Miles de ojos desconfiados
*Por Juan Manuel Asis. En los últimos días hubo muestras de que las dudas acerca del rumbo económico del país...
... no sólo alcanzan al Gobierno sino también a los gremios, que se subieron a un índice particular para exigir mejoras.
Desconfianza. Es la palabra que subyace en las acciones políticas de los últimos días. Desconfianza de la Provincia en la gestión económica del Gobierno nacional, desconfianza de la dirigencia de los gremios estatales en la administración de José Alperovich y desconfianza ciudadana en las razones esgrimidas por el Poder Ejecutivo para justificar la designación en el Estado de medio centenar de ex comisionados rurales que perdieron los comicios en agosto del año pasado. ¿Por qué lo decimos? Veamos.
En 2011, la gestión alperovichista resolvió congelar el presupuesto del Pacto Social de este año y aprobó una resolución que permitía que los municipios mejoren las dietas de los concejales metiendo mano en los dineros destinados a la obra pública. O sea, admitía que se frene de la obra pública para poder atender las necesidades salariales de los ediles. Eran dos muestras de que el PE ya miraba de reojo y con algunas dudas el porvenir económico del país de la mano de la gestión del cristinismo.
Previsiones que le llaman, pero que políticamente muestran que se puede jurar identificación y lealtad plena con el modelo kirchnerista, pero que a la hora de hacer proyecciones económicas se contemplan los posibles errores antes que las eventuales virtudes que se venden desde el poder central. ¿No recibían buenas señales de la administración nacional? Este año asomó una nuevo botón de muestra sobre las dudas que tiene el Gobierno provincial respecto de las remesas que pueda garantizarle la Nación: la aprobación para que las empresas constructoras puedan aplazar la culminación de las obras en caso de que los envíos de dinero sufran alguna impensada demora. Si no hay dinero, no hay obra; simple. Sin embargo, funcionarios y contratistas locales aseguran que esto no sucederá. Se podría decir que quieren que no suceda pero, por las dudas, se autorizan nuevas modalidades de gestión ante indeseados retrasos.
Es que una cosa es la política y otra el bolsillo; con lo primero se alimenta la pasión y las ambiciones de poder y con lo segundo el estómago. Y precisamente una panza llena es lo que provoca una calma natural en los seres humanos, o dicho de otra manera, satisfacer esa demanda es una buena apuesta a la tranquilidad social. Es una visión simplista y muy pragmática. Pero he aquí que los que representan a los dueños de "los estómagos con relación de dependencia estatal" son los que advirtieron los signos de la desconfianza que está exponiendo el Ejecutivo y también agitaron sus propios miedos fronteras adentro. Todo un efecto cascada, cuyo epicentro está en la Nación. Temiendo los impactos de la inflación sobre los haberes -tal como lo apuntaron-, la dirigencia gremial no quiere -como lo viene aceptando y firmando hace casi una década- un acuerdo salarial con un año de vigencia, sino que haya más de un convenio a lo largo del año -trimestrales o cuatrimestrales- para una correspondiente actualización de los valores en caso de un desmadre de la economía argentina.
Es un síntoma de que los sindicatos tampoco tienen confianza en el pulso económico de la Nación y temen que esto repercuta en Tucumán. Si miramos un poco más allá, ambos, Gobierno y organizaciones de trabajadores, desean evitar que se llegue a la instancia delicada de la protesta masiva de los empleados públicos, lo que no sucede también desde hace una década. ¿Se acabaron los sindicatos estatales combativos o es que realmente los laburantes ganan de parabienes? Las treguas han marcado los tres mandatos consecutivos del gobernador, y nadie, por lo menos los involucrados en los pactos sociales, quiere romper ese esquema de paz, el que sólo puede resquebrajarse a partir del rumbo económico del país, con o sin viento de cola.
En suma, los gestos dicen que nadie confía en nadie; ni siquiera los trabajadores en sus representantes, caso contrario estos -con un gran olfato para interpretar las necesidades de las bases- no habrían salido a tomar sus previsiones, temerosos de que la economía cause desbordes que hagan zozobrar sus propias gestiones sindicales. Sin embargo, algo inesperado apareció en el escenario de la discusión para jugar en favor de las pretensiones salariales de los sindicalistas: el aumento de las dietas que se concedieron a sí mismos los legisladores tucumanos. "Aquí está, esta es la nuestra", dijeron algunos "popes" gremiales, mientras se refregaban las manos. "Nada de Indec; Inleg", apuntó con picardía un veterano dirigente estatal. (Expliquemos: Inleg = índice legislativo).
