Más presiones sobre la Justicia

Al abandonar casi inmediatamente los sanos principios que proclamaba el decreto 222 del ex presidente Kirchner en 2003 para la selección de magistrados, la administración kirchnerista ha ido conformando un perverso sistema de presión al Poder Judicial. Entre otras muchas maniobras, declaraciones del Poder Ejecutivo, escraches, etc., hay una más sutil y perversa que implica recurrir a órganos del Estado utilizándolos en contra de los fines de imparcialidad, equidistancia, control y protección para los que fueron creados.

El Gobierno, en otra flagrante violación a la independencia judicial, está aplicando un irregular sistema de premios y castigos para presionar a los jueces. Mientras lanza una abierta persecución contra los magistrados más independientes, parece decidido a apañar y a beneficiar a aquellos que son funcionales a sus fines políticos. En ese sentido, llama la atención la amplia difusión que en las últimas semanas se dio en la prensa paraoficial a la denuncia presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF) respecto del camarista comercial José Luis Monti, uno de los integrantes de la Sala C de ese fuero que, unánimemente, se pronunció admitiendo varios recursos planteados por los accionistas privados de Papel Prensa SA, Clarín y ?La Nacion, contra arbitrarias decisiones de la Comisión Nacional de Valores (CNV), entre otros. La UIF le atribuye la titularidad de un depósito en el extranjero por un importe que excede en mucho las constancias numéricas de la causa que se le instruyó, y logró así que el magistrado presentara su renuncia por temor a perder su jubilación. Mejor suerte tuvieron los numerosos funcionarios y ex funcionarios de la actual administración que giraron fondos al exterior y que la UIF ni siquiera mencionó.

También sorprende, en primer lugar, que pese al secreto que debe rodear a este tipo de pesquisas, siempre toman estado público aquellas en las que la persecución es funcional a los intereses del Gobierno, como ocurrió en el caso de varios directivos del grupo Clarín y del político opositor Francisco De Narváez. En cambio, prima el sigilo en los procedimientos que involucran a una multitud de funcionarios públicos que se encuentran vinculados a este tipo de hechos.

El caso que involucra una malversación de fondos públicos, ligado a Sergio Schoklender, durmió durante meses en la UIF hasta que tomó estado público, obligando entonces al titular de ese organismo a radicar la denuncia ante la Justicia sin que, hasta hoy, se produjeran avances significativos. En esa dirección, la Anses reconoció el mes último en su sitio oficial que había recusado, sin causa, al juez de la Cámara de Seguridad Social, Luis Herrero, a cargo de cientos de expedientes. "Ejemplificador castigo" para un magistrado probo cuyo aporte en la elaboración de doctrinas que sientan jurisprudencia en beneficio de los jubilados merece destacarse, aún más cuando muchos de sus fallos fueron ratificados por la Corte Suprema de Justicia. La pretensión de la Anses, desestimada por ahora, fue la de impedir toda actuación de dicho magistrado en las causas en trámite, buscando así anular su intervención mediante un solapado remedio procesal.

En cambio, el Poder Ejecutivo no escatima esfuerzos en su afán por beneficiar a los jueces que se acercan a la línea oficial. Es la idea que parece subyacer en la decisión de la Presidenta de enviar al Senado el pliego para el ascenso a camarista de tribunal oral del juez en lo penal económico Daniel Petrone, quien poco avanzó en la investigación sobre el escándalo de la valija de Antonini Wilson, pese a que se encuentran involucrados en el hecho altos funcionarios que no tuvieron pudor alguno en permitir el ingreso de aquel hombre a la Casa Rosada.

A su vez, el juez federal Norberto Oyarbide, quien sobreseyó al matrimonio Kirchner por enriquecimiento ilícito en tiempo récord, avanza morosamente en la causa contra el ex secretario de transporte Ricardo Jaime y dilata el llamado a indagatoria de Sergio Schoklender. Oyarbide es defendido tenazmente por el oficialismo en el Consejo de la Magistratura y ha logrado salir airoso de numerosas y graves acusaciones.

Otra investigación que se ha convertido en un termómetro de la falta de independencia de nuestra justicia, es la vinculada con la filiación de Marcela y Felipe Noble Herrera, hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, directora del Grupo Clarín. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, no tuvo empacho alguno en darle indicaciones públicas a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, una magistrada que ya anteriormente había dado claras señales de parcialidad y proximidad al oficialismo. El jefe de ministros expresó públicamente que dicha causa no debe cerrarse, incurriendo en un inaceptable proceder en relación con la conducta que se espera de la jueza en el futuro.

Del mismo modo, el ministro de Planificación, Julio De Vido, señaló públicamente al juez Oyarbide la forma en que debe interpretar los resultados de un peritaje judicial sobre el caso Skanska.

Las relaciones entre la Justicia y el poder político deben ser públicas y transparentes. Muchos jueces reconocen que quienes representan los intereses del Poder Ejecutivo ante la Justicia federal son el integrante de la Auditoría General de la Nación, Javier Fernández, y su hermano Sergio Fernández, miembro de la Cámara Contencioso-Administrativa Federal. Esto viola manifiestamente el principio de división de poderes y deja en las sombras hechos que deberían ser conocidos por todos los ciudadanos.

La Justicia es la última reserva del Estado de Derecho, el último bastión de defensa del ciudadano. Mientras los magistrados que tienen la delicada función de esclarecer los numerosos hechos de corrupción que se van develando a diario reciban presiones, poco puede esperarse del progreso de las causas investigadas. La sociedad en su conjunto, la Corte Suprema de Justicia, legisladores, organizaciones no gubernamentales y periodistas deben denunciar frontalmente esta situación y tejer una activa red de apoyo a la independencia del Poder Judicial para que éste pueda actuar como debe: con todo el rigor que estos hechos merecen.