Nadie controla las restricciones impuestas a maridos violentos

Caso 1. Melisa Velázquez tenía 18 años y estaba embarazada de cuatro meses. Su ex pareja la baleó mientras dormía. Murió al instante.

En el último año y medio presentó cerca de cincuenta denuncias por hostigamiento y agresión verbal y física contra su pareja. Sabía que Javier Weber, el hombre con quien había compartido 15 años de su vida y le había dado dos hijas, era capaz de agredirla hasta matarla. Lo peor era que sentía que nadie le creía. Hasta que el pasado 2 de agosto cuando volvía de dejar a sus hijas en el colegio él le disparó a sangre fría. Corina Fernández fue trasladada de inmediato a terapia intensiva. Estuvo al borde de la muerte, pero logró sobrevivir. "Siento que la Justicia me dejó sola. Creo que los fiscales y jueces toman medidas leyendo un librito, sin tener en cuenta que cada caso es diferente", se lamenta.

A pesar de que Weber ya estaba condenado a un año de prisión en suspenso, y le habían dictado varias medidas de prohibición de acercamiento, el desafió una y otra vez las restricciones impuestas, hasta que se decidió a dar su golpe final, que afortunadamente no terminó en drama. Esta semana, Melisa Velázquez, embarazada de cuatro meses, fue asesinada por su ex pareja en Dolores. Ella lo había denunciado por maltrato, incluso había llegado a pedir que le impidieran acercarse a su casa. Pero la jueza del caso consideró que no había pruebas suficientes y desestimó la medida. Melisa murió acribillada, mientras dormía.

Desprotegidas. Según confirmaron varios especialistas consultados en la Argentina, nadie controla estrictamente las prohibiciones de acercamiento impuestas a los maridos violentos. Los motivos son varios: en primer lugar, la falta de personal policial necesario para llevar a cabo esta tarea –aunque también influye la falta de integración entre el sistema judicial y las comisarías– y la burocracia. Una vez que la mujer hace la denuncia y el beneficio le es otorgado, éste vence a los tres meses y es necesario volver a iniciar los trámites.

"Muchas veces el varón violento se burla de la ley y vuelve a cometer actos de agresión contra la víctima. Esto sucede porque en nuestro país la Justicia no toma medidas efectivas y carece de órganos de auxilio que hagan cumplir de la manera correcta y obligatoria sus mandatos", comenta Fabiana Túñez, de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, una ONG dedicada a la violencia de género.

"A mí la prohibición de acercamiento no me sirvió para nada. Si uno llama al 911, se demoran más de 15 minutos, cuando aparecen", relata Corina.

Tres jefes policiales reconocieron a este diario que constantemente reciben pedidos para realizar "rondines" donde reside la ocasional denunciante, pero muchas veces no los llevan a cabo por falta de personal. "Intervenimos cuando la víctima se comunica a la comisaría o al 911. Entonces se demora al sospechoso y se notifica a la fiscalía actuante", explica un comisario.

"Por más que el Poder Judicial tome una medida, no es suficiente ya que se necesita más educación y prevención", explica Analía Monferrer, secretaria letrada de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ante cada denuncia, psicólogos, asistentes sociales y abogados evalúan el riesgo de la víctima, para derivarla a la Justicia.

Recién después del brutal ataque contra su ex pareja, Javier Weber fue detenido. Cinco meses después, Corina Fernández empieza a disfrutar de esta nueva etapa. Aunque todavía le falta mucho para considerarse recuperada. Ahora vive con su madre, perdió su trabajo e intenta reponerse de los ataques de angustia que sufre de vez en cuando. "La sensación de dejar de vivir con miedo es algo impagable", relata. Sin embargo, las dos balas que siguen alojadas en su pulmón izquierdo serán un recuerdo constante del horror que le tocó vivir.