Muy simple

Simples soluciones represivas para problemas complejos: el inconstitucional plebiscito de Massa sobre el Código Penal, la resucitada propuesta de Cobos de mandar a los cuarteles a los muchachos que no estudian ni trabajan y la incursión política de Lorenzetti, para quien el gran problema argentino es el narcotráfico. Alfonsín había previsto esta deriva inquietante cuando restringió los temas admisibles en una iniciativa popular. El costoso acuerdo con la UCR y la nueva visita a Roma.

Un inconstitucional plebiscito sobre la graduación de las penas para los distintos delitos impulsado por el diputado Sergio Massa; la definición del narcotráfico como el principal problema que afecta al estado de derecho formulada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia en un aventurado discurso político y la insistencia de enfrentar la inseguridad llevando a los cuarteles militares a los jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni trabajan, formulada por Julio Cobos, a quien se le ofreció la presidencia de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados son tres puntos notorios de una recta inquietante, que conduce hacia soluciones simples y de potencial represivo para problemas complejos y multidimensionales. Completa el panorama la anunciada audiencia de la presidente CFK con el Papa Francisco dentro de diez días.

El jueves 13 de febrero, Cristina recibió el proyecto de reforma, actualización e integración del Código Penal de la Nación en el que trabajó durante un año y medio una comisión creada por decreto del Poder Ejecutivo en 2012. Su característica principal es que no la compusieron técnicos, como en ocasiones anteriores, sino juristas con destacada actuación política y políticos de buena formación jurídica, requisitos que rara vez coinciden: el ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni presidió el bloque de diputados porteños del Frente Grande; los ex camaristas federales Carlos Arslanian y Ricardo Gil Lavedra fueron ministros de Justicia de los presidentes Carlos Menem, justicialista, y Fernando de la Rúa, radical; la ex diputada María Elena Barbagelata integra el Frente Amplio Progresista y fue redactora del Código Edilicio porteño; el actual diputado Federico Pinedo, del PRO, comenzó su carrera en la Nueva Fuerza de la familia Alsogaray y luego de alió con Domingo Cavallo. Si bien ninguno investía representación partidaria, cubrían un amplio arco ideológico, expresión de los consensos y las políticas de Estado que todos dicen anhelar. No hubo representantes del Frente Renovador, porque se creó un año después que la Comisión. La presidente dijo al recibirlo que lo pondría a estudio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y lo reiteró ante la Asamblea Legislativa. Massa anunció que intentaría reunir cinco millones de firmas para oponerse mediante una consulta popular y declaró su acuerdo con el Episcopado Católico y con Lorenzetti acerca de la lucha contra el narcotráfico. Las opiniones se dividen entre quienes subrayan que Massa desconoce cuestiones básicas reguladas por la Constitución Nacional, que no permite modificar la ley penal por votación popular, y aquellos impresionados por sus reflejos de predador electoral y su falta de escrúpulo, que le permitieron poner a la defensiva al resto de las fuerzas políticas, acunado por los grandes medios de comunicación. La prohibición constitucional fue fundamentada por el ex presidente Raúl Alfonsín en la Convención Reformadora de 1994 porque, dijo, en ciertos momentos los medios pueden propiciar un arrebato de la opinión pública que implante hasta la pena de muerte para cualquier delito. La idea de que el anteproyecto de la Comisión multicolor, que hasta ahora el Poder Ejecutivo no ha hecho propio, reduce penas para los más graves delitos y los hace excarcelables es inexacta: por un lado, es