Más transparencia para la Anses

Los sistemas previsionales provinciales s e financian con los aportes y contribuciones de los agentes activos y, de modo complementario, con fondos aportados por la Nación. Estos últimos son instrumentados, por un lado, a través de una pequeña fracción del IVA y del impuesto sobre los Bienes Personales que diariamente transfiere la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) a las cajas provinciales. Por el otro, a través de los denominados "convenios de armonización". La lógica, en este caso, es que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) hace transferencias periódicas para financiar de manera parcial los desequilibrios de los sistemas provinciales no transferidos, con la condición de que se adapten las reglas previsionales locales a las que rigen a nivel nacional.

Aunque cuentan con un sostén conceptualmente sólido, desde el punto de vista operativo, los "convenios de armonización" muestran varias debilidades. El principal problema es que no constituyen, por sí solos, un instrumento que permita establecer reglas claras y generales para definir, monitorear y hacer cumplir las obligaciones y derechos de las partes involucradas.
Particularmente ambiguo y discrecional resulta establecer los montos a transferir y la forma de evaluar la armonización de las normas previsionales. La consecuencia, previsible a la luz de la debilidad del instrumento utilizado, es incertidumbre financiera, controversias y discrecionalidad.

Aumento de participación. En este marco, el proyecto de ley presentado por el diputado Francisco Fortuna propone sustituir las transferencias vía "convenios de armonización" por un aumento en la participación del IVA que recibe cada caja provincial. La magnitud del incremento es fijado según los avances que cada provincia hizo en el proceso de armonizar su normativa y considerando los cinco puntos que la Nación ha manifestado como prioritarios a ser adoptados en las provincias. Para garantizar precisión y transparencia, en la ley se establecen tres etapas o "niveles de cumplimiento".

Adicionalmente, en el articulado del proyecto, se contempla que el encuadramiento de cada sistema provincial en alguna de las tres etapas del proceso de armonización es responsabilidad de una comisión evaluadora integrada por diferentes sectores y que contará con el aval de estudios de auditoría encargados a instituciones especializadas en previsión social. De esta manera, se aporta claridad de reglas y objetividad en los instrumentos utilizados para su aplicación y control.

Un avance. Desde el punto de vista de las provincias, incluida Córdoba, la aprobación del proyecto no implica resolver todos los problemas de sus sistemas previsionales. Pero, sin duda, la sanción de la norma aportaría un avance significativo a favor de su sustentabilidad financiera. Para la Nación, tiene la ventaja de aumentar la calidad institucional sin cambiar en forma significativa los recursos que viene transfiriendo hasta ahora.

El proyecto garantiza mejores resultados con los mismos recursos. Esto no tiene una explicación mágica sino que es la consecuencia de adoptar una estrategia que lleve a capitalizar los dividendos que genera aplicar transparencia, racionalidad y automaticidad en el diseño y en la administración de las políticas públicas.

Por eso, más allá de las diferencias políticas, el proyecto merece ser considerado como una contribución relevante a favor del progreso y la equidad a partir de políticas de Estado que trasciendan la mera alternancia democrática.