Los gremialistas aspiran a que el Poder Ejecutivo les conceda un 33%; o sea, el mismo porcentaje de incremento de la dieta parlamentaria. Un buen piso para comenzar a discutir, con una excusa política significativa, ya que si la clase política tiene recursos para abastecer sus bolsillos, también debe dar respuestas para saldar las exigencias del movimiento obrero. Tal vez ese valor sea un buen techo para la dirigencia; para eso habrá que seguir las alternativas de la negociación salarial, para la que -una vez más- Alperovich depositó su confianza en alguien que viene haciendo buena letra en ese rol: el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez. Lo que acuerden y en la forma en que lo hagan, implicará una señal sobre el nivel de confianza o desconfianza -como se quiera ver- de los acuerdistas respecto de la administración cristinista.
Vigilantes de la democracia
Otra muestra de que nadie confía en nadie fue la frase que usó Alperovich la semana que pasó cuando dijo que sus "ojos" en el interior son aquellos 50 ex funcionarios contratados. En el fondo constituye una sutil muestra de desconfianza en las autoridades electas por esos pueblos. Es una posible lectura sobre las argumentaciones que dio el mandatario para justificar el nombramiento masivo de los que habían perdido los comicios. La pregunta cae por su peso propio: ¿acaso no confía en los informes que le puedan hacer llegar los comisionados electos como para tener que contratar a los derrotados? La respuesta del gobernador, por lo menos, implica una falta de respeto o una muestra de desconfianza hacia los que hoy conducen las delegaciones rurales, en los que confiaron -dándoles sus votos- los propios vecinos. Entonces, ¿quién tiene más poder o más representatividad a los ojos del jefe de Estado? El mensaje que llega a los habitantes de esos pueblos es ambiguo y lo único que puede generar es más dudas sobre las acciones políticas.
Siguiendo esa línea se puede preguntar con ironía: ¿por qué no incorporar como asesores de la Legislatura a todos los que aspiraban a conseguir una banca y también fueron derrotados en las elecciones de agosto de 2011?, y además a los que querían ser jefes municipales, o concejales, o de última, gobernadores. De esta forma, si es que el presupuesto de la provincia alcanzara, el Gobierno tendría miles de ojos para mirar la realidad y para poder pintarla al jefe del Ejecutivo. Cientos de ojos asentados en la desconfianza. Un ejército de celadores, vigilantes políticos al margen de los consagrados por los votos. Mejor hubiera sido no decir nada, o buscar otras justificaciones más razonables.
Desconfianza. Es la palabra que subyace en las acciones políticas de los últimos días. Desconfianza de la Provincia en la gestión económica del Gobierno nacional, desconfianza de la dirigencia de los gremios estatales en la administración de José Alperovich y desconfianza ciudadana en las razones esgrimidas por el Poder Ejecutivo para justificar la designación en el Estado de medio centenar de ex comisionados rurales que perdieron los comicios en agosto del año pasado. ¿Por qué lo decimos? Veamos.
En 2011, la gestión alperovichista resolvió congelar el presupuesto del Pacto Social de este año y aprobó una resolución que permitía que los municipios mejoren las dietas de los concejales metiendo mano en los dineros destinados a la obra pública. O sea, admitía que se frene de la obra pública para poder atender las necesidades salariales de los ediles. Eran dos muestras de que el PE ya miraba de reojo y con algunas dudas el porvenir económico del país de la mano de la gestión del cristinismo.
Previsiones que le llaman, pero que políticamente muestran que se puede jurar identificación y lealtad plena con el modelo kirchnerista, pero que a la hora de hacer proyecciones económicas se contemplan los posibles errores antes que las eventuales virtudes que se venden desde el poder central. ¿No recibían buenas señales de la administración nacional? Este año asomó una nuevo botón de muestra sobre las dudas que tiene el Gobierno provincial respecto de las remesas que pueda garantizarle la Nación: la aprobación para que las empresas constructoras puedan aplazar la culminación de las obras en caso de que los envíos de dinero sufran alguna impensada demora. Si no hay dinero, no hay obra; simple. Sin embargo, funcionarios y contratistas locales aseguran que esto no sucederá. Se podría decir que quieren que no suceda pero, por las dudas, se autorizan nuevas modalidades de gestión ante indeseados retrasos.