mayor el número de delitos cuyas penas se incrementan y por otro, el Código Penal no regula las excarcelaciones, cosa que cada estado provincial hace en su exclusivo Código Procesal. Además, en los casos en que algunos mínimos se reducen, esto se ve compensado por el cumplimiento efectivo de la pena, cosa que en la actualidad no ocurre. El anteproyecto es un todo sistemático que intenta devolver racionalidad y proporcionalidad al Código Penal descuajeringado por parches y leyes especiales a lo largo de casi un siglo. El desdén de Massa y de su asociada Graciela Camaño de Barrionuevo (como él, flamante abogada) por el cumplimiento de la Constitución y de la ley 24.747, que prohíben la iniciativa popular que proponen, no mella su efectividad política, pero degrada el debate institucional en los precisos términos que previó Alfonsín. La UCR y el PRO se dejaron arrollar sin resistencia por esta ofensiva de la demagogia punitiva y su irrealizable ilusión penal. Lo que le molesta a Maurizio Macrì de la jugada de Massa es que no se le haya ocurrido a él dijo Felipe Solá, que fue socio de ambos. En la UCR, Cobos coincidió fuerte y claro con el diputado de Tigre, mientras Ernesto Sanz, Gerardo Morales y Oscar Aguad dijeron algo parecido pero con la boca llena y mirando hacia otro lado, de modo que no se entendió bien. La objeción que preocupó al gobierno nacional fue la de Susana Trimarco, muy angustiada porque los rufianes tucumanos que secuestraron a su hija Marita Verón intentaron hace unos días introducir en un auto por la fuerza a su nieta Micaela. Esta justificada desesperación podría tomarse como ejemplo para debatir la reforma del Código. Marita fue secuestrada con la escala actual y en doce años el caso no fue esclarecido ni sus responsables castigados. La escala penal para el delito del que fue víctima la hija de Susana Trimarco y con el que ahora amenazan a su nieta era de 4 a 8 años y en el anteproyecto sería de 3 a 8. En el caso de Marita, de quien no volvió a saberse, es obvio que la pena nunca podría ser el mínimo. ¿Alguien piensa en serio que de esa modificación dependen la seguridad de Micaela y el sosiego de su abuela? Si la policía tucumana no fuera parte del ruin negocio, si la Justicia hubiera investigado con diligencia desde el principio, si los capos de la organización criminal no tuvieran acceso fácil a los despachos oficiales, si los medios no lucraran con la publicidad de la prostitución, el crimen no se habría producido o ya hubiera sido aclarado. Sin esas transformaciones, la pena podrá ser de prisión perpetua o de muerte y nada se avanzaría. Del mismo modo, para erradicar o disminuir la comercialización ilegal de estupefacientes y mejorar la seguridad en el extenso corredor del norte del conurbano bonaerense (Vicente López, San Fernando, San Isidro, Tigre, Pilar, oh casualidad, todos ellos gobernados por el Frente Renovador de Massa) bastaría con disolver la santa alianza de intendentes, narcos, fiscales y policías. Allí se han producido los asesinatos más resonantes entre bandas de traficantes, cuya investigación fue obstaculizada por esa densa trama política, judicial y policial. Y en Tigre mismo fueron detenidos por fuerzas federales el narco colombiano Mi Sangre, en 2012, y el argentino Ariel Álvarez esta semana. Se diría que valoraron otras cuestiones diferentes a la escala penal antes de decidir dónde radicar su base de operaciones.

