Mucho más que escándalo político
Cada vez resulta más estrecho el margen para la evasión, en la Argentina, de la cuestión de la distribución de la tierra.
Cuando estallan los conflictos que producen las demandas insatisfechas de un pedazo de suelo para levantar en él ese todavía lujo para tantos argentinos que es la vivienda familiar, se dirige la atención a la tradicional violencia de las represiones policiales, a la ineficacia de los gobiernos municipales, provinciales y nacionales; a la participación, real o presunta, de grupos inconfesables y extraños; a la irracionalidad de las conductas opositoras, siempre ansiosas por generar daño a los gobiernos, sobre todo en períodos preelectorales, que son los más del año, como tal vez anotaría Cervantes reiterando parte de su primer capítulo del Quijote.
Hacia esto apunta el comentario generalizado. Pero el asunto de fondo que radica en la injustificable realidad de minorías propietarias de desmesuradas extensiones de la superficie patria -entre ellos el propio Estado- y muchedumbres de otros compatriotas que carecen de la mínima "lonja" necesaria para instalarse en ella y vivir con la dignidad correspondiente a su condición de personas; de esa segura fuente de reventones sociales futuros, quizá más agresivos que los que se han conocido hasta ahora, no hay ni una sola palabra. En este punto, el silencio es absoluto, como si al menearlo se pusiese en riesgo, el núcleo vital del país, la fibra inicial del "orden argentino".
Lo que está ocurriendo por estas horas en Jujuy, donde unas quinientas familias han ocupado ilegalmente alrededor de 15 hectáreas pertenecientes al Ingenio Ledesma, ha puesto, brutalmente, en la opinión pública, este tumor nacional -el problema de la tierra- que se quisiera extirpar si fuera posible con cirugía imperceptible. La represión policial con que se ejecutó el desalojo dejó el saldo de 4 muertos y decenas de heridos y provocó una conmoción política en medio de la cual el Gobierno Nacional trata de asumir una postura que, por un lado exprese su rechazo a toda violencia, y, por otro, que no deje abandonado a su suerte a uno de sus gobernadores del mismo "palo".
Es probable que mayor duración tendrán las repercusiones políticas del caso y la discusión para sacarse de encima las responsabilidades y encontrar a quien pudiese, en la otra vereda, identificarse como causante de un estallido que, para muchos, seguirá siendo inexplicable; mayor que las gestiones que se hagan para responder al clamor de los necesitados; y, desde luego, mucho más que el estudio de reformas que se traduzcan en legislación que asegure, para los sectores más deprimidos, la posesión de un lugar donde ubicar la vivienda personal y familiar única sin el albur de poner a prueba su vida misma en el intento.
No ha de creerse que se esté procurando sugerir una reforma agraria típica del colectivismo soviético. Pero sí una reforma que tuviese la finalidad de convertir la tierra en bien de vivienda y producción, no de especulación, por entenderse que es patrimonio de todos, del que nadie debería ser privado. En los últimos 40 años se han presentado en el Congreso de la Nación proyectos de reforma en la dirección señalada. Pero huelga decir que no han tenido ni siquiera el honor de ser tratados en el seno de las comisiones legislativas correspondientes. ¡A semejante distancia sigue estando todavía la solución para un problema humano tan inadmisible en estos tiempos de conciencia social de tal modo extendida e impaciente!
El trágico desalojo de ocupantes ilegales reprimidos en Jujuy con una violencia que dejó 4 muertos y decenas de heridos es mucho más que tema de la controversia preelectoral.