Minería: el debate pendiente

La minería es una industria casi tan antigua como el hombre, dado que éste se munió de elementos de la naturaleza para su subsistencia y desarrollo y en ello los minerales desempeñaron un rol estratégico. Existen vestigios de la utilización de minerales por parte del hombre que datan de más de siete mil años.

Luego cada vez se tornó más necesaria la obtención de sustancias como el hierro, cobre, oro, estaño, etc., por lo que la humanidad fue creciendo y desarrollándose siempre con la utilización de minerales que hoy en día cubren y posibilitan gran parte de la vida como la conocemos. Desde la electricidad, pasando por la computación, telefonía, medicina, aviación, alimentos, vestimenta, etc. precisan de minerales que son obtenidos por el hombre de la riqueza geológica presente en la naturaleza.

En el mundo actual es cada vez más creciente la necesidad de contar con materias primas y el caso de los minerales deviene estratégico. Para el año 2040 China tendrá el 40% del PBI mundial, India un 12% y Asia-Pacífico otro 12%.

Existe una gran complementariedad entre Asia y América del Sur; ellos con mucha población y con pocos recursos naturales, nosotros en la situación opuesta, contando con un gran potencial petrolero, gasífero y minero. Es cuestión de pensar qué hacer con este potencial que anida en nuestras entrañas.

Ahora bien, los minerales son recursos no renovables y generalmente requieren un proceso de beneficio en donde se obtienen prestos para ser comercializados. Últimamente la minería ha despertado no pocas pasiones y reacciones a veces irreflexivas teñidas de ideologías o intereses económicos que han colocado a esta industria madre en el sillón de los acusados.

Si nos circunscribimos a nuestro país debemos decir que la minería cuenta con una legislación de fondo (Código de Minería de la Nación sancionado en el año 1887) y otra de forma (Código de Procedimiento Minero de Mendoza) las cuales rigen los requisitos para la obtención de la concesión de un derecho minero como así también los derechos y obligaciones del Estado, como dueño originario de los yacimientos, y los particulares que acceden a su concesión útil, por lo que podemos concluir que no existe respecto a este tema una situación de anomia sino todo lo contrario, ya que es una de las actividades más vastamente regulada.

A ello debe agregarse que para ejercer el derecho a la concesión es necesario contar con la imprescindible licencia ambiental denominada declaración de impacto ambiental (DIA) que resulta de una evaluación multidisciplinaria que se realiza del proyecto a desarrollarse. Esta evaluación en la provincia de Mendoza está regulada por el Decreto 820/06 que dispone algunos puntos que por su relevancia es necesario resaltar.

En primer lugar, contempla un procedimiento puntual para esta actividad que posee una especificidad que amerita dicho tratamiento de modo diferenciado a otras industrias, haciendo pasar al proyecto evaluado por el tamiz de Universidades públicas, distintos organismos estatales, el Departamento General de Irrigación, organizaciones no gubernamentales, etc.

Además incorpora la necesaria participación ciudadana a los fines de ser oídas todas aquellas personas que quieran manifestarse y plantear sus disidencias u observaciones con respecto a un proyecto. Esta participación está articulada en dos importantes etapas: a) la consulta pública y b) la audiencia pública.

La primera de ellas es quizás la más relevante, ya que permite que cualquier ciudadano en primer lugar conozca el proyecto, ya que el expediente deberá estar a su disposición por el plazo de sesenta días hábiles y luego le confiere la potestad de plantear sus objeciones u observaciones en forma escrita y fundada, incorporándose estas al expediente a evaluarse.

Este no es un tema menor, puesto que ante las apocalípticas razones que suelen blandirse para defenestrar a la actividad esta etapa procesal posibilita que estas sean puestas fundadamente por escrito y obligan a los órganos evaluadores a considerarlas. Lamentablemente la experiencia indica que rara vez llegan al expediente las pruebas de tan temerarias afirmaciones y se llenan su hojas de objeciones rayanas al folletín con fundamentos tales como "no es no", "no pasarán" y demás aseveraciones "científicas".

La audiencia pública ha sido pensada como una etapa posterior a la consulta, a los fines de que el proponente pueda presentar su proyecto a la comunidad y a la vez "oír" a esta, de allí su nombre.

No obstante ello, se ha transformado a la audiencia en un diálogo de sordos ya que se apersonan grupos perfectamente aceitados cuya función lejos está de escuchar o aportar al proceso, sino que se decanta en una medición de fuerzas entre los que están a favor y en contra del proyecto, sumando voto a voto para luego enrostrar difusas victorias o arrogarse la representación del pueblo que "ha hablado", presionando así a las autoridades. Estas audiencias no son vinculantes, ya que quien tiene la potestad de emitir o no esa licencia ambiental que faculte el ejercicio del derecho minero ya concedido es el Estado.

Los detractores de la actividad utilizan argumentos que rara vez contienen razones científicas atendibles, más bien conllevan slogans muy bien preparados y verdades a medias que pueden calificarse como falacias que nadie se preocupa en desnudar.

Explica al respecto Umberto Eco: "Para conseguir un significado unívoco y preciso se introducirán en el mismo elementos de reiteración, el mensaje entonces se cosifica y el otro lo recibe como un paquete, claro pero vacío? Nada tiene que entenderse ya que viene entendido". Por lo que cuanto más claro el mensaje, cuanto más comprensible, tanto menos dice, tanto más pobre es. Repetir antinomias como agua o cianuro, vida o muerte y aseverar que la minería siempre mata, depreda, saquea y contamina es un mensaje harto claro, pero ¿será cierto?

La industria minera no debiera ser evaluada como buena o mala, sino como necesaria o no para una determinada comunidad. La potencialidad geológica presente en distintas provincias además de ser un activo debería representar también un compromiso para la sociedad en torno a un debate serio y desapasionado que determine las condiciones bajo las cuales esta actividad puede ser desarrollada.

Poco ayudan a este debate las vías de hecho como cortes de ruta o lamentables escraches que denotan la flaqueza de las razones que alegan sus detractores, quienes lejos de participar y respetar la institucionalidad de un proceso legalmente reglado, se refugian en los slogans, copan las calles y lanzan diatribas infundadas tendientes a confundir, atemorizar y presionar a un Estado que, salvo honrosas excepciones, no siempre está a la altura de dar un debate necesario y cada vez más impostergable.

Las opiniones vertidas en este espacio, no necesariamente coinciden con la línea editorial de Diario Los Andes.