Miopía digital

El presidente uruguayo, José Mujica, tomó una decisión absurda y errónea para mejorar el rendimiento y la eficiencia de la administración pública: prohibió a los empleados estatales usar las redes sociales, como Facebook y Twitter, o que en horas de oficina descarguen videos de YouTube o usen servicios telefónicos como Skype.

Es posible que algunos empleados abusen de sus puestos descargando música, películas o juegos on line , pero es injusto achacar a Internet la ineficiencia y lentitud que las burocracias arrastran desde hace siglos.

Desconocer el uso eficiente que pueden tener las redes sociales en la función pública y en la creación de un gobierno 2.0, más participativo y conectado con la gente, demuestra que ciertos políticos han hecho poco para vencer el analfabetismo tecnológico.

Desconcierta esta miopía digital en Uruguay, país con uno de los sistemas más democráticos, menos corrupto y pionero con el programa "una computadora por alumno", mediante el cual se logró mejorar la educación y reducir la deserción.

Es inentendible que esa experiencia positiva no se haya extrapolado a la administración pública. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto del gobierno uruguayo colocó en las computadoras de los empleados medidores de uso de banda ancha para sancionar los abusos, a costa de la creatividad y de una mejor comunicación con los ciudadanos. También se pierde la posibilidad de que el Estado esté presente donde ocurre gran parte de la conversación pública: en las redes sociales, el espacio de mayor crecimiento en todos los países.

Buenos ejemplos. Existen buenas experiencias sobre el uso de esos medios en los gobiernos. Se utilizan en campañas de educación, para mejorar procesos electorales y orientar a usuarios sobre trámites complejos, así como para informar sobre salud pública por Twitter, reclutar personal por Facebook, entrenar a los empleados por YouTube o ahorrar con el uso de Skype.

Lo más trascendente de un gobierno 2.0 es que la comunicación digital en redes y blogs exige ofrecer más información pública, mayor transparencia y rendición de cuentas, además de que permite a los ciudadanos participar de las soluciones. Por ejemplo, el sitio que posee la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos enseña a los consumidores no sólo a mantener la privacidad o evitar el robo de identidad, sino también a reportar prácticas fraudulentas y delictivas.

En Suecia, un sitio gubernamental permite a los usuarios hacer evaluaciones, comparaciones y críticas de servicios de las oficinas públicas, lo que las obligó a gastar mejor sus recursos, cambiar malos hábitos de atención al público y reducir tiempos en los trámites.

A diferencia de Mujica, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, optó por tener un gobierno alineado con las nuevas tecnologías. En lugar de prohibirlas, prefirió educar a sus funcionarios en el buen uso. En unos meses, Chile será el primer país latinoamericano con una guía de instrucción para funcionarios y empleados públicos en el manejo apropiado de las redes sociales, que podrá ser actualizada en forma constante. En el primer borrador, de fines de diciembre, se incluyen temas tales como no responder a insultos, usar vocabulario coloquial, no bombardear con información sin calidad o discriminar los datos públicos de los confidenciales.

Ojalá que otros países que están detrás de la eficiencia del sector público adviertan las diferencias entre la miopía digital de Mujica y la responsabilidad tecnológica de Piñera. No es difícil elegir cuál modelo ofrece un gobierno más abierto y participativo.