Mejorar el servicio de salud

En la trama de la corrupción, todos los hilos se tocan. Y el caso de la llamada "mafia de los medicamentos" aparece, con el paso del tiempo, como el origen de muchos otros males, entre ellos el desfinanciamiento de las obras sociales y la necesidad de regular, a la vez, las prestaciones de las empresas de medicina prepaga, no exentas de ese flagelo ni del cuestionamiento a la real amplitud de sus servicios.

Por caso, los sindicatos no quieren ceder poderes y facultades en el control de la estratégica Administración de Programas Especiales (APE), que es un organismo descentralizado del Estado que administra una parte de los aportes a las obras sociales sindicales. APE maneja unos mil millones de pesos anuales para atender, como su nombre lo indica, programas especiales para enfermos terminales o que afrontan costosos tratamientos médicos, o aquellos que requieren intervenciones de alta complejidad.

Según versiones gremiales, la APE mantiene una deuda de dos mil millones de pesos con las obras sociales en concepto de reintegros. Las consecuencias están a la vista, ya que más de un afiliado a una obra social gremial ha leído un cartel que dice que a partir de esa fecha no se pagan más reintegros. ¿Quiénes son los afectados? Los trabajadores, por cierto.

En el otro tema, el gremialismo ha presionado –y lo logró, con el apoyo de importantes figuras del oficialismo– para que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados emitiera dictamen tendiente a modificar la regulación de los servicios que prestan las empresas de medicina prepaga. El proyecto definitivo podría ser convertido hoy cuando sesione la Cámara Baja y trate los cambios aceptados por la citada comisión, ya aprobados por el Senado a fines de 2010.

Por esas modificaciones, las gerenciadoras privadas no podrán rechazar en el futuro afiliaciones en función de la edad del beneficiario ni tampoco por las enfermedades preexistentes que declare al momento de su adhesión al sistema.

Estos cambios son elogiables en su contenido. Sin embargo, la redacción de la norma esconde la intención por parte del gremialismo de exigir luego el cierre del traspaso de afiliados de las obras sociales a aquellas empresas que, en muchos casos, mejoraron la atención respecto de la vigente en las entidades sindicales.

Y no se trata de negar la potestad del Estado para establecer regulaciones en el sistema de salud, que está totalmente distorsionado. Pero debe hacerlo con responsabilidad, auscultando la opinión y los intereses de actores y prestadores.

Las obras sociales, como contracara del otro modelo, no pueden ser instrumentos para gremialistas con ilimitadas apetencias de poder que, en la mayoría de los casos, actúan con el objetivo de controlar los cuantiosos fondos en juego, sin importar la calidad ni las necesidades de los reales beneficiarios; o sea, los trabajadores.