejan estos episodios.
La cuestión está lejos de agotarse en el país mediante debates por la imputabilidad de los menores, ya que la diversidad de factores que inciden es previa a cualquier definición en ese sentido. La inclusión social de muchas familias, la mayor contención educativa reflejada a través de una intervención más profunda del Estado en los lugares socialmente más carenciados, el combate que en todas las franjas sociales debe darse contra la creciente influencia de la droga, son aspectos que debieran ser enérgicamente abordados. Y de cuya mejor solución podrían obtenerse avances sustanciales frente a la delincuencia juvenil, como ha podido comprobarse en algunas ciudades del mundo.
Es cierto que el problema de la delincuencia juvenil y de la inseguridad no se agota en la cuestión de la edad de imputabilidad de los menores y que ésta en sí misma es de una complejidad enorme. Pero en esta misma página, en particular en las últimas dos décadas, se publicaron numerosos puntos de vista en los que juristas, legisladores y magistrados abordaron el problema de la responsabilidad penal de los menores y que la mayoría de ellos, por no decir en todos, subrayaron la circunstancia de que muchas veces se utiliza a menores como instrumento, aprovechando su inexperiencia pero "incentivados" por un régimen legal que les otorga amplísimos grados de inimputabilidad.
Pero es verdad también que se ha intentado agravar la situación de los mayores que apelan a ese recurso y que los resultados no parecen ser los esperados.
Con cruda elocuencia, las estadísticas vienen marcando en los últimos años un incremento en la cantidad de menores participantes en delitos, así como una mayor agresividad y violencia con daño para los atacados, con consecuencias con frecuencia fatales. Así lo han venido testimoniando los operadores judiciales y policiales con incumbencia en esta gravísima materia.
Pero el hecho de que la solución de fondo no pase por una intensificación de la acción judicial no exime al Estado -ni a la sociedad misma- de la obligación de intensificar sobre la niñez y adolescencia una mayor presencia preventiva, profundamente educativa y, cuando sea necesario, con esmerados de planes de asistencia. Una mayor inclusión de esos niños y jóvenes en actividades educativas, culturales, artísticas, deportivas o recreativas -que, como se dijo, ya se ha comprobado en muchos lugares- podría apartarlos del delito y de la incidencia de la droga, abriéndoles, además, perspectivas concretas de un futuro mejor.