Los acuerdos que el gobierno nacional intenta con la UCR no han tenido hasta ahora los efectos que se buscaban, entre otras cosas porque el radicalismo también es una bolsa de gatos, aunque no se reproducen cuando chillan. No fueron posibles en el Consejo de la Magistratura, pese a la propuesta oficial, ni sirven ahora para sostener la reforma del Código Penal. Sin embargo, pueden tener un alto costo si se concreta la anunciada designación del ex vicepresidente Cobos para presidir la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en lugar de la kirchnerista del Frente Grande Adriana Puiggrós. Desplazar a una militante que acompañó a Kirchner y a Cristina sin defecciones desde 2003 para hacerle un lugar nada menos que en esa comisión a quien consumó el trabajo práctico de educación cívica menos positivo de la democracia argentina sería un gesto autoderrotista. El problema con Cobos no es sólo aquella deserción escandalosa cuando el gobierno necesitaba de todas sus fuerzas en la confrontación con los poderes fácticos. Tampoco son edificantes sus propuestas actuales. Hace 45 días, cuando Cristina anunció el Plan Progresar, para jóvenes de 18 a 24 años, Cobos dijo que era necesario "ir a fondo" y "estimular de otra forma a los jóvenes". Puso como ejemplo el programa Servicio Cívico, que ejecutó como gobernador de Mendoza: "Utilizamos las instalaciones ociosas del Ejército para darles educación y capacitación en oficios a los chicos que no estaban en el sistema", dijo. El año pasado, durante la campaña electoral, Cobos presentó el libro Educación, el único camino y la página en Internet coboseducar.com.ar. Un capítulo del libro exalta aquella experiencia y afirma que "los jóvenes de los sectores más vulnerables que no estudian ni trabajan necesitan apoyo continuo, especialmente en lo referente a hábitos de trabajo y a la persistencia en el esfuerzo", como forma de "disminuir los índices de pobreza, violencia, desocupación e inseguridad". Según Cobos, ese programa "acercó las Fuerzas Armadas a la sociedad, llevando a cabo una importante función social. Los participantes asistían a jornadas completas en las instalaciones del Ejército donde almorzaban y concurrían a talleres sobre valores". En 2010, el Senado trató proyectos de Servicio Cívico Voluntario de los radicales Ernesto Sanz y Laura Montero (ella fue ministra de Cobos), y de los peornistas Adolfo Rodríguez Saa y José Pampuro, con el objetivo de "otorgar espacios de contención a jóvenes en situación de riesgo" (que no describe en qué consiste), alentarlos a que terminen el ciclo educativo básico, capacitarlos en oficios, promover talleres culturales, artísticos y recreativos y fomentar "la cohesión social". El dictamen común para los cuatro proyectos se firmó en la comisión de Justicia y Asuntos Penales, que debe pronunciarse sobre "toda disposición de carácter punitivo o represivo que contenga cualquier rama del derecho", eludiendo las de Educación y Defensa. Esto dice mucho sobre la agenda oculta de esos proyectos, representativos de la histeria punitiva que en estos días toca nuevas cumbres. El Senado lo aprobó por mínima diferencia pero no pasó a Diputados porque ante una consulta de la ministra de Defensa Nilda Garré el entonces Jefe de Estado Mayor del Ejército, general Luis Alberto Pozzi, objetó "la conveniencia y oportunidad de llevar adelante la aplicación del Servicio Cívico Voluntario en dependencias de las Fuerzas Armadas y por personal de dichas fuerzas, teniendo en cuenta que ello implicaría la desnaturalización del instrumento militar, principalmente por las consecuencias sobre la organización, la utilización de los recursos humanos, materiales y presupuestarios de las Fuerzas Armadas y en especial a la luz de las tareas y responsabilidades propias y naturales del ámbito militar, que no incluye la enseñanza formal de adolescentes y jóvenes ni la capacitación en oficios". También analizó el antecedente mendocino de Cobos. En 2005 ingresaron 254 alumnos y egresaron 111; en 2006 fueron 187 y 103; en 2007, 262 y 137 y en 2008 ingresaron 113 y egresaron 58. Este rendimiento declinante se debió "a la falta de adaptación a las normas de convivencia, al grado de inasistencias, a la no adecuación a los horarios a cumplir y a la disonancia con las expectativas generadas", escribió el militar.

