Más información del dinero público
Cierta holgura que exhibe el Gobierno provincial en el uso de recursos –fondos reservados y bono extra para empleados y jubilados– no lo eximen de una información detallada sobre usos y destinos.
Hay decisiones económicas del Gobierno provincial que merecen al menos un análisis detallado sobre sus reales implicancias. Por caso, el ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Caserio, justificó recientemente que la administración de Juan Schiaretti gaste este año "casi 19 millones de pesos" en fondos reservados. Y explicó que gran parte de esa suma está siendo dedicada a trabajos de "inteligencia" en el interior y exterior del país.
Por cierto que el Gobierno no tiene obligación constitucional de informar acerca del destino de los "fondos reservados", pero el pueblo tiene derechos soberanos de conocer con qué fines –no sólo los lícitos– se aplican sus dineros.
Arturo Illia y Atilio López demostraron como presidente (1963-1966) y vicegobernador de Córdoba (1973-1974), respectivamente, que es posible administrar sin usarlos y retirarse de la función pública con las manos limpias. Illia prohibió que en sus presupuestos se incluyese partida alguna para esos fines y López rechazó de manera airada –en las horas aciagas del golpe policial que amputó su mandato (27 de febrero de 1974)– la sugerencia de alzarse con fondos reservados.
Es verdad, como lo vienen demostrando las revelaciones del sitio Wikileaks, que el espionaje y la inteligencia son prácticas irrenunciables en la política contemporánea. También lo es que su manejo discrecional estimula prácticas corruptas, sobre todo para el enriquecimiento ilícito de gobernantes y su entorno. Los cardenales Richelieu y Mazarino y Otto von Bismarck, artífices de la forja de las nacionalidades de Francia y Alemania, respectivamente, los usaban a pasto. Los purpurados, con fines políticos y de los otros. El "canciller de hierro", en cambio, llamaba "Fondo para reptiles" a los sobornos que distribuía entre diarios y periodistas corruptos.
Confrontadas, entonces, con la expansión del narcotráfico, el contrabando y la prostitución, las argumentaciones de Caserio sobre "inteligencia" son inconvincentes, para decir lo menos.
Por otra parte, la decisión de Schiaretti de obsequiar un bono de 400 pesos para empleados estatales y 250 pesos para jubilados provinciales, sugiere, por lo menos, dos lecturas.
La primera es que la refinanciación de la deuda por parte de la Nación ha dado a la gestión provincial cierta holgura en el uso de sus recursos y en ese sentido es válido que destine parte de ellos a mejorar los ingresos de su personal.
Pero también hay que decir que, como lo hace desde hace tiempo el gobierno central, la Provincia también aprueba presupuestos con acotadas previsiones de recursos y gastos, que se cierran, por ende, con fuertes excedentes, presentados como ahorro de ejecución presupuestaria y que pueden ser utilizados al arbitrio del Poder Ejecutivo. Ello no lo exime, no obstante, de realizar una detallada información sobre sus usos y destinos.