Mentime, que me gusta

Una aparente paradoja está tomando forma en la política argentina: el gobierno tiene un gran apoyo electoral, pero serios problemas de credibilidad.

Espera el próximo 23 de octubre, fecha de las elecciones presidenciales, como quien tiene agendado un desfile triunfal, en el que los candidatos opositores penarán por ver quién llega segundo, lejos. Pero cuando surgen cuestiones a las que hay que responder con decisiones concretas, poca gente parece creer en el discurso oficial. O, en todo caso, prefiere ignorarlo.

El ejemplo más a mano es el del dólar: luego de dejarlo subir cuatro centavos (en parte, porque era lo que quería), al ver que la suba ganaba impulso, el gobierno se asustó y pisó el freno.

Pero ya se gastó casi 1.500 millones de dólares de las reservas del Banco Central en el intento, y la presión no cede.

No se trata de que los ahorristas (el grueso de las compras son de particulares minoristas, el llamado "chiquitaje") tengan una fe inquebrantable en el dólar, sino de las inexistentes razones para confiar en el peso.

Y como el Banco Central sigue inundando la economía de esa moneda que nadie quiere, los precios de los bienes y de los activos suben, entre ellos el de la divisa norteamericana, que es uno de los que más se "retrasó" en los últimos años.

Algo similar sucede con el escándalo en el que Sergio Schoklender, el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y cara oficialista hasta hace poco tiempo, denuncia por el altoparlante que le provee la oposición en el Congreso: corrupción de altos funcionarios, uso de fondos públicos con fines partidarios, manipulación de la justicia, y siguen las firmas.

Lo dice un extorsionador. Pero, en cualquier caso, parece no importar mucho si es cierto o no. No al menos para cambiar la expectativa electoral, aunque involucre centenares de millones de dólares y esté incrustado en el "núcleo ético" (Horacio González dixit) del kirchnerismo. ¿O alguien puede creerle a Aníbal Fernández cuando dice: "si hay problema con alguna plata, es de la puerta para adentro de la Fundación (de Madres); no es dinero público".

Del mismo modo, ante la seguidilla de accidentes ferroviarios en Buenos Aires, en particular la colisión de dos trenes y un colectivo que le costó la vida a once personas y heridas a más de un centenar, la prioridad oficial es esquivar el bulto.

Las demoras por el soterramiento de la línea Sarmiento (en la que ocurrió el accidente) "no se le pueden achacar al gobierno nacional", dijo el jefe de Gabinete. "Este Gobierno, (es) lejos el que más pasos a nivel ha hecho en lugares donde cobraba víctimas de una manera como si fuese un chiste", enfatizó enrevesadamente Aníbal, en otra de sus afirmaciones indemostrables.

¿Pero no fue acaso el ministro de Planificación, Julio De Vido, quien dijo el 24 de noviembre de 2009: "el soterramiento del Sarmiento sufrió demoras por la crisis, pero en los próximos 60 días empiezan las obras"?

También, según leyes, decretos y anuncios oficiales, el Belgrano Cargas, la red de carga ferroviaria más importante del país, debería estar hace años en manos de la OFSE (¿no la conoce?, es la "Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado", una empresa creada en 2008), pero ahí sigue, en las expertas manos del grupo Macri y de la Unión Ferroviaria del bueno de José Pedraza, un sindicalista que demostró recientemente que se pueden ganar elecciones desde la cárcel.

Ni hablar de las cifras de la inflación del Indec, el organismo de estadísticas del Estado argentino, o del aparato de burda propaganda en que se han convertido Radio Nacional, la TV pública y la agencia oficial de noticias, amén de una vasta red de medios para-oficiales. Todos tan creíbles como la afirmación del gobierno de que los 30 camiones de gendarmería descubiertos por el gobierno de Hermes Binner en Santa Fe, llenos de regalos para repartir en la previa de una visita presidencial, eran para atender "urgencias".

Ese hábito de decir mentiras a la qué me importa se repite en el Presupuesto 2012, en el que el gobierno proyecta una suba anual de precios minoristas del 9,4 por ciento y un dólar promedio para el año de $ 4,40. Esto es, un aumento de menos de la mitad de la pauta (de por sí no creíble) de inflación.

Con todo, la propia presidenta de la Nación anunció recientemente el "Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial", con metas al 2020, en el que es clave la credibilidad con que lo tomen sus nuevos aliados, los "agrogarcas destituyentes" con los que confrontó en 2008, en el conflicto con el campo.

El mismo gobierno que entonces criticaba la "sojización", ahora proyecta que para 2020 la Argentina dedique 22 millones de hectáreas a ese cultivo. Así, según las metas oficiales, el "yuyo", que en el alba kirchnerista no llegaba al 40 por ciento del área sembrada y de la cosecha argentinas, al despuntar la tercera década del siglo XXI, absorbería más del 52 por ciento del área sembrada y 45 por ciento de la cosecha.

De cara a la próxima gestión, el gobierno necesita que el campo y el complejo agroalimentario haga realidad sus garabatos. Es su apuesta para sostener un "modelo" caja-intensivo. Ahí están, sin dar muestras de flaquear, las demandas de dos gigantes, como China y la India.

Habida cuenta de que tiene los votos, el desafío de la presidenta para su próximo turno es asegurar la Caja. La credibilidad no importa, por ahora.