Nada es gratis

El viejo tango de Cobián y Cadícamo parece reflejar la actualidad: hoy el modelo K languidece igual que aquel "bandoneón desinflao".

El efecto propaganda de la administración Kirchner ha logrado instalar la idea de que la reducción de subsidios es un acto de toda justicia, aunque en el fondo se trata de una brutal transferencia de recursos de la población hacia el Estado para financiar sus mamarrachos fiscales.

Así, es el gobierno el único que se beneficia con la baja de subsidios a los consumos energéticos, para financiar otras áreas más ineficientes. Los casos de Aerolíneas Argentinas y AYSA son dos notorios emblemas del fracaso del Estado paternalista y productor de servicios.
Allí el gobierno nacional justificó las estatizaciones porque iba a hacer "mejor" las cosas que los malditos privados noventistas. El resultado: dos compañías técnicamente quebradas que les cuestan a los argentinos 1.000 millones de dólares anuales y dos juicios en tribunales internacionales con demandas multimillonarias.

En tanto, la administración Kirchner sigue adelante con su intento de ajustar un modelo que tiene fallas de origen. Un modelo basado en el despilfarro, el desorden fiscal, el deterioro del poder adquisitivo del salario –a través de la inflación– y la depredación de recursos fiscales, energéticos y humanos.

El ajuste tiene un movimiento envolvente. Por un lado, aumenta la presión fiscal y, por otro, incrementa los costos financieros.

En el recorte del subsidio, el gobierno traslada a los usuarios el costo de la tarifa plena que antes absorbía en parte, en compensación de la brutal devaluación convalidada a partir del 2002.

Al abonar una menor tarifa, el consumidor final del servicio pagaba una carga tributaria proporcional a su consumo subsidiado.

Ahora el consumidor deberá pagar una mayor carga impositiva por el efecto de tener que soportar la tarifa plena, trasladando el mayor costo fiscal a las arcas del Tesoro.

Nadie duda de que el sistema de subsidios es un generador de desequilibrios. Pero adquiere dimensiones draconianas, cuando un gobierno con plenos poderes y facultades

extraordinarias derivadas de una emergencia económica sin fin aplica y quita subsidios de acuerdo con su antojo o preferencia política.

¿Por qué cortar subsidios a consumos energéticos y mantenerlos en el transporte, los peajes, el fútbol para todos, el aparato propagandístico estatal o para miles de personas que viven sin trabajar cuando están en su plenitud vital? ¿Cómo explica la administración progresista que mientras mantenía subsidios a casinos e hipódromos les negaba a los jubilados sus reclamos salariales? Si el recorte de subsidios ahora es un acto de justicia, ¿los ocho años de prebendas anteriores fueron un acto de injusticia? El subsidio tiene en una punta alguien que recibe un beneficio y en el otro extremo alguien que lo paga. Nada es gratuito, a pesar de que los políticos se empeñen en afirmar lo contrario. El subsidio se transforma en irritativo cuando quien debe soportar el pago es un rehén del poder de turno. Nada es gratis, a pesar de que en muchos casos no parece claro quién paga la fiesta. Y cuando esto ocurre, el subsidio lo pagan todos, a través de la inflación.

Sin embargo, la discusión va más allá de los subsidios. La madeja que se armó casi impide ver las causas del problema: derroche, despilfarro, improvisación y depredación. Que el modelo no se toca, que el modelo está blindado, que le enseñamos al mundo a administrar la economía...

El modelo está en agonía y necesita de oxígeno para continuar con vida. Como no tiene viabilidad propia, necesita asistencia externa que obtiene de los contribuyentes de manera directa y de manera indirecta mediante la inflación y luego por la devaluación. Nada es gratis. Todo tiene un costo. Dolarización, fuga de capitales, suba del valor del dinero y más tarde caída del nivel de actividad.

(*) Analista económico