Narcocorridos

El fundamento de tal censura, según fuentes periodísticas, fue impedir que los homicidas, secuestradores, extorsionadores y traficantes "se apropien de la música norteña".

Hace unos pocos días el gobernador del Estado mexicano de Sinaloa, Mario López Valdés, emitió un decreto prohibiendo la difusión de los "narcocorridos" en bares, cantinas y "otros antros" parecidos, pero no en radios y TV. El fundamento de tal censura, según fuentes periodísticas, fue impedir que los homicidas, secuestradores, extorsionadores y traficantes "se apropien de la música norteña". También se agregó que la violencia no se genera solamente a balazos, y que la incorporación de este tipo de canciones en lugares asolados por los criminales, representa un intento de imbuir al tejido social de valores inadmisibles.

Los "narcocorridos" son una variante de los "corridos" mexicanos, canciones populares muy difundidas ya a comienzos del siglo XX, con una temática frecuentemente política y social.

Verdaderos narradores, por ejemplo, de la revolución mexicana de 1910, mutan en su contenido ahora y elogian el tráfico de drogas, entendido como una actividad habitual. De los nuevos "corridos" surge que el narcotráfico está visto como una organización comercial más, moderna y desregulada, desenvuelta por las normas del mercado. Los personajes de los "narcocorridos" presumen ser profesionales, e incluso se presentan como hombres de negocios, sintiéndose orgullosos de su desempeño. Gran parte de estas composiciones destacan la personalidad de algunos de los jefes de los carteles, quienes al parecer, de vez en cuando, las encargan y financian.

De alguna manera, los "narcocorridos" serían parientes de determinados tipos de nuestras más jóvenes "cumbias villeras".

Ambos estilos musicales comparten ciertas características. Cuentan la vida de delincuentes, a quienes elevan al rango de héroes. En los "corridos" sobre la droga, los narcotraficantes son hombres valientes, poderosos, millonarios. En la "cumbia villera" el delincuente-héroe es el ladrón de bancos (el que roba grandes sumas de dinero). Viven la actividad delictiva como profesión. Incluso los "narcocorridos" más populares no se centran en los personajes del narcomenudeo, sino en los que se dedican a un campo más redituable, el del contrabando. Lo mismo ocurre con la "cumbia villera", en donde el ladrón de "medio pelo" es considerado un "ratero" en contraposición al "alto chorro", que asalta instituciones financieras.

Coinciden también en cuanto plantean una situación de enfrentamiento directo y constante con las fuerzas policiales, a las que restan autoridad a través del desprestigio y la burla. Sin embargo, pueden diferenciarse en que el relato del "narcocorrido" contiene una mayor crítica institucional y además, muestra a la clase política mexicana totalmente desprestigiada (abarcando en esta protesta a la jerarquía eclesiástica, las corporaciones bancarias, y los poderes del Estado —sobre todo, el Judicial—). En cambio, en la "cumbia villera" sólo se esboza una tibia crítica política, centrándose el reproche en la autoridad policial.

Sobre estas coordenadas, los "corridos" del narcotráfico y las canciones de la "cumbia villera" muestran las enormes carencias del sistema mexicano, por un lado, y del argentino, por el otro. Reflejan, con diferentes estilos musicales, la realidad social y denuncian gran parte de las falencias de sus pueblos. Son relatos que ofician de testimonio de lo que ocurre en amplios sectores de ambas sociedades.

Desde distintas perspectivas, las dos composiciones musicales han sido vistas por algunos como censurables. Pero también pueden ser percibidas como un ejercicio de la libertad de expresión.

En rigor de verdad, hay dos problemas en juego. Uno, es la censura sobre estos géneros musicales. Otro, el castigo por la eventual comisión de algún tipo de delitos (por ejemplo: apología del crimen, apología del uso de estupefacientes, incitación a cometer delitos, etcétera).

El gran debate actual, en México, en torno a los "narcocorridos", es si son constitucionalmente censurables. Cabe recordar aquí a nuestras "cumbias villeras", que de hecho tuvieron restricciones (bien que no oficializadas por decreto), en nuestra historia no tan lejana, por ejemplo durante el año 2001, en plena democracia.

En principio, tales limitaciones son inconstitucionales, por vulnerar la libertad de expresión. Además, el Pacto de San José de Costa Rica (artículo 13), impide la censura, salvo, en cuanto espectáculos públicos, para tutelar la moral de la infancia y de la adolescencia.

No obstante, el aludido decreto del gobernador de Sinaloa refiere a otras razones para censurar: impedir actos de violencia y promover valores inadmisibles. El asunto deriva, oblicuamente, a evitar la consumación de delitos (aquellos exaltados por los "narcocorridos"), y a descartar la propalación de disvalores antisistémicos.

En realidad, en Argentina, el tema de una eventual censura para impedir la consumación de delitos, ya había sido afrontado tiempo atrás (1987), en el primer caso "Verbitsky", donde un juez de primera instancia impidió la publicación de una "solicitada", a fin de evitar la posible perpetración de una apología de crimen, decisión que fue revocada en segunda instancia, en tutela de la libertad de expresión.

Compaginando esta libertad expresiva (de escritos o de composiciones musicales) con la prohibición constitucional de censura, y las disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica, reacias también a admitir a ésta (salvo el supuesto indicado), el decreto del gobernador de Sinaloa, más allá de las posibles buenas intenciones que pueda tener, no parece contar con apoyo jurídico que lo sustente.

(*) Abogada (UCA), egresada de las carreras de especialización en derecho penal (Universidad Nacional de Rosario y Universidad de Castilla-