El tercer punto de la recta fue la homilía con que Ricardo Lorenzetti inauguró el año judicial. Como Cobos, dijo que hablaría de valores. En la misma línea que Massa y que los obispos católicos, presentó al narcotráfico como la peor amenaza al estado de derecho, "algo en lo cual todos coincidimos", por lo cual sólo "tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cuestiones básicas e implementarlas". Esta coincidencia decretada desde el púlpito tiene poco que ver con el debate democrático en un tema en el que si algo no sobran son las coincidencias. El presidente de la Corte no ve contradicción entre su defensa de la división de poderes y esta extralimitación sobre atribuciones del Ejecutivo y del Congreso, a los que también les impuso la creación y relocalización de juzgados. Aún si se admitiera que como cabeza del Poder Judicial puede opinar sobre cualquier asunto, este pronunciamiento no pasaría el test de calidad institucional. La ubicación que hizo de un delito determinado como eje de la problemática institucional es una enormidad que el abogado de Rafaela resaltó con gestos histriónicos de rostro y manos. Massa había hecho referencia a su participación en un encuentro convocado a fines de 2013 por el Episcopado Católico para plantear el tema. Los obispos firmaron en noviembre un documento titulado "El drama de la droga y el narcotráfico", en el reclamaron "amplios consensos sociales que deriven en políticas públicas de corto, mediano y largo alcance", la misma cuerda que pulsó Lorenzetti al reclamar políticas de Estado basadas en consensos básicos. La Iglesia Católica argentina, vale la pena recordar, tiene como orientador oficial en temas de drogodependencia al vicealmirante (R) Horacio Florencio Reyser, quien participó en encuentros bilaterales sobre seguridad con el Comando de Operaciones de la Armada estadounidense y en conferencias sobre "La nueva agenda de seguridad en el hemisferio sur", que es donde los estadounidenses colocan la cuestión de las drogas y la vinculan con el terrorismo. Lorenzetti dijo que su prédica había sido consensuada con los demás ministros, pero según uno de sus colegas "sólo nos envió una hoja con un punteo de los temas que pensaba tocar, y después dijo lo que se le ocurrió a él". Eso explica que haya mencionado nada menos que seis veces a "nuestra generación", que comprende los 96 años de Carlos Fayt, los 74 de Zaffaroni y Carmen Argibay, los 64 de Juan Carlos Maqueda y los 58 del propio Lorenzetti. De haber conocido este curioso colectivo, Ortega y Gasset hubiera modificado su teoría sobre las generaciones. En un mensaje autorreferencial, Lorenzetti se citó tres veces a sí mismo. También exaltó la diversidad y el pluralismo, reconoció el derecho a criticar y ponderó el debate público sin demonizar al que disiente. Es un acertijo cómo se concilia este mensaje con su obstinada negativa a autorizar la constitución formal de Justicia Legítima, la organización no corporativa que ni siquiera fue mencionada durante la interminable lectura de todas las autoridades y organizaciones presentes, pensada para realzar el poder de convocatoria del presidente de la Corte. También se le aplica a él su referencia a la piedra de Hammurabi y la distancia que existe entre las leyes escritas y la realidad. Otro tanto puede decirse de sus menciones a pobres y excluidos, pronunciadas el mismo día en que la Corte se negó a supervisar si se está cumpliendo en todo el país su fallo de marzo de 2012 en el caso "A. F. s/medida autosatisfactiva". Se trata de la autorización del aborto a una adolescente violada por su padrastro, una cuestión de fuerte impacto entre pobres y excluidos. La interrupción del embarazo ya se había realizado pero la Corte quiso dejar por escrito su criterio "para la solución de casos análogos que puedan presentarse en el futuro", dado que comprometen la responsabilidad internacional del Estado Argentino. Por eso, exhortó a las autoridades nacionales y provinciales a sancionar protocolos hospitalarios que removieran las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos en abortos no punibles. También dijo que para acreditar que el embarazo es consecuencia de una violación basta la declaración jurada de la víctima, de modo que los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial. Pero el mismo tribunal rechazó ahora pedir información a las provincias para supervisar el cumplimiento de su sentencia. El fallo fue unánime pero la negativa a verificar su cumplimiento no contó con las firmas de Enrique Petracchi y Raúl Zaffaroni. Como dijo Lorenzetti, "tenemos muchas disposiciones legales que son declarativas. Muchos discursos, pocas aplicaciones". Admitió con gusto la calificación de episcopal para sus exposiciones porque "hemos sido todos militantes de verdades parciales" y las sociedades necesitan "bases de funcionamiento común". De allí dedujo que la Corte debía intervenir en la agenda pública "iluminando algunos temas". Parecen palabras tomadas de la Carta Pastoral "Una luz para reconstruir la Nación", que el Episcopado Católico les asestó a sociedad y gobierno en noviembre de 2005, con el presidente de la Corte subrogando al magisterio eclesiástico. Es difícil imaginar que en su audiencia del lunes 17 con un verdadero obispo, Cristina se salve de una nueva felpeada sobre el mismo asunto, que el ahora sonriente Jorge Bergoglio consiguió instalar como eje de la política argentina, alineando a propios y extraños.