Es que una cosa es la política y otra el bolsillo; con lo primero se alimenta la pasión y las ambiciones de poder y con lo segundo el estómago. Y precisamente una panza llena es lo que provoca una calma natural en los seres humanos, o dicho de otra manera, satisfacer esa demanda es una buena apuesta a la tranquilidad social. Es una visión simplista y muy pragmática. Pero he aquí que los que representan a los dueños de "los estómagos con relación de dependencia estatal" son los que advirtieron los signos de la desconfianza que está exponiendo el Ejecutivo y también agitaron sus propios miedos fronteras adentro. Todo un efecto cascada, cuyo epicentro está en la Nación. Temiendo los impactos de la inflación sobre los haberes -tal como lo apuntaron-, la dirigencia gremial no quiere -como lo viene aceptando y firmando hace casi una década- un acuerdo salarial con un año de vigencia, sino que haya más de un convenio a lo largo del año -trimestrales o cuatrimestrales- para una correspondiente actualización de los valores en caso de un desmadre de la economía argentina.
Es un síntoma de que los sindicatos tampoco tienen confianza en el pulso económico de la Nación y temen que esto repercuta en Tucumán. Si miramos un poco más allá, ambos, Gobierno y organizaciones de trabajadores, desean evitar que se llegue a la instancia delicada de la protesta masiva de los empleados públicos, lo que no sucede también desde hace una década. ¿Se acabaron los sindicatos estatales combativos o es que realmente los laburantes ganan de parabienes? Las treguas han marcado los tres mandatos consecutivos del gobernador, y nadie, por lo menos los involucrados en los pactos sociales, quiere romper ese esquema de paz, el que sólo puede resquebrajarse a partir del rumbo económico del país, con o sin viento de cola.
En suma, los gestos dicen que nadie confía en nadie; ni siquiera los trabajadores en sus representantes, caso contrario estos -con un gran olfato para interpretar las necesidades de las bases- no habrían salido a tomar sus previsiones, temerosos de que la economía cause desbordes que hagan zozobrar sus propias gestiones sindicales. Sin embargo, algo inesperado apareció en el escenario de la discusión para jugar en favor de las pretensiones salariales de los sindicalistas: el aumento de las dietas que se concedieron a sí mismos los legisladores tucumanos. "Aquí está, esta es la nuestra", dijeron algunos "popes" gremiales, mientras se refregaban las manos. "Nada de Indec; Inleg", apuntó con picardía un veterano dirigente estatal. (Expliquemos: Inleg = índice legislativo).
Los gremialistas aspiran a que el Poder Ejecutivo les conceda un 33%; o sea, el mismo porcentaje de incremento de la dieta parlamentaria. Un buen piso para comenzar a discutir, con una excusa política significativa, ya que si la clase política tiene recursos para abastecer sus bolsillos, también debe dar respuestas para saldar las exigencias del movimiento obrero. Tal vez ese valor sea un buen techo para la dirigencia; para eso habrá que seguir las alternativas de la negociación salarial, para la que -una vez más- Alperovich depositó su confianza en alguien que viene haciendo buena letra en ese rol: el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez. Lo que acuerden y en la forma en que lo hagan, implicará una señal sobre el nivel de confianza o desconfianza -como se quiera ver- de los acuerdistas respecto de la administración cristinista.
Vigilantes de la democracia
Otra muestra de que nadie confía en nadie fue la frase que usó Alperovich la semana que pasó cuando dijo que sus "ojos" en el interior son aquellos 50 ex funcionarios contratados. En el fondo constituye una sutil muestra de desconfianza en las autoridades electas por esos pueblos. Es una posible lectura sobre las argumentaciones que dio el mandatario para justificar el nombramiento masivo de los que habían perdido los comicios. La pregunta cae por su peso propio: ¿acaso no confía en los informes que le puedan hacer llegar los comisionados electos como para tener que contratar a los derrotados? La respuesta del gobernador, por lo menos, implica una falta de respeto o una muestra de desconfianza hacia los que hoy conducen las delegaciones rurales, en los que confiaron -dándoles sus votos- los propios vecinos. Entonces, ¿quién tiene más poder o más representatividad a los ojos del jefe de Estado? El mensaje que llega a los habitantes de esos pueblos es ambiguo y lo único que puede generar es más dudas sobre las acciones políticas.
Siguiendo esa línea se puede preguntar con ironía: ¿por qué no incorporar como asesores de la Legislatura a todos los que aspiraban a conseguir una banca y también fueron derrotados en las elecciones de agosto de 2011?, y además a los que querían ser jefes municipales, o concejales, o de última, gobernadores. De esta forma, si es que el presupuesto de la provincia alcanzara, el Gobierno tendría miles de ojos para mirar la realidad y para poder pintarla al jefe del Ejecutivo. Cientos de ojos asentados en la desconfianza. Un ejército de celadores, vigilantes políticos al margen de los consagrados por los votos. Mejor hubiera sido no decir nada, o buscar otras justificaciones más